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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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23 Octubre 2020 04:07:00
Corrupción en la 4T
El 12 de octubre, la Jefatura de Oficina de la Presidencia publicó un comunicado de prensa que pasó desapercibido, pese a la gravedad del tema que advertía. El jefe de la Oficina, Alfonso Romo, afirmaba que había sido notificado que terceras personas se habían hecho parar por él y por miembros de su equipo de trabajo para pedir dinero a cambio de “diversos fines”. Un mes antes, en respuesta a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la secretaria particular de Romo, Regina Sada, abordó el tema en los mismos términos del comunicado. Es decir, la alerta de lo que estaba sucediendo llegó y debieron tomar acciones. Sin embargo, no fructificaron. Algo que se estaba pudriendo en algún lado de Palacio Nacional, porque continuaron las extorsiones.

Varios empresarios se han quejado de extorsiones por parte de quienes creen funcionarios del Gobierno federal, que motivó la primera comunicación de Salazar a Romo, y que continuaron con un patrón similar. En un caso a cuyos mensajes de WahtsApp se permitió tener acceso, un empresario, a quien se investiga por presuntas irregularidades o ilegalidades en el campo de su negocio, recibió una llamada telefónica a principios de octubre supuestamente de la oficina de Romo, donde le detallaban con precisión información financiera suya y de su empresa, que solo las autoridades hacendarias, el SAT y él podrían tener.

Por lo mismo, cuando le ofrecieron que Romo podría mediar con las autoridades para que hablaran y conciliaran, mediante una contribución de 10 millones de pesos para la campaña de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó la intermediación sin dudar, y como un acto de buena fe, hizo el depósito en una cuenta CLABE que le indicaron, que no era del Gobierno. Posteriormente recibió una carta supuestamente de Romo, que entre otras cosas, decía:

“1. Queda confirmada la reunión el día miércoles 14 de octubre del año en curso a las 10:00 AM en mi despacho privado en Palacio Nacional, se coordinará mi asistente personal el C. Lic. Víctor Ruiz para recibirte personalmente en nuestra reunión privada.

“2. Te informo que hoy me llega por la tarde toda la información que he solicitado en privado, en cuanto a unas investigaciones que se tienen por parte de la UIF y de SHCP. (sobre supuesta evasión o deudas fiscales y pagos pendiente de impuestos). Pero mi promesa personal y política está firme para sacar adelante estos asuntos, haciendo mi compromiso de que todo quedará cerrado en su totalidad y sin problema alguno. Eso déjame a mí, desde mi trinchera lo voy a operar para que quede solucionado de inmediato.

“3. Nuestro amigo y Presidente de México te manda un saludo y fuerte abrazo. Te agradece de antemano el apoyo solicitado y recibido. Nuestro Presidente me ha instruido para solicitante una segunda y última solicitud de aportación por $35.0 (35 millones de pesos) más IVA. Dicha cantidad será para terminar el tema de campaña de salud que nuestro Presidente nos ha solicitado en tiempo y forma. Esperando como siempre recibir tus atenciones al tema”.

Para animarlo, le dijo que a esa reunión estaban ya confirmados el Presidente, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y las cabezas de Hacienda y Economía.

La carta agregaba: “Nuestro objetivo de reunión es claro y preciso, es poner sobre la mesa todos los detalles que estén en contexto para que se cierren todo tipo investigaciones en contra de la empresa y de tu persona, o en su defecto te den todas las explicaciones de los temas a tratar, con el firme compromiso que aquí se trata de sumar esfuerzos en el desarrollo humano, empresarial en apoyo a pequeñas, micro y medianas empresas para el crecimiento del país, con base en los planes que me comentaste vía telefónica, de igual manera te reitero que nuestro Presidente de México, hoy en día requiere de gente exitosa y triunfadora como tú amigo”.

En un siguiente mensaje por WhatsApp, el supuesto Romo le dijo que estaba pendiente de los datos fiscales para hacer los trámites deducibles de impuestos. El empresario no veía que se iba a materializar esa reunión y comenzó a tener dudas sobre las comunicaciones. La reunión que tenían programada se había aplazado, pero recibió otra petición de 20 millones de pesos, ante lo que respondió que en ese momento, por compromisos de nómina y pago a proveedores, no podía depositar. El supuesto jefe de Oficina, le respondió:

“Estimado, tengo un compromiso personal y político con tu persona y está confirmada la reunión, espero me apoyes por lo menos con una parte de lo solicitado por nuestro amigo para cubrir a la brevedad posible el tema que nos ocupa de campaña de salud que nos ha pedido nuestro Presidente. En cuanto a lo expuesto en el informe que te mandé, será así todo el apoyo. En la reunión te comentaré más a detalle, hay algunas cuestiones que solo personalmente te las comentaré. Las investigaciones de la UIF están muy avanzadas pero todo tiene solución; al parecer tiene cuestiones y alegatos de evaluación fiscal, pero reitero, déjamelo a mí y desde mi trinchera todo quedará listo. Le informé a nuestro amigo de todos tus planes de apoyo a micro y pequeñas empresas y está entusiasmado”.

El empresario ya no depositó nada ni tuvo junta alguna con Romo, cuya oficina ya ha solicitado que se investigue a quiénes están utilizando información confidencial para extorsionar. No hay duda que para cometer esos delitos se tienen colaboración de funcionarios, por la calidad de información a la que tienen acceso y el conocimiento de los colaboradores de Romo que figuran en los mensajes apócrifos. Tras el último mensaje, el empresario dejó de recibirlos.

Por los menos, en un caso, se paró la extorsión. No se sabe si se detuvieron con aquellos otros en la misma situación.
22 Octubre 2020 04:07:00
La ilegalidad de Pío López Obrador
Se necesita ser cínico y apellidarse López Obrador para tener los arrestos de Pío López Obrador, para demandar a Carlos Loret el 2 de octubre por la divulgación de videos como “hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia”, por lo cual pide que se le sancione con 12 años de cárcel. El hermano menor del Presidente se ampara en el capítulo sobre revelación de secretos del Código Penal, para castigar a quien dé a conocer “indebidamente” imágenes e información obtenidas en una intervención privada. Ese derecho entra en colisión con otro, el de la libertad de prensa, que en caso de difamación se sanciona administrativamente, porque las penas penales, muy propias de regímenes autoritarios, se anularon hace tiempo.

¿Difamó Loret? ¿Qué fue lo indebido que hizo? A juicio de Pío, exhibirlo cuando recibe casi un millón de pesos en efectivo “para la causa” de un operador político vinculado al Partido Verde, David León, que poco después fue alto funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es un delito electoral. Otro, especificado contenido en el mismo Código Penal, es de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que entra al ámbito de la delincuencia organizada, por lo cual ambos irían a la cárcel, mientras prueban su inocencia.

Magnánimo, el Presidente le dijo a Loret que no se preocupara, porque no pasará nada. Convertido en rector de los deseos de Pío y Ministerio Público, ya desechó la demanda que, dijo, desconocía. Tampoco se sabe que la Fiscalía General haya actuado con la velocidad que un caso de esta magnitud requiere -¿el hermano del Presidente involucrado en un tema que cae en delincuencia organizada?-, porque ni es independiente, ni actúa con equidad, ni sufre sanción social. ¿Recuerdan alguna vez a un familiar de un Presidente cometiendo un delito en flagrancia? Pobre Presidente y su Gobierno. No es el caso actual. El blindaje del Presidente es ciegamente abrumador.

Pío y León ya declararon en la Fiscalía General y en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pero a diferencia de otros casos menos sólidos de personas que le estorban al Presidente en la marcha de su Gobierno, no se les congelaron sus cuentas ni se realizó un juicio sumario en la mañanera con Power Point, para mostrar todo un entramado financiero de dónde sacó León los recursos –y apoyar la narrativa-, o las vinculaciones de Pío y qué hizo con ese dinero.

De haberse hecho en el caso del hermano del Presidente, la denuncia que hizo Loret habría escalado por la opacidad de las finanzas de Pío López Obrador, quien no tiene ninguna actividad profesional ni tampoco registro en el SAT. Es decir, para asuntos fiscales, no existe. Pero existe en la vida diaria como un ciudadano que sí tiene ingresos y gasta, que viaja y se regala caprichos como administrar un equipo de beisbol, además de disponer de un flujo de recursos estable para enviar dinero a su hijo de manera regular, quien se encuentra estudiando en Canadá.

La información financiera de su familia muestra que su esposa tiene ingresos, nada extraordinarios, derivados de actividades relacionadas con los sectores agropecuarios y forestales, de donde recibe ingresos que no declaró, sin embargo, durante tres años. Es decir, la cuñada del Presidente tiene inconsistencias en sus declaraciones fiscales, que tampoco ha aclarado con el SAT. Las inconsistencias pueden derivarse de múltiples razones que no tienen que ver con la comisión de un delito, y se resuelven mediante conciliación con las autoridades tributarias que, en el peor de los casos para los contribuyentes que no pretenden evadir el fisco, se resuelven cubriendo aquello que no se pagó, junto con los intereses.

Pero si la arquitectura financiera de la cuñada del Presidente no muestra sobresaltos y en términos generales es transparente, la de Pío López Obrador es totalmente opaca. La fotografía de ingresos cero es la de un indigente que sobrevive en las calles. En su caso, expertos en la materia señalan que el grueso de sus operaciones económicas y financieras se encuentran por debajo de la línea mínima en la cual despierta la atención de las autoridades bancarias y fiscales. Es decir, todo su manejo lo realiza con dinero en efectivo de procedencia ilícita, en los términos como lo establece el Código Penal, que debería de tenerlo sujeto a una investigación y un proceso en la Fiscalía General.

Esto no va a pasar, obviamente, lo que no significa que la opacidad de Pío se le transfiere a Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho de la “honestidad valiente” y su cruzada moral contra la corrupción el motor de su carrera política. Se desconoce cómo se mantiene Pío López Obrador, quien vive al margen de los órganos e instituciones que vigilan que no exista delincuentes de cuello blanco o evasores fiscales, una categoría que, solo por su huella de ingresos y egresos, podría aplicarse a él.

Es una pena que el Presidente le haya instruido en una mañanera, de manera indirecta, que se desista de la demanda contra Loret, y ordenado al fiscal Alejandro Gertz Manero que no proceda. Ahí se quedará ese caso, que sería muy interesante ver su desarrollo no por el destino de Loret, que probablemente le ganaría a Pío López Obrador en los tribunales –difícilmente podrían doblegarse ante el Presidente con todos los antecedentes que hay en la Suprema Corte-, sino porque el pueblo mexicano se mantendrá sin ver aún los hoyos que tiene el discurso presidencial de la integridad y fin de la corrupción, reflejado en los manejos financieros de su hermano y la violación de múltiples leyes en las que incurrió. Por mucho menos de lo que hizo, su hermano el Presidente ha quemado en la pira de Palacio Nacional a muchos otros que no piensan como él. Aquí, todo queda en familia.
21 Octubre 2020 04:07:00
El Presidente contra la DEA
El presidente Andrés Manuel López Obrador ve a la DEA según la óptica ideológica del momento. Si se trata de la captura del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es consecuencia de la corrupción en el Gobierno de Felipe Calderón, pero si se trata de la detención del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, es una violación a la soberanía nacional. El doble discurso es notable, pero en medio de las contradicciones permeadas por su agenda política, López Obrador tiene razón en la forma como descaradamente Estados Unidos se entromete regularmente en los asuntos internos de México, y se debe frenar. 

Pero antes se requieren certidumbres. No sabemos si el Presidente habla en serio, o solo grita para sus audiencias domésticas; si está determinado a tomar medidas concretas al respecto, o volverá a agacharse cuando el presidente Donald Trump lo vuelva a ver feo. ¿Está dispuesto finalmente a defender a México, y dejar de entregarse a los deseos estratégicos del jefe de la Casa Blanca? Si el tono de su indignación es real, tendrá el apoyo de muchos; si es una molestia pasajera, pese al machetazo que le propinaron en las piernas que sostienen buena parte de su Gobierno, seguirá acumulando el desprecio de quienes pensamos que hincarse ante Estados Unidos es inaceptable.

López Obrador es el Presidente más entreguista que ha tenido México en la memoria, bajo el argumento de que no quiere pelearse con Trump para que no tome decisiones que afecten su proyecto de reforma. Desconoce que hay otras formas de evitar un conflicto sin tener que ser genuflexo, y aunque es tarde para esconder el polvo de las rodillas, es un buen momento, pertinente, para corregir. 

Lo primero, por ejemplo, instruir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para pedir explicaciones al embajador Christopher Landau, el diplomático más intervencionista que ha representado a Estados Unidos desde John Gavin, en el gobierno de Ronald Reagan, del por qué México fue mantenido en completa oscuridad sobre la investigación y posterior captura del general Cienfuegos. Lo que hizo el Departamento de Justicia fue una cachetada a López Obrador, que presume de tener una buena relación con Washington. Cuando detuvieron a García Luna avisaron con una antelación de 10 minutos antes de que lo aprehendieran, pero les habían comunicado con anterioridad que lo estaban investigando y pedían la colaboración del Gobierno mexicano.

También podría el Presidente, ya que anda pidiendo por todos lados que ofrezcan disculpas a México por lo que hicieron otras naciones intervencionistas en el pasado, que incluya a Estados Unidos, que se quedó con más de 50% de territorio mexicano en el siglo 19, que ha invadido México en dos ocasiones, y que ha realizado al menos, en el recuento del historiador Gastón García Cantú, 156 intervenciones. Simbólicamente, López Obrador parecería justo al reclamar a quien más a golpeado a México como nación, y que hoy en día ignora para evitar que le den de manotazos en la Casa Blanca.

En términos de la real politik, López Obrador puede hacer otras cosas importantes, sin tener que andarlas ventilando en la mañanera, donde se socializan acciones que se quedan en demagogia y propaganda, sin corregir el fondo de las cosas. Una de ellas es quitarle lo hablador a Landau, y que cada vez que se meta en los asuntos internos, sea llamado a la Cancillería para reconvenirlo. Si insiste, elevar el reclamo al Departamento de Estado.  

Con respecto a la DEA, López Obrador debe preguntar sobre el expediente que tiene el Gobierno mexicano, donde verá que después del secuestro del doctor Humberto Álvarez Macháin, relacionado con el asesinato de su agente Enrique Camarena Salazar, el gobierno de Miguel de la Madrid exigió que los agentes de la DEA fueran registrados como tales en la lista diplomática oficial. Relaciones Exteriores y la Fiscalía saben a detalle cuántos, quiénes y dónde se encuentran los agentes de la DEA en México, y una señal de molestia real sería, con discreción, expulsar de este país al jefe de la agencia antinarcóticos, por haber violado los convenios de colaboración bilateral y embarcarse en una clara acción de espionaje.

López Obrador debe cuidar su lenguaje público, si está hablando en serio, porque con esas bravuconadas mañaneras, lejos de resolver las cosas, lo toman como alguien ridículo. México y Estados Unidos tienen hace mucho años, como todas las naciones en sus bloques de intereses comunes, una estrecha relación en temas de inteligencia y seguridad, donde comparten información. Eso no puede frenarse porque va en contra de los intereses mexicanos y en particular de su Gobierno. Sin información de Estados Unidos, una buena parte de su combate a la corrupción se truncaría. Por lo mismo, el fondo no es romper con Estados Unidos, sino evitar los abusos, que se acrecentaron desde el gobierno de Vicente Fox, y que rompen los parámetros de la cooperación bilateral.

El Presidente tiene la autoridad política y moral para ejercer esa presión y poner límites a sus actividades en México. Sin embargo, hay asegunes. La razón por la cual lo mantuvieron en ascuas sobre lo que iba a suceder con el general Cienfuegos y que Estados Unidos intervenga conversaciones telefónicas desde su territorio -para darle la vuelta legalmente al espionaje-, es porque no creen que el Gobierno mexicano, y en particular López Obrador, esté combatiendo al crimen organizado. Como está en los documentos del Caso Cienfuegos, creen que lo que se brinda es protección. 

La percepción no se cambia con gritos en las mañaneras, sino con acciones concretas. Si existe respeto y que esas acciones extralegales de los servicios policiales y de inteligencia cesen, debe probar que se encuentra en la misma línea de combate a la delincuencia organizada transnacional que el mundo, y no del otro lado de la trinchera, como aparentemente lo ha estado hasta ahora.
20 Octubre 2020 04:07:00
Los cabos sueltos del general
El general Salvador Cienfuegos se declarará hoy, de acuerdo con lo programado, inocente o culpable de las acusaciones que le ha formulado el Departamento de Justicia por haber protegido al cártel de los Beltrán Leyva y perseguido a sus narcorrivales, a cambio de dinero. Uno asumiría, casi por definición, que se dirá inocente, pero el caso es tan extraño que es mejor no adelantar vísperas. Las caras oscuras del caso aparecen en la presentación de la acusación a la jueza Carol B. Amon, de la Corte Federal en Brooklyn, donde se desahogará el proceso, que menciona varios datos que brincan.

En la carta de presentación a la jueza, el fiscal interino Seth D. DuCharme, dijo que Cienfuegos fue responsable, al menos indirectamente, del asesinato de un líder de la organización que estaba en la cárcel, que “incorrectamente” pensaron que era informante de la DEA. Según DuCharme, el asesinato fue consecuencia de haber advertido al entonces jefe del cártel, Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado el H-2, que había una investigación en Estados Unidos contra la organización. ¿Quién fue ese líder de los Beltrán Leyva que fue asesinado en la cárcel?

No hay registro público de ningún líder asesinado en el periodo en que el general Cienfuegos fue secretario de la Defensa, pero sí es público que Héctor Beltrán Leyva, quien asumió la jefatura de la organización tras el abatimiento de su hermano Arturo en diciembre de 2009, murió el 19 de noviembre de 2018 dentro de la prisión de máxima seguridad en el Altiplano de un infarto, según el parte de las autoridades. Beltrán Leyva, detenido por el Ejército en octubre de 2014, era el financiero de la organización y quien pagaba los sobornos, de acuerdo con funcionarios federales.

Su muerte, si se siguiera la lógica de la mafia de no dejar cabos sueltos, cerraba los vínculos de la organización con el general Cienfuegos, toda vez que en febrero de 2017, el año en que dice el Departamento de Justicia cesó el apoyo del exsecretario de la Defensa al cártel de los Beltrán Leyva, Patrón Sánchez fue abatido en Nayarit por la Marina. Siguiendo esta hipótesis de trabajo, el general Cienfuegos podría haber pensado que sin ellos dos vivos, su participación con esa organización estaba blindada.

La carta de DuCharme señala a la jueza Amon que el general Cienfuegos ayudó a que salieran de la cárcel miembros de la organización criminal. No fue así con Héctor Beltrán Leyva, el más prominente de ese cártel en prisión. Incluso, de acuerdo con funcionarios federales, pocas semanas antes de que fuera extraditado a Estados Unidos Alfredo Beltrán Leyva, detenido en 2008, buscó hablar con su hermano recientemente capturado, pero el general Cienfuegos se lo impidió. 

Si el infarto de Beltrán Leyva no fue tal, sino un asesinato, como siembra la duda DuCharme, los problemas para el general Cienfuegos con el narcotráfico tomarían otra dimensión -al considerarlo un traidor- tras la afirmación contenida también en su carta a la jueza, de que en las conversaciones telefónicas interceptadas al exsecretario de la Defensa con Patrón Sánchez, hablan de la colaboración que había tenido el militar antes con otras organizaciones criminales. En la suma de incidentes, la lógica criminal llevaría mecánicamente a pensar que lejos de ayudar al cártel, lo habría entregado a sus rivales.

Abatido el entonces líder del cártel a dos semanas de que terminara su gestión, Cienfuegos quedaba sin protección criminal y sin escudo con el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, quien había desoído sus dos recomendaciones para relevarlo al frente de la Secretaría de la Defensa, y se había inclinado por el general Luis Cresencio Sandoval, el vigésimo segundo de los 23 generales de tres estrellas con posibilidades de ser nombrados titulares de la cartera, por ser quien, en esos niveles, tenía menos compromisos adquiridos internamente. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el general Cienfuegos quedaba desprotegido políticamente, con un secretario de la Defensa que tampoco iba a hacer nada por él si comenzaba a romperse el frágil equilibrio entre su tranquilidad y la posibilidad de ser llevado a juicio en México, que comenzó a ventilarse recientemente al anunciar el presidente López Obrador que había militares en retiro que iban a ser procesados por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin sugerir al alto mando, la imputación de López Obrador y el contexto de cómo la Fiscalía General actúa sin filtros, conduciría al exsecretario.

El periodo que señala el Departamento de Justicia de su colaboración con el cártel de los Beltrán Leyva incluye la noche en que desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, uno de los siete municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, de donde sale 49% de la heroína hacia Estados Unidos, y cuyo trasiego es uno de los delitos que le imputan al general. Los normalistas, coinciden los gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador, fueron víctimas de un crimen derivado de la confusión de Guerreros Unidos que pensaron que los estaban atacando sus narcorrivales Los Rojos -los dos, escisiones de los Beltrán Leyva.

Analizada la situación política -por la posición de López Obrador- y de seguridad en México -porque de ser cierta la acusación del Departamento de Justicia, sin el poder y debilitado, podría ser objeto de una narcoejecución-, queda la duda de si el general Cienfuegos, de 72 años y con un futuro totalmente incierto, fue detenido en Los Angeles la semana pasada o fue una entrega pactada. No había viajado a Estados Unidos desde marzo del año pasado, y llegó acompañado de su esposa, sus hijas y nietas, que podrían quedarse en ese país, con seguridad y menos intranquilidad política. El proceso apenas comienza y vendrán sorpresas, que es lo único que tenemos de cierto de este nuevo caso.
19 Octubre 2020 04:07:00
A juicio el Ejército Mexicano
Es muy extraño que el general Salvador Cienfuegos haya decidido involucrarse con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuando ya había perdido a sus principales dirigentes y había organizaciones criminales más poderosas, a la mitad de su gestión como secretario de la Defensa, como los acusa el Departamento de Justicia de recibir sobornos a cambio de protección. Sin embargo, a diferencia de la acusación contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el general aportaron miles de mensajes y grabaciones como evidencia, que sugiere un largo trabajo de inteligencia, contra las declaraciones de testigos protegidos en juicios anteriores, en el último caso.

Su captura el jueves pasado fue consecuencia de la acusación que le hizo un Gran Jurado en la Corte Federal de Nueva York, en Brooklyn, el 14 de agosto del año pasado, y esperaron a que viajara a Estados Unidos para detenerlo, ante el riesgo de fracaso si pedían a México su captura por el blindaje de la Secretaría de la Defensa, o su extradición, como sucedió con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aquel día se giró la orden de detención, y un mes después empezaron a circular rumores en Washington que venía un golpe contra él y generales mexicanos a quienes vinculaban con el narcotráfico.

Los rumores fueron transmitidos como tales por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, al presidente Andrés Manuel López Obrador, hace poco más de dos semanas, sin tener mayor información. La investigación fue mantenida con total hermetismo del Gobierno mexicano, al igual que su captura. López Obrador se enteró aproximadamente cinco horas después de la detención. Cuando se detuvo a García Luna en Dallas, el Departamento de Estado avisó a la Embajada 10 minutos antes de realizarla; y cuando detuvieron en febrero a la hija de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en Washington, avisaron media hora antes.

La desconfianza de los órganos de inteligencia de Estados Unidos que arrastra el Gobierno desde la Administración de Enrique Peña Nieto por su falta de combate a los cárteles de la droga, quedó de manifiesto. Hace poco más de dos semanas estuvo en México el jefe interino de la DEA, Timothy Shea, para revisar la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico, pero sobre todo, para presionar al Gobierno de López Obrador por la pobre gestión en la erradicación de cultivos de droga, que se encuentran en el peor momento del siglo. Pero de la orden de captura girada 46 días antes, y la inminente detención de Cienfuegos, no dijo una palabra.

La acusación contra el general está llena de incógnitas. El Departamento de Justicia lo señala como protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva para frenar acciones en su contra y, al mismo tiempo, perseguir militarmente a sus rivales, incluida la ubicación de transporte de cargamentos de droga marítimos, como lo hacen los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, siendo esta una responsabilidad no del Ejército, sino de la Marina. En el interlineado de la acusación está la posibilidad de que subalternos en Lomas de Sotelo, así como comandantes de regiones y zonas militares en varios estados del pacífico, donde se da el trasiego de heroína y metanfetaminas que incluyen en la acusación, resulten involucrados en este caso.

Si las evidencias contra el general Cienfuegos resultaran ciertas –se probará en el juicio, si se da– será doblemente extraño su actuar, porque mientras desde 2009 el cártel de los Beltrán Leyva fue perdiendo fuerza y control tras el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, el cártel de Sinaloa continuó mostrando su fortaleza –pese a la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán– y el Jalisco Nueva Generación creció, se fortaleció y se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. ¿Por qué el secretario de la Defensa, en medio de su poderosa gestión, a menos de dos años del retiro, se relacionaría con un cártel en picada?

Nadie está en la cabeza del general Cienfuegos, ni se conocen sus conversaciones más íntimas con sus principales allegados para poder responder a esa pregunta, de ser verdad su relación con la organización de los hermanos Leyva, o existen otras motivaciones. La acusación del Departamento de Justicia, sin embargo, abre todo un mapa de navegación para que sus fiscales se metan hasta el corazón de la Secretaría de la Defensa Nacional y volteen de cabeza todas las oficinas del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Sólida o no la imputación contra el general Cienfuegos, es toda una estructura del Ejército la que va a ser puesta en el banquillo de los acusados en la Corte Federal de Brooklyn, porque como secretario de la Defensa, para haber cometido los delitos que se le imputan, tendrían que haber participado toda una cadena de mandos subordinados en estos presuntos actos criminales. Este proceso será el más importante en la historia de México en materia de narcotráfico, por el rango tan elevado y sin precedente del inculpado, y sobre todo por todo el entramado de vinculaciones y consecuencias que pueda traer el solo proceso.

En el caso de las Fuerzas Armadas, a diferencia de los civiles, no hay un antes y después en la existencia de la institución, como el presidente López Obrador ha sembrado en el imaginario colectivo la díada del pasado y el presente político y económico. Lo que mostró el Departamento de Justicia es un cáncer en el pilar que sostiene al Estado mexicano, que irá desvelando en el juicio abierto en Brooklyn. El desangramiento del Ejército será lento, pues un juicio tardaría varios meses en iniciarse, tiempo para que el Presidente y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval analicen el tamaño del monstruo que se les viene encima y la forma cómo enfrentarlo, para evitar que también los devore a ellos.
16 Octubre 2020 04:07:00
A un año del ‘Culiacanazo’
El 17 de octubre de 2019 nunca será olvidado. Fue el día en que el cártel de Sinaloa humilló al Estado Mexicano, subordinó a sus exigencias al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y demostró que su poder es capaz de poner de hinojos al propio Presidente.

Ese día se conoce como “El Culiacanazo”, cuando en respuesta a una petición de extradición de Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas preparó una operación para capturarlo, con un diseño tan deficiente, que dejaron sin apoyo al comando de policías federales que lo capturaron y capitularon.

Recapitulando lo que sucedió, podemos repreguntar, como se hizo 48 horas después de la debacle del Gobierno, ¿qué falló?

1.- Culiacán, como otras ciudades de alta presencia criminal, está llena de halcones, que informan de cualquier movimiento sospechoso. Por tanto, el Gabinete de Seguridad cometió errores que no se habían dado en el pasado al planear la captura de un objetivo de alto impacto, ignorando la experiencia acumulada, como:

a) No incorporar personal de la plaza, con lo cual evitaban filtraciones o ser sometidos a chantajes, como sucedió con la privación de la libertad de familiares de militares que participaban en la operación.

b) En el pasado, los comandos especiales que realizaban la operación, llegaban a la plaza subrepticiamente, uno por uno, o en grupos menores de tres, y en vehículos privados para evitar ser detectados, lo que se conocía como intervención hormiga, y no partían jamás de instalaciones federales que siempre están bajo vigilancia.

c) El trabajo de inteligencia fue insuficiente. Sabían en dónde estaba Guzmán López, pero desconocían el diseño de seguridad del cártel de Sinaloa en caso de una contingencia como la que enfrentaron. La desarticulación fue tan notoria, que una de las dependencias de donde salió la fotografía de Guzmán López hacia los medios fue el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual exhibió, involuntaria o deliberadamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cabeza de la operación.

2.- Ese tipo de operaciones se debe planear bajo la presunción de que se va a enfrentar resistencia y que para cumplirla tendrán que abrirse el paso a fuego. Para ello se requiere:

d) Elemento de sorpresa. Un convoy que sale de las instalaciones federales en Culiacán, a nadie sorprende y los halcones dieron cuenta perfecta de él. El operativo se planeó a mediodía, y no arropados por la noche de la madrugada, cuando están menos alertas y, además, se reduce significativamente el riesgo para civiles no involucrados con criminales.

e) Control de las comunicaciones. Por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán López, se puede presumir que no saturaron las comunicaciones telefónicas o de radio de la organización criminal, como debía de haberlo hecho el Ejército, que tiene los equipos, para impedir una respuesta rápida del enemigo.

f) Capacidad de fuego. Como admitió el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, subestimaron la fuerza del enemigo. Inaceptable como argumento; imperdonable en la estrategia. Tampoco utilizaron los blackhawks, que dejaron en tierra por temor a que se los derribaran. La falta de apoyo aéreo contribuyó al desastre, al ignorar el Gabinete de Seguridad que son helicópteros de guerra y tienen blindaje para ello.

g) No hubo plan de extracción. Esta es una de las pruebas más fehacientes del fallido plan. El objetivo tendría que haber sido extraído de manera rápida y segura, pero la captura telegrafiada y la incapacidad para realizar quirúrgicamente el operativo, hizo imposible concluirlo. El cártel de Sinaloa estableció dos perímetros de seguridad en las carreteras que conectaban con Culiacán y tomaron el aeropuerto, para frenar cualquier acción de apoyo. Bloquearon las calles de la ciudad con barricadas de vehículos incendiados, con el mismo propósito. Los federales habían cumplido con la misión de capturarlo, pero el comando militar los abandonó.

El cártel de Sinaloa también le ganó la narrativa al Gobierno federal. Los secretarios de la Defensa y de Seguridad, Alfonso Durazo, se contradijeron desde el mismo jueves, y el choque de versiones continuó al día siguiente.

El presidente López Obrador desmintió y corrigió a ambos. Nunca hubo un grupo de crisis. El vocero del Presidente, Jesús Ramírez Cuevas, no ordenó el mensaje oficial ni contrarrestó la desinformación criminal. En cambio, el abogado de “El Chapo” Guzmán, orientó desde el mismo jueves 17 la información y en una conferencia de prensa agradeció al Presidente su “humanitarismo”, por liberarlo.

Militar, política y mediáticamente, el cártel de Sinaloa humilló, chantajeó y derrotó al Gobierno federal. Un año después, no hay ninguna evidencia de lo contrario. La liberación de Ovidio Guzmán López la negoció directamente su hermano Iván, quien fijó las condiciones y los términos de la rendición.

El presidente López Obrador justificó en su momento que lo dejó en libertad para evitar un baño de sangre, pero ni siquiera supo lo que confesó, lo que provocó y las consecuencias que tendría su decisión. La más evidente, la percepción mundial que los cárteles de la droga mandan en México.
15 Octubre 2020 04:09:00
Aguas con el búmeran, Presidente
La historia, contada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se resume así: la empresa Nunvav obtuvo entre el último año del Gobierno de Felipe Calderón y los cinco primeros de Enrique Peña Nieto, nueve contratos por 390 millones de dólares, del cual hay un adeudo del 30%, porque la Secretaría de Hacienda asegura que no existe evidencia de los trabajos realizados. Y hay otra parte de esta historia, la política, que se materializó en una tarjeta informativa de Hacienda y la Presidencia, donde señalan que esa empresa es pieza clave en la triangulación de recursos, porque benefició a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón, sujeto a proceso en Nueva York por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

López Obrador, aderezó con picante político al mezclar contratos con fideicomisos y bordar en aspectos circunstanciales, para impulsar su agenda de lucha contra la corrupción. Está en su derecho y puede hacer de la propaganda y la demagogia su brazo estratégico para objetivos ulteriores. A veces, o muchas veces, sin embargo, actúa con ligereza legal y sin tener completamente clara y sólida la información. El tema de Nunvav parece uno de ellos, aunque en su descargo, la confusión emana de la investigación que sobre esa empresa inició el Gobierno de Estados Unidos sobre los Weinberg antes, incluso, que detuviera a García Luna.

Nunvav se ha convertido en un eje de las acusaciones contra García Luna en ambos países, donde prácticamente señalan que es una empresa fachada que utilizó el exsecretario para enriquecerse y lavar dinero. Los fiscales estadunidenses tendrán que probarlo, pero en el Gobierno mexicano, están corriendo a mucho más velocidad que en Nueva York, sobreponiendo a lo legal, lo político. Por lo mismo, los márgenes de riesgo en los que se encuentra López Obrador y su Gobierno por adelantar vísperas, podría toparse con una sorpresa y encontrarse con el búmeran que lanzaron.

Los fiscales en Nueva York han ido entregando al juez en la Corte Federal en Brooklyn recortes periodísticos para probar la relación de negocios entre los dueños de Nunvac y García Luna. Un método similar utilizó en México el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien en mayo afirmó a la cadena de televisión Univisión, que García Luna había lavado más de 50 millones de dólares a través de una red de empresas de sus “asociados” Samuel Weinberg y su hijo Alexis Weinberg.

La investigación se originó como parte del seguimiento de la compra de una lujosa casa en Golden Beach, a aproximadamente media hora al norte de Miami, valorada en 3 millones de dólares, donde la periodista que realizó el trabajo, Peniley Ramírez, a diferencia de otros colegas que siguieron el tema, aclaró que no había podido establecer, hasta ese momento cuando menos, que esa propiedad, a donde llegó García Luna a vivir temporalmente cuando se fue a Estados Unidos, fuera suya.

Los Weinberg son empresarios mexicanos, y junto con Nathan Wancier son los socios de Nunvav, y tienen la representación del Gobierno de Israel para la venta de tecnología en materia de seguridad. Han trabajado con el Gobierno de México desde 1989, cuando el entonces subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz, les compró tecnología para el Cisen y Aduanas. Muy vinculados al sector hacendario por sus equipos con tecnología de punta, también recibieron contratos en el Sistema de Administración Tributaria, cuando el jefe del SAT era Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia.


Hasta donde ha sido posible saber, García Luna sí tiene relación cercana con los Weinberg, e incluso prestó sus servicios en América Latina a su empresa al terminar el sexenio de Calderón. El presidente López Obrador los ha pintado como un mismo ente, como esta semana, cuando así lo contextualizó en uno de los contratos de Nunvac y que el secretario de Gobernación del Gobierno de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, que tenía animadversión contra García Luna, no terminó de pagar.

López Obrador anunció que están investigando los contratos de Nunvav señalados por Hacienda, cuya adjudicación abarca prácticamente todo el sexenio de Peña Nieto. La investigación podría arrojar datos interesantes e inesperados, probablemente incluso para el propio Presidente, porque tocan una de las venas que alimentan el corazón de su autollamada transformación.

Samuel Weinberg está casado con la señora Silvia, quien a su vez es prima hermana de Julia Abdala, la pareja por más de 20 años de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Los Weinberg tienen otra empresa en México, ICIT Private Security México, que tenía oficinas corporativas en un edificio en Polanco, propiedad de la esposa de Weinberg, que se lo había comprado a su prima Julia. La relación entre las parejas Weinberg y Bartlett-Abdala era tan cercana, que en la boda de Alexis compartieron una de las principales mesas, irónicamente, con García Luna.

Ninguna relación familiar implica delito alguno, pero en el desbordamiento que suele hacer López Obrador de todos los casos para politizarlos, son como un conejo perverso en la chistera. Hacienda tendrá que terminar su investigación y determinar si la irregularidad en una o más obras durante el sexenio de Peña Nieto, se puedan resolver con Nunvav, administrativa o penalmente. Pero será la Unidad de Inteligencia Financiera la que deberá probar que los Weinberg y García Luna actuaron de manera ilegal para enriquecer al exsecretario a cambio de favores contractuales. La otra es navegar pasivamente en espera que los fiscales en Estados Unidos le resuelvan la investigación.

En cualquier caso, como dice López Obrador, hay que esperar a que concluyan las investigaciones y los juicios. Debe decirlo más alto, para que se escuche a sí mismo.

14 Octubre 2020 04:09:00
Se enojó el general
Al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, no le gustó una columna publicada en este espacio el 8 de octubre con el título La Guardia Nacional al Ejército, y por medio de una carta del coronel de Infantería, Francisco Antonio Enríquez Rojas, reclamó que se difunda “información o conjeturas erróneas”.

La carta es interesante no por sus alegatos, donde cuando no miente, tergiversa o desinforma, sino porque el fondo del texto queda sin ser respondido. Por tanto, si tomó el equipo jurídico del secretario casi una semana para rebatir prácticamente cada punto de la columna, resulta notable que la litis del texto fuera soslayada: la Guardia Nacional, creada como una institución civil, será absorbida por el Ejército.

Este es el punto trascendental. La seguridad pública pasará a ser parte de la Secretaría de la Defensa, y se están revisando las reformas constitucionales que tendrán que hacer. En cambio, el coronel detalla la creación de la Guardia Nacional, lo que no era parte de la columna, y se queja de que afirmara que “fuera de toda normatividad, el general Sandoval esté respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal”.

¿Cuál es este? El control y manejo de la Guardia Nacional, que formalmente depende de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando de facto se maneja desde Lomas de Sotelo. Esta es la ilegalidad en la que incurren los militares, apoyando las decisiones ilegales del Presidente.

El Artículo 129 de la Constitución establece sobre las Fuerzas Armadas que “en tiempos de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

El presidente Felipe Calderón, en plena guerra contra las drogas, le dio la vuelta mediante la Ley de Seguridad Interior, para blindarlas jurídicamente de la inconstitucionalidad en la que estaban al participar en tareas policiales, y en 2008, como respuesta, el Congreso reformó el Artículo 21 donde ratificó que la seguridad pública debe estar en manos de cuerpos civiles. La militarización de la seguridad pública es claramente inconstitucional.

El coronel cita el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para rodear el tema, aunque en realidad, esa ley ratifica lo aquí planteado. Ese Artículo habla de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, que la excluye de la seguridad pública, que está definida en el Artículo 30 de la misma como responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública.

Menciona también el 89 constitucional sobre las atribuciones del Presidente, en donde, una vez más, se preserva para las Fuerzas Armadas la seguridad interior y defensa exterior de la nación. La seguridad pública es responsabilidad de la Guardia Nacional, supuestamente un órgano civil, pero bajo control militar y próximamente, absorbida por la Defensa.

De que la Guardia Nacional tenga como jefes a militares en activo, que también viola la ley, el coronel no dice ni una palabra. Al refutar la subordinación de su jefe, el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, a la Defensa Nacional, afirma que se tergiversa la “coordinación y la cooperación interinstitucional”. El coronel miente. Rodríguez Bucio responde como militar en activo al secretario de la Defensa –incluso lo haría si estuviera en retiro– y no meramente, como dice la carta, a un “apoyo temporal”.

Un ejemplo, citado en la columna pero soslayado en la carta, es la fallida operación para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán hace casi un año, donde el costo del desastre lo asumió el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, planeada por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, y dirigido por Rodríguez Bucio.

El coronel precisa en su carta que todas las decisiones en materia de seguridad pública son determinadas en forma colegiada a través de las reuniones del Gabinete de Seguridad. Una vez más, en violación a los artículos 21 y 129 constitucionales, pero hay algo mas que quizás desconozca y el secretario de la Defensa haya pasado por alto: el Gabinete de Seguridad no existe legalmente; no hay ningún documento oficial que se conozca que le dé las facultades para tomar decisiones.

A menos de que produzca el Gobierno la disposición correspondiente, se puede argumentar que todo lo que se ha hecho a partir de sus decisiones, es ilegal.

Al general Sandoval no le gustó tampoco que le dijera que actúa como “cómplice” del Presidente, afirmación que se hizo a partir de lo que señalan dentro del Gabinete de que es el único que a todo lo que dice López Obrador, sin reparar en si es legal o no, entra en su apoyo.
Todo lo que hacen de obra pública viola sus atribuciones constitucionales. Todo lo que están construyendo representa una tercera parte de su presupuesto, como admite el coronel Enríquez, al negar que no han llenado de dinero al Ejército.

Se queja el secretario que se haya afirmado que el resplandor del poder y el dinero lo hayan hecho olvidar a quién responden las Fuerzas Armadas. Sin entrar a la valoración subjetiva de los términos, donde cada parte argumentará sus razones, ¿no es el resplandor del poder y el dinero lo que ha llevado al general a entrarle a todo lo que le pide el Presidente? ¿No también es una desnaturalización de las Fuerzas Armadas, que también objeta el coronel Enríquez?

Las Fuerzas Armadas sí atraviesan un proceso de desnaturalización. López Obrador quería desaparecerlas antes de asumir la Presidencia, y ahora va por el mismo camino mediante una vía que no quiere ver el general Sandoval: quitándole atribuciones de defensa exterior, y llenándolas de trabajo para que ocupen espacios dentro del Gobierno como policías y constructores, recibiendo los presupuestos que eran de otras dependencias, convirtiendo al general Sandoval en el secretario más poderoso del Gabinete hoy en día, hasta que el Presidente considere que dejó de ser funcional.
13 Octubre 2020 04:09:00
El incendiario líder de Frenaa
Gilberto Lozano es la cabeza visible del Frente Nacional Anti-AMLO, que tiene un solo objetivo: que renuncie el Presidente de la República. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que inicialmente no había caído en la provocación, ha empezado a mostrar que ese movimiento compuesto mayoritariamente por clases medias está logrando mellar en su ánimo. La forma como se refiere a ellos, en forma irónica pero forzada, y trastabillando con sus propias contradicciones, hace olear a tiburones como Lozano y a quienes lo apoyan, sangre en Palacio Nacional.

Hace unos días, aparentemente exasperado por el plantón que realizan en el Zócalo, donde se vio obligado a aceptar que acamparan ante el costo en la opinión pública que estaba causando que fueran los únicos que no tuvieran acceso a la Plaza de la Constitución, se refirió al discurso de Frenaa como “no solo incendiario, sino muy destructivo” al llamarlos a la calma y la cordura. Hasta ahí podría haberse quedado, pero continuó: “Podemos tener diferencias, pero como decía Juárez, somos mexicanos. O sea, los reaccionarios también son mexicanos. Y somos humanos, y respetarnos y no agredirnos, porque sí es una especie de fanatismo muy especial, pues está en la historia, es Hitler, es Franco, es Pinochet”.

La epidérmica ira del Presidente motivó que Lozano respondiera inmediatamente a través de un video de YouTube, cuestionando el calificativo de “incendiario”. Lozano, quien no es un improvisado y tiene larga experiencia en la beligerancia contra el sistema, respondió, sin embargo, igualmente valorativo. Llamó a López Obrador un “empleado irrelevante que no responde a lo que le estamos pagando”, y sugirió que el Presidente tiene un problema mental. “Yo te reto a que hagamos un examen de salud. Tú y yo, con un instituto internacional, que vea tu capacidad mental y tu estado físico contra el mío”, agregó.

Lozano ha cuestionado a comentaristas que también han calificado su retórica de “incendiaria”, y ante el señalamiento de que Frenaa es un movimiento de extrema derecha, ha retomado los mismos argumentos de López Obrador para atacar y estigmatizarlos. Los extremos siempre se juntan, aunque objetivamente hablando, todas las difamaciones e infundios que ha realizado López Obrador contra prácticamente todo el mundo que no piensa como él en las mañaneras, se quedan muy lejos de lo vitriólico de las palabras de Lozano y su uso libertino y abuso de la libertad de expresión.La cabeza visible de Frenaa ha justificado que sus palabras son respuesta a las de López Obrador, y si bien hay márgenes racionales para argumentar ese marco de referencia, es absolutamente inaceptable la retórica de Lozano, agresiva, grosera, sin recursos dialécticos, al cuestionar al Presidente, y a fuerza de subirlo al cuadrilátero de los insultos, tan polarizada, tan peligrosa y tan divisiva como la de quien se queja cotidianamente. Muchos de sus discursos están en YouTube y no tienen los millones de vistas que quisiera Lozano, pese a que algunos apologistas de López Obrador, que tienen más suscriptores en sus canales, le dan cabida y lo reproducen para atacarlo. 

Tanto sus aplaudidores como el propio Presidente, caen en el garlito comunicacional de brindarle gran exposición a lo que le perjudica a López Obrador, y dejarlo sembrado en el imaginario colectivo. Pero si escuchar a Lozano es alarmante, leer lo que dice puede mostrar la dimensión de la violencia en la que incurre, como cuando se refirió a las analogías con los dictadores de la Segunda Guerra Mundial, que Lozano explicó como resultado de “tu paranoia y enfermedad sicótica”. Como pequeñas muestras de sus abusos, estas son algunas de sus peroratas:

“Eres un ridículo payaso, Andrés”.

“Eres un vejete, con un infarto, que debería de irse a su rancho ‘La Chingada’”.

“No queremos a una persona que se sienta el reyezuelo, que se sienta el bufón de Palacio Nacional”.

“El señor López no estaba preparado. Fueron años de porro, de un parásito”.

“Cuando la naturaleza es la naturaleza y no puedes ir contra ella. Andrés López, te veo inepto, te veo incapaz, te veo cínico y te veo traidor”.

“¡Qué estás haciendo, lárgate, lárgate, o eres pendejo esclerótico y senil!”.

Esto no es libertad de expresión, ni mucho menos es un alegato político. Lozano y  sus simpatizantes pueden pedir que renuncie y criticar al Presidente en sus términos de gobernante, pero el insulto gratuito y los improperios sostenidos son inaceptables. No puede justificar Lozano su ultraje por la famosa frase de “¡cállate chachalaca!”, que le endilgó López Obrador al presidente Vicente Fox durante la campaña presidencial de 2006. Tampoco pueden trazarse analogías con otras difamaciones del Presidente -quien esto escribe ha sido víctima de ello- que, sin embargo, aunque políticamente dañinas y peligrosas, jamás han llegado a los niveles de Lozano.

Se queja de que le digan extremista, pero su propio discurso lo define. El extremismo determina, según los expertos, un concepto que se usa para describir sistemas de creencias religiosas, sociales o políticas que existen substancialmente fuera de las creencias convencionales, y que buscan cambios radicales en la naturaleza del Gobierno, la religión o la sociedad. Suele utilizarse para referirse a las alas radicales de movimientos más amplios, como en este caso sería la derecha o el conservadurismo, que se encuentran fuera de las corrientes convencionales porque sus puntos de vista y tácticas son cuestionables. 

Teóricamente, Lozano se encuentra en el marco del extremismo político, por fuera del pensamiento liberal-conservador que cree que el cambio que persigue requiere una acción militante fuera del proceso electoral. Se agradece que en el vacío de voces opositores, tenga el valor de hacer uso de su palabra. Se le condenan los términos como lo hace, al provocar su incendiaria retórica, la repulsa de conservadores y liberales, que probablemente considerarán que la lucha política no pasa por la aberración retórica estratégica del jefe de Frenaa.
12 Octubre 2020 04:09:00
Espionaje en la 4T
Tantas veces ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que el espionaje político ya no existe, que hay muchos que se la creen. Pero el fin y al cabo ese es un discurso político que ha mantenido mientras que ha ido reacomodando lo que antes veía como una amenaza y ahora lo ve como un activo. López Obrador confunde información de inteligencia, que es un proceso de recolección de información que permite determinar si hay amenazas a un país a fin de tomar decisiones, y espionaje, que si bien se nutre de la inteligencia, cambia su finalidad al usarse políticamente para chantajear, lastimar o desacreditar a quienes representen una molestia para algún funcionario de un gobierno. En el primero se vigila la seguridad nacional; en el segundo, se emplea en ajustes de cuentas.

López Obrador fue sujeto de ese tipo de trabajo de inteligencia desde sus tiempos de líder en Tabasco, por parte del viejo CISEN, transformado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde se responsabilizó el hoy general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, del seguimiento del entonces líder social. Rodríguez Bucio era el enlace del Ejército en el GAT, un grupo contraterrorista que se formó en el contexto del alzamiento del EZLN en Chiapas. Nunca se utilizó la información de López Obrador para desacreditarlo, aunque los gobiernos tenían claro de dónde obtenía financiamiento. Incluso, el presidente Enrique Peña Nieto se negó a filtrar parte del expediente del entonces candidato presidencial, durante la campaña de 2018.

Lo que sucesivos gobiernos concluyeron, se puede inferir, es que López Obrador no representaba un riesgo para la seguridad nacional, y tampoco cruzaron la raya para usar la información y encasillarla como espionaje político. Al llegar a la Presidencia, López Obrador fue persuadido por su amigo, el general retirado Audomaro Martínez, quien encabeza el CNI, de no desaparecer el servicio de inteligencia civil, al ver la utilidad que podía tener toda la estructura de recopilación de información. Recientemente, púbicamente nos enteramos de uno de sus productos.

López Obrador ordenó al gabinete de seguridad investigar de dónde salía el financiamiento para la movilización de agricultores en la presa de La Boquilla en Chihuahua, y la Secretaría de Seguridad Pública le proporcionó una red de vínculos con políticos, que el mismo Presidente reveló en una mañanera. Esa red de vínculos no demostraba ilegalidad alguna, pero fue utilizada políticamente, no en el marco de la seguridad nacional –cuyas acciones defensivas no se ventilan públicamente-, sino para un ajuste de cuentas porque estaba indignado por la protesta.

El trabajo de investigación sobre los productores en Chihuahua no ha terminado. López Obrador le pidió al CNI que investigue si existe financiamiento de Estados Unidos para el movimiento. En particular, el Presidente tiene entre ojos a los nogaleros –también lo ha deslizado en una mañanera-. Aún no hay resultados sobre si los nogaleros están recibiendo apoyo financiero de Estados Unidos, lo cual sería raro porque son los agricultores texanos quienes se están quejando con su gobierno de que México incumplió con la cuota de agua, pero la Secretaría de Seguridad volvió a la escena con otra red de vínculos que no prueban nada ilegal, por lo menos hasta ahora. Según su informe, quienes acaparan la explotación del agua en ese estado son las familias Urionabarrenecha y Porras Muñiz. A la primera la vinculan con el ex gobernador César Duarte, que pelea desde Estados Unidos la extradición a México, y a la segunda con el diputado local del PAN, Jesús Valenciano.

El Presidente pidió recientemente al gabinete de seguridad toda la información sobre el financiamiento de FRENAA, el Frente Nacional Anti AMLO, que nació durante la pandemia y ha ido creciendo en respaldos. A López Obrador lo descompone todo acto de protesta o crítica contra él, lo que es evidente, pero en el caso de FRENAA ha rebasado su malestar. Quiere saber de dónde viene el dinero para ese movimiento que encabeza Gilberto Lozano, un empresario regiomontano que emplea un lenguaje incendiario característico de la extrema derecha, y si hay empresarios de Monterrey que apoyan al movimiento social.

En eso está el gabinete de seguridad, y muy probablemente, porque esa es la marca de la casa, en el momento que tenga algo para agarrarse, políticamente porque quizás tampoco financiar a un movimiento sea ilegal, lo dará a conocer en la mañanera. Si uno se aventura a que volverá a cruzar la línea de la inteligencia con el espionaje político, es porque ha sido una constante por sus arrebatos. La orden de congelar las cuentas del municipio de Delicias, porque formaban parte de la protesta por el agua en Chihuahua, fue un ejemplo de cómo el Presidente abusa de los recursos del Ejecutivo.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es la cabeza de playa del Presidente en este nuevo gusto por el espionaje político. Dos ejemplos: El primero es que algunos miembros del área de inteligencia de la Marina recibieron órdenes de suspender el trabajo contra cárteles de la droga, y enfocarse a investigar las finanzas de los empresarios, para que esa información sea utilizada por el SAT y eventualmente por Nieto. El segundo es que el software Pegasus se sigue utilizando. Pegasus alcanzó notoriedad durante el gobierno de Peña Nieto, al ampliar su función original para combatir el crimen y los secuestros, a recolectar información de activistas y periodistas—que nunca se manejó públicamente.

El manejo de la información de inteligencia como arma política es una distorsión ominosa en un Estado. Pero hablar de ello es inútil si dentro de un gobierno, como el de López Obrador, no existe la conciencia de lo que se está haciendo, y en lugar de frenar los abusos del poder, son cómplices. Frente a eso, no hay defensa ni derecho alguno.


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10 Octubre 2020 04:07:00
El Complejo de Cenicienta
En el mundo ya clasificaron en definitiva al presidente Andrés Manuel López Obrador como populista. El Financial Times le recetó al presidente mexicano, en un editorial el lunes, que se “estaba revelando a sí mismo como un populista autoritario”. Ese mismo día, Anastasia O’Grady, la especialista en asuntos latinoamericanos del The Wall Street Journal, escribió que tras el doblez registrado en la Suprema Corte de Justicia por la consulta popular, López Obrador podría tener éxito en los cuatro años que restan de su sexenio, para gobernar como un autócrata. Y el miércoles, el exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, retomó su tesis de la resurrección del populismo en América Latina, con México, Argentina y Brasil como vanguardia del renacimiento.

López Obrador se ha referido varias ocasiones durante los dos últimos años a la estigmatización que se tiene de él. En su campaña presidencial dijo que sus opositores lo acusaban de populista cuando “ni siquiera saben de lo que se trata”, y posteriormente señaló que si querer bajar sueldos o entregar medicamentos gratis es ser populista, “que me apunten en la lista”. Algunos autores consideran que el populismo es una expresión de la soberanía popular, de la que habla López Obrador con regularidad, como en el contexto de la consulta para enjuiciar a expresidentes, donde antepuso la democracia participativa a la democracia representativa, al que se refieren seis artículos de la Constitución. Otros autores piensan que el populismo es como renació el fascismo tras la caída de Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial.

A favor de López Obrador se podría recordar a Isaías Berlín –un liberal, como los que detesta el Presidente–, quien en una conferencia en la Escuela de Economía de Londres, en 1967, dijo que quien buscara saber lo que es el populismo, sufriría del Complejo de Cenicienta. En una frase multicitada a lo largo de los años, Berlín ironizó: “Existe un zapato, en la forma de populismo, pero ningún, o casi ningún pie lo puede calzar”. Lo que planteaba Berlín era que no se podía ver el populismo como una forma de ideología, y que tampoco debía reducirse a un estilo retórico y demagógico.

En este sentido, López Obrador no es el típico populista como se le llama en México. A los últimos presidentes a los que se etiquetó de populistas fueron Luis Echeverría y José López Portillo, con quienes si bien López Obrador tiene vasos comunicantes, a través de la vieja corriente del PRI del nacionalismo estatizador, también se encuentra en sus antípodas económicas, porque su política no es de incrementar el gasto público sin importar la inflación, como ellos, sino de controlar y reducir el gasto a niveles nunca vistos, y no endeudarse, que es algo que ninguno de los gobiernos que tanto critica como 'neoliberales', llegaron a hacer. Para usar sus mismas categorías de análisis, López Obrador se encuentra a la derecha del Fondo Monetario Internacional.

La incoherencia ideológica del Presidente confunde a muchos y él tampoco ayuda con sus respuestas chabacanas a las críticas de que en lugar de cuestionarlo, tendrían que pedir perdón por haber apoyado, dice, a gobiernos neoliberales. Si sus acciones económicas y sociales son conservadoras, y sus políticas, políticas reaccionarias, su retórica es lo que llena la arena pública en donde lo clasifican como un populista. En un terreno de imágenes y símbolos, como él mismo ha construido su gobierno a través de las mañaneras, que le endilguen la etiqueta de populista no es algo que debe extrañar. Lo que sí tendría que preocuparle es que esos actores políticos y agentes económicos a quienes les exige disculpas –ingenuamente pensando que alguien lo toma en serio–, es a quienes escuchan los inversionistas en este mundo que, como reconoce en otras de sus contradicciones entre lo que dice y lo que hace, es interdependiente.

Esto explicaría lo que dijo hace unos días el jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que ante la estrechez de los márgenes del gasto público, el único motor del desarrollo mexicano será el sector privado y sus inversiones. Sin embargo, no es un mensaje de López Obrador. Lo que diga Romo es irrelevante, dejó de ser la voz del Presidente. Las palabras y decisiones de López Obrador ocupan todo, infligiéndose daño así mismo con los inversionistas. El último termómetro de ello es la encuesta que Buendía y Laredo realizó para Credit Suisse, el banco que regularmente pregunta a inversionistas mexicanos y extranjeros cómo ven la economía mexicana.

La encuesta mostró que 89 por ciento de los entrevistados considera que López Obrador minimizó el impacto del Covid en la economía, por lo que 35 por ciento cree que será hasta 2023 cuando regrese la economía a niveles prepandemia. El 26 por ciento piensa que la recuperación podría darse en 2022, y 23 por ciento, en 2024. Mostrando también la incoherencia entre dichos y hechos del Presidente, 73 por ciento de los extranjeros y 50 por ciento de los mexicanos estimaron que su presupuesto para el próximo año es “abiertamente conservador”.

La percepción que tienen sobre el estado actual de la economía es terrible. El 100 por ciento de los economistas y 95 por ciento de los inversionistas dijeron que la economía está peor que hace un año, pero siete de cada diez piensa que estará mejor dentro de 12 meses. Les preocupa (42 por ciento) la volatilidad financiera en el mundo, la incertidumbre sobre las perspectiva económicas (32 por ciento), y en menor grado (22 por ciento) la incertidumbre política. Estos datos, si los lee correctamente López Obrador, le dan márgenes para recuperar confianza y neutralizar la creciente estigmatización de populista.

Modificarlo depende únicamente de él y de nadie más. Tiene camino ganado con su política económica ultra conservadora, pero despilfarra ese capital con sus arrebatos retóricos. Modulación y filtro es lo que necesitaría el Presidente que, sin embargo, se ufana de no tenerlos.
09 Octubre 2020 04:07:00
La Guardia Nacional al Ejército
La renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública para buscar la gubernatura de Sonora, es el momento para que se concrete el nuevo sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador: que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que Durazo fuera un obstáculo, sino porque puede darse como paquete y distraer lo que hoy es una realidad de facto, que la seguridad pública pase a manos militares.

Hace poco más de dos meses, López Obrador le encargó a la Conserjería Jurídica de la Presidencia que preparara la propuesta, y está prácticamente lista para presentarse. No ha sido fácil la conciliación y reformulación con los artículos constitucionales, pero en Lomas de Sotelo están de plácemes.

Los generales no ocultan su satisfacción por que creen es un cambio de óptica del Presidente, que antes de asumir el cargo quería desaparecer a las Fuerzas Armadas porque México no enfrentaba ningún riesgo de seguridad.

Una vez en el poder, ha hecho de ellas su pilar, trasladándole responsabilidades fuera de su ámbito y mucho dinero. A cambio, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se ha convertido en el único miembro en el Gabinete que siempre le dice que sí al Presidente sin importar que esté o no dentro de la ley, que lo hace muy funcional para quien no cree en la ley. Legalmente es su cómplice.

Pero de todo aquello que le ha sumado a los militares, la Guardia Nacional es lo que sienten más de ellos. Siempre enfatizaron las simulaciones del Gobierno de tener un cuerpo que dice es civil, pero tiene doctrina militar, entrenamiento militar, estructura militar y jefes militares en activo –otra violación constitucional a la que a nadie parece importarle– como sus comandantes. Lo que no tenían era el mando, que fueron tomando rápidamente a costa de Durazo.

El momento más importante de este golpe al interior del Gabinete fue “El Culiacanazo” el 17 de octubre del año pasado, donde la operación para capturar a Ovidio López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue un desastre de planeación del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y causó que el Presidente, violando una vez más la ley, ordenara que lo liberaran para evitar, dijo, un baño de sangre. El jefe de la Guardia Nacional, el general de brigada, Luis Gutiérrez Bucio, también ha respondido desde que asumió el cargo a las instrucciones provenientes de Lomas de Sotelo, donde le dan instrucciones o reprimendas.

Durazo es un cero a la izquierda con respecto a la Guardia Nacional, y suele ser maltratado en las reuniones del Gabinete de Seguridad tanto por los jefes militares, generales y almirantes como por el general retirado, Audomaro Martínez, director de la Agencia Nacional de Investigación, que de todo ese grupo, es quien peor relación tiene con él.

Durazo lleva meses pensando en Sonora, y en menos de tres semanas estará allá. No se ha decidido aún quién lo releva, pero junto con dos descartes de civiles, hay un militar retirado que ha emergido en la prensa como el potencial sustituto.

El Presidente quiere su policía militar, y policía militar tendrá para la seguridad pública. No hay que confundirse con la Policía Militar, el ente dentro de las Fuerzas Armadas, que hace cumplir con la jurisdicción castrense y aplica orden y disciplina interna.

López Obrador quiere su cuerpo policial militarizado, con lo que dará un paso más en la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, y que requiere varias reformas constitucionales, como al Artículo 21, que señala que las instituciones de seguridad pública, la tarea de la Guardia Nacional, “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen la ley que determinará la estructura orgánica y dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, y que generen y preserven el orden público y la paz social. También implicará que se modifique la Constitución que establece responsabilidades para las Fuerzas Armadas, y se incluya que la seguridad pública será responsabilidad de militares y no de civiles.

El general secretario, con tantos recursos que le están dando, no parece haberse dado cuenta de esta desnaturalización de las Fuerzas Armadas, el rediseño estratégico que se está realizando frente a sus ojos, ni el grado de compromiso que ha ido adquiriendo no con el Presidente de la República, sino con López Obrador. Tampoco parece importarle, porque no ignora lo que ha hecho el Presidente en otras áreas, quien esté utilizando a militares para fines para los cuales las Fuerzas Armadas no están diseñadas.

Una de ellas, lo más importante, por su trascendencia, es la Fiscalía paralela que se ha creado en la Agencia Nacional de Investigación, al incorporarle ministerios públicos que acompañen los casos de Inteligencia.

Esa Fiscalía alterna, que no se llama de esa forma, es paralela a la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero, y es utilizada para judicializar sin necesidad de pasar por las áreas competentes y existentes, los casos políticos que le encarga investigar López Obrador a su amigo, el general retirado Martínez.

Los militares están al servicio de López Obrador, lo cual no es una obviedad. Las Fuerzas Armadas tienen como comandante supremo al Presidente de la República, pero en este caso se ha construido un apéndice con su complicidad. No es solo el compromiso constitucional al que se obligan, sino por fuera de la ley y de la normatividad, están respaldando a López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal.

¿Qué quiere de ellas? No se sabe en el largo plazo, pero podrá utilizarlas para lo que desee, incluso una extensión de mandato, como a veces parece anhelar. Todo por el poder y el dinero son efímeros, pero el resplandor ha hecho olvidar al general Sandoval a quien realmente se deben las Fuerzas Armadas.
08 Octubre 2020 04:09:00
La Guardia Nacional, al Ejército
La renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública para buscar la gubernatura de Sonora, es el momento para que se concrete el nuevo sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador: que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que Durazo fuera un obstáculo, sino porque puede darse como paquete y distraer lo que hoy es una realidad de facto: que la seguridad pública pase a manos militares. 

Hace poco más de dos meses, López Obrador le encargó a la Conserjería Jurídica de la Presidencia que preparara la propuesta, y está prácticamente lista para presentarse. No ha sido fácil la conciliación y reformulación con los artículos constitucionales, pero en Lomas de Sotelo están de plácemes. Los generales no ocultan su satisfacción porque creen es un cambio de óptica del Presidente, que antes de asumir el cargo quería desaparecer a las Fuerzas Armadas porque México no enfrentaba ningún riesgo de seguridad. 

Una vez en el poder, ha hecho de ellas su pilar, trasladándole responsabilidades fuera de su ámbito y mucho dinero. A cambio, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se ha convertido en el único miembro en el gabinete que siempre le dice que sí al Presidente sin importar que esté o no dentro de la ley, que lo hace muy funcional para quien no cree en la ley. Legalmente es su cómplice.

Pero de todo aquello que le ha sumado a los militares, la Guardia Nacional es lo que sienten más de ellos,. Siempre enfatizaron las simulaciones del Gobierno de tener un cuerpo que dice es civil, pero tiene doctrina militar, entrenamiento militar, estructura militar y jefes militares en activo -otra violación constitucional a la que a nadie parece importarle- como sus comandantes. Lo que no tenían era el mando, que fueron tomando rápidamente a costa de Durazo.

El momento más importante de este golpe al interior del gabinete fue el culiacanazo del 17 de octubre del año pasado, donde la operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue un desastre de planeación del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y causó que el Presidente, violando una vez más la ley, ordenara que lo liberaran para evitar, dijo, un baño de sangre. El jefe de la Guardia Nacional, el general de brigada Luis Gutiérrez Bucio, también ha respondido desde que asumió el cargo a las instrucciones provenientes de Lomas de Sotelo, donde le dan instrucciones o reprimendas.

Durazo es un cero a la izquierda con respecto a la Guardia Nacional, y suele ser maltratado en las reuniones del gabinete de seguridad por los jefes militares, generales y almirantes, y por el general retirado, Audomaro Martínez, director de la Agencia Nacional de Investigación, que de todo ese grupo, es quien peor relación tiene con él. Durazo lleva meses pensando en Sonora, y en menos de tres semanas estará allá. No se ha decidido aún quién lo releva, pero junto con dos descartes de civiles, hay un militar retirado que ha emergido en la prensa como el potencial sustituto.

El Presidente quiere su policía militar, y policía militar tendrá para la seguridad pública. No hay que confundirse con la Policía Militar, el ente dentro de las Fuerzas Armadas, que hace cumplir con la jurisdicción castrense y aplica orden y disciplina interna. López Obrador quiere su cuerpo policial militarizado, con lo que dará un paso más en la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, y que requiere varias reformas constitucionales, como el 21, que señala que las instituciones de seguridad pública, la tarea de la Guardia Nacional, “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen la ley que determinará la estructura orgánica y dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, y que generen y preserven el orden público y la paz social. También implicará que se modifique la Constitución, que establece responsabilidades para las Fuerzas Armadas, y se incluya que la seguridad pública será responsabilidad de militares y no de civiles.

El general secretario, con tantos recursos que le están dando, no parece haberse dado cuenta de esta desnaturalización de las Fuerzas Armadas, el rediseño estratégico que se está realizando frente a sus ojos, ni el grado de compromiso que ha ido adquiriendo no con el Presidente de la República, sino con López Obrador. Tampoco parece importarle, porque no ignora lo que ha hecho el Presidente en otras áreas, quien está utilizando a militares para fines para los cuales las Fuerzas Armadas no están diseñadas. 

Una de ellas, lo más importante, por su trascendencia, es la Fiscalía paralela que se ha creado en la Agencia Nacional de Investigación, al incorporarle ministerios públicos que acompañen los casos de inteligencia. Esa Fiscalía alterna, que no se llama de esa forma, es paralela a la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero, y es utilizada para judicializar sin necesidad de pasar por las áreas competentes y existentes, los casos políticos que le encarga investigar López Obrador a su amigo, el general retirado Martínez.

Los militares están al servicio de López Obrador, lo cual no es una obviedad. Las Fuerzas Armadas tienen como comandante supremo al Presidente de la República, pero en este caso se ha construido un apéndice con su complicidad. No es solo el compromiso constitucional al que se obligan, sino por fuera de la ley y de la normatividad, están respaldando a López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal. 

¿Qué quiere de ellas? No se sabe en el largo plazo, pero podrá utilizarlas para lo que desee, incluso una extensión de mandato, como a veces parece anhelar. Todo el poder y el dinero son efímeros, pero el resplandor ha hecho olvidar al general Sandoval a quién realmente se deben las Fuerzas Armadas.
07 Octubre 2020 04:07:00
Ya llegó la segunda ola
De un día para otro, la Secretaría de Salud informó que había cambiado la metodología para registrar defunciones y contagios por la Covid-19, por lo que en 24 horas subió a 25 mil el número acumulado de casos positivos, y en más de 2 mil el de decesos.

Así seguirá aumentando la estadística, en la medida en que las entidades empiecen a proporcionar sus datos conforme a la nueva metodología. Lo que se prefirió manejar con muy bajo perfil, es que la nueva información no se colocará en la base de datos abiertos, y tampoco será desglosada.

En pocas palabras, se dio un cerrojazo a la información para ocultar que estamos en el umbral de la segunda ola de la pandemia. Lo que quieren esconder en el Gobierno tiene su origen en lo que sucedió hace poco más de una semana en el Gabinete de Seguridad, que se lleva a cabo de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, donde Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y responsable de la lucha contra el coronavirus, le informó al presidente Andrés Manuel López Obrador que los casos positivos se estaban incrementando, por lo cual realizarían un monitoreo detallado porque se podría estar ante el inicio de la segunda ola de la pandemia de la Covid-19, cuyos síntomas ya les habían provocado alertas.

Aunque el número de contagios y decesos, en efecto se ha desacelerado, la positividad de los casos empezó a mostrar una tendencia al alza muy aguda desde el 23 de septiembre, cuando el 36.6% de aquellos donde se aplicaban las pruebas, resultaban positivas, de acuerdo con Our World in Data Covid-19.

Cuando López-Gatell informó al Presidente lo que estaba sucediendo, México se encontraba en 40 puntos. El subsecretario no detalló en el Gabinete de Seguridad el incremento en el porcentaje de casos positivos, pero no es un dato menor. Para el 30 de septiembre, 46.9% de las personas que se aplicaban la prueba, daban positivo.

Desde marzo, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, señaló que entre más casos positivos se estén registrando, la señal que está enviando la enfermedad es que hay “muchos casos más que no se han encontrado”.

Estos porcentajes se elevan de manera exponencial si en los países no se aplican suficientes pruebas, o como en México, las pruebas como método para conocer el avance de la enfermedad, nunca se aplicaron. Ryan dijo que en los países donde se realizaron pruebas masivas, menos del 12% de ellas resultaron positivas.

México es uno de los países que menos pruebas han hecho durante los 10 meses de la pandemia, y el que menos ha aplicado en América Latina. Al 30 de septiembre había suministrado 78 por cada millón, y en lo que va de octubre solamente 34.7 por cada millón.

Hasta el 30 de septiembre se habían aplicado diariamente en México 12.91 pruebas por cada mil habitantes, la cifra más baja en todo el continente, de acuerdo con la información pública disponible por país. Sus niveles son similares a los de algunas naciones africanas y los estados más pobres en el sureste asiático.

El pico de casos positivos confirmados registrado en México fue el 2 de agosto, cuando se contabilizaron 9 mil 556, de acuerdo con Our World in Data Covid-19, y de ahí se dio un desaceleramiento. El 22 de septiembre se llegó a tener casi el mismo número de casos positivos que los que se habían tenido el 9 de junio, cuando comenzó la escalada al pico, pero como en el caso de la positividad, volvió a subir.

El número de casos positivos no es lo mismo que la positividad, cuya variable resulta del número de casos sospechosos que se confirma están contagiados, que es lo que la Secretaría de Salud comenzó a detectar el 23 de septiembre.

El cambio de metodología anunciado por la Secretaría de Salud, fue el segundo cambio metodológico que ha realizado durante la pandemia. Con una enfermedad que todavía no termina de entenderse en toda su dimensión, no es inusual que haya cambios de método para medirla. Lo que no es usual, que es lo que está pasando con el Gobierno mexicano, es que los cambios vayan aparejados con una mayor opacidad.

El primer cambio metodológico fue en la semana epidemiológica 16, cuando dejaron de dar los estimados, para evitar que las proyecciones matemáticas independientes contradijeran la información oficial que se proporcionaba.

El segundo se ha dado durante la semana epidemiológica 40, que está en curso, en donde se incluyó en la estadística a los casos confirmados por diagnóstico. Sin embargo, al no incluir la información en la base de datos, ni la UNAM ni el Conacyt pudieron actualizar hoy su tablero de datos de la Covid-19. Paralelamente, el desglose que proporcionó la Secretaría de Salud tampoco permitía tener información que pudiera corroborarse independientemente.

Lo que está sucediendo, en los hechos, es que la información sobre el coronavirus solo puede provenir de la Secretaría de Salud, pero al no proporcionar las herramientas para poder acceder directamente a ella, prácticamente está pidiendo, sin decirlo, que se le tiene que creer –porque de otra forma, tampoco se puede contrastar lo que difunden y corroborar si están difundiendo información verídica–.

Esta ha sido la dialéctica del Gobierno a lo largo de la pandemia. En un principio, López-Gatell optó por ignorar las críticas o las sugerencias que le hacían expertos en epidemiología –como algunos de sus profesores, incluso–, y en otras dedicarse a atacar a medios de comunicación que lo confrontaban con sus investigaciones.

Hoy, el Gobierno ha ido más allá, al anunciar que la información será ambigua, dejando todo a conjeturas, como el momento en que oficialmente inicie la segunda ola de la Covid-19, que quieren ocultar de la nación.
06 Octubre 2020 04:07:00
La salud del Presidente
El tema más difícil de tratar con un Jefe de Estado es el de su salud. Lo estamos viendo en Estados Unidos, donde hay un debate encendido sobre si el presidente Donald Trump y su equipo de médicos están mintiendo sobre su verdadera condición de salud. En esa sociedad transparente, hay una historia centenaria de mentiras de la Casa Blanca para ocultar la salud del Mandatario. Grover Cleveland, en medio de una crisis financiera, escondió que tenía cáncer a finales del Siglo 19. Woodrow Wilson escondió que había tenido un infarto. Franklin D. Roosevelt nunca mencionó que su salud se deterioraba aceleradamente, ni John F. Kennedy, reveló las terribles dolencias en su espalda. Mentir u ocultar en un dignatario, tiene la misma consecuencia: su pueblo es engañado.

En México, nunca ha habido un tema más secreto que la salud de los presidentes. Vicente Fox permitió que se informara de su operación de espalda, que pareció el fin de esa larga era de jefes de Estado mexicanos inmortales. Pero aquello no marcó un cambio de cultura, sino fue una excepción, quizás porque esa cirugía le permitió escabullirse de las llamadas del presidente George W. Bush para presionarlo a votar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que respaldara la invasión a Irak. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablar de su salud es un tabú y le molesta de sobremanera.

Sin embargo, es un tema que debe ser discutido públicamente, sin complejos ni temores. Ayer sugirió esta columna a López Obrador que observara la crisis que hay en Estados Unidos por los reportes contradictorios sobre la salud de Trump, quien ejerce un poder centralizado en su Gobierno como él, para que ante la imposibilidad que modifique su actitud, construya un segundo piso de poder para que en dado caso que enfermara, no provocara una crisis de gobernabilidad, por su liderazgo vertical que no admite que nadie le dispute el espacio.

La salud de López Obrador, es un tema que debiera preocuparnos a todos para que con su discusión, acepte que no todo es voluntarismo y es mejor que se cuide, que no se exceda y que de esa manera evite un problema monumental con una ausencia en las “mañaneras” para la cual no hay antídoto político. Bufonadas como un “detente” o “la fuerza moral del Presidente”, como vacuna del coronavirus, son ocurrencias de café, pero indignas de un Gobierno.

El tema de su salud fue planteado durante una “mañanera” hace más de un año, luego que varias columnas lo abordaron en ella, y López Obrador prometió que daría a conocer su hoja clínica. Desde entonces, como registra diariamente SPIN Taller de Comunicación Política, al día de hoy van 442 días que incumple la promesa. El Presidente no tiene que abrirse en canal y detallar ante la opinión pública los males que lo aquejan. Lo que debe hacer es cuidarse. Pero López Obrador es increíblemente descuidado en su alimentación y el manejo de su salud.

Algunos observadores habrán notado que en los últimos días se llegó a ver cansado, con enormes bolsas en los ojos y hasta desalineado. Información que ha trascendido de Palacio Nacional es que el Presidente ha estado enfermo –no de corornavirus– por lo que le recomendaron los médicos suspender giras e incluso las “mañaneras”, a fin de que pudiera descansar y tener una recuperación más rápida. El Presidente, congruente con lo que ha sido, desoyó los consejos. Tampoco mejoró su dieta, y mantiene sus viejas costumbres sobre la alimentación, que incluyen las fritangas de manera sobresaliente.

López Obrador es un hombre básicamente sano, pese a haber tenido una operación a corazón abierto en 2013, que lo tuvo al borde de la muerte. Salió bien de la operación y está bajo cuidado médico, consistente en tomar su medicamento todos los días para controlar la hipertensión, y administrar los viajes largos en avión y la estancia de muchos días en ciudades de altura, como la de México. Con ello, su corazón marcha perfecto, como lo ha dicho varias veces. También, el tratamiento para una vieja dolencia en la espalda, resultó muy eficiente y le ha permitido pasarse horas de pie en las “mañaneras” sin mayor problema. Lo único que se alteró es que ya no puede jugar al beisbol como lo hacia en antaño.

Si uno observa con la información disponible el estado de salud del Presidente, puede concluir que es un hombre sano que, no obstante, debe cuidar su salud.

El Presidente es un hombre “terco y necio”, como lo ha dicho en varias ocasiones desde 2018, pero debe entender que ya dejó de ser el líder popular que era y hoy es el Jefe de Estado Mexicano, por lo que sus responsabilidades son para con un país, no meramente con un movimiento, y que lo que le suceda a él o le afecte, tiene un impacto sobre 130 millones de personas. En ese contexto, en la columna de ayer se apuntó que habría un caos si por alguna razón injustificada se ausentara de una “mañanera”, dada la centralización que impone sobre la Administración y la vida pública, con lo cual causaría una crisis de poder en el país que arrastraría la economía.

López Obrador no puede permitírselo. El primer afectado sería él, pues las consecuencias por no existir un andamiaje que pueda sostenerlo y el apoyo popular que se funda mayoritariamente en emociones, como muestra la encuesta de aprobación presidencial de El Financiero, sumaría más problemas políticos, económicos y sociales, y fortalecería las resistencias al cambio radical de régimen. Eso, como es fácil suponer, no es lo que desea. Al mismo tiempo, es una paradoja que su voluntarismo le impida ver hacia delante y analizar los factores para que nada detenga lo que llama la transformación, que incluyen el cuidado de su salud.
05 Octubre 2020 04:23:00
Ante la crisis de Trump, entiende Andrés
Uno de los indicadores para la opinión pública de que el presidente Donald Trump no se encuentra bien de salud es que ha estado alejado de su cuenta de Twitter. Para quien buena parte de sus acciones públicas están relacionadas con sus mensajes de 140 caracteres, la ausencia del mundo digital significa que también está ausente del mundo real. De ahí el debate en Estados Unidos sobre las contradicciones en el cronograma de los síntomas de Trump, y la información cruzada sobre su estado de salud.

En un país cuya economía altera la del mundo y el presidente siempre tiene al lado el maletín con los botones nucleares, esto es muy importante. En el mundo, la geopolítica es cosa seria. Los medios quieren saber exactamente cuándo comenzó a sentir los síntomas de Covid-19 y si se le dio oxigenación –para determinar lo serio de la enfermedad–, lo que no significa un ataque al presidente, sino establecer si está lo suficientemente grave como para invocar la Enmienda 25, que le permitiría al vicepresidente Mike Pence asumir temporalmente el cargo y llenar el vacío de poder.

Desde 1981, cuando un disparo puso a Ronald Reagan al borde de la muerte, no se había presentado una situación similar. Reagan entró a cirugía y no pudo enviar la petición al Congreso, como manda la Enmienda, para que asumiera el poder el vicepresidente George H.W. Bush. La Casa Blanca de Reagan, a diferencia de la de Trump, abrió la información sobre la salud del presidente casi en su totalidad, generando certidumbre y evitando una crisis. Hoy, la Casa Blanca reporta datos antagónicos, con una desorganización que no se aprecia cuando Trump está en Twitter.

Este hecho, por otra parte, nos problematiza la vulnerabilidad de quien hace de la centralización del poder el eje de su gobierno. La paradoja que vive Trump es la que puede suceder con López Obrador, quien ha hecho de las mañaneras su único ejercicio de gobierno. Sin embargo, hay algo que nos hace muy diferentes: en Estados Unidos las instituciones funcionan; aquí, están supeditadas a López Obrador. Si se complica la salud de Trump, allá tienen formas institucionales y democráticas para resolverlo; si algo sucediera aquí, tendríamos una crisis de régimen autocrático.

Adicionalmente, una ausencia temporal de Trump, como no sucedió con Reagan a pesar de que no le dio tiempo para invocar la enmienda 25, no ha frenado la marcha del gobierno ni de las instituciones, como lo demostró el Senado que anunció que, aunque estarán en receso por las elecciones, las audiencias para la nominación de Amy Barrett a la Suprema Corte de Justicia se realizarán conforme a lo programado. El gobierno no se paralizó, y el gabinete continúa operando. Sigue el proceso electoral, y Pence se está preparando para su debate con la demócrata Kamala Harris este martes. Todo esto en México es impensable.

López Obrador sólo centraliza la vocería, las acciones y las decisiones, y aplasta a sus colaboradores. Las mañaneras son un ejercicio de poder concentrado y vertical, donde el gabinete, o quienes llegan a estar en la tarima como acompañantes del Presidente, informan lo que les indicó que hicieran el Presidente o, como sucedió alguna vez con Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, le entregan la presentación que deberán hacer minutos antes de iniciarla. El gabinete juega púbicamente en las mañanas como títere del teatro guiñol de López Obrador, donde no informa, sino replica lo que el Presidente quiere que digan. Como Trump desde el hospital, que quiere que las únicas noticias sobre su enfermedad sean las buenas, López Obrador, desde el atril de Palacio Nacional, quiere que las únicas noticias sobre su gobierno sean las buenas.

Esta concentración de poder, junto con su personalidad teológica al estilo de los imanes iraníes, no deja espacios para que nadie, que no permita, crezca, o ejerza autónomamente sus funciones. La mayoría sólo cumple la formalidad, porque el desorden dentro de Palacio Nacional, causado por el Presidente que asigna trabajos y responsabilidades sin importar que tengan legalmente la atribución, ha impedido a casi dos años de gobierno, que exista un gobierno. Él no engaña, y ha dicho en varias ocasiones públicamente que su gobierno se trata de encargos, no de cargos.

Por tanto, ¿qué sucedería si por alguna razón injustificada López Obrador no se presentara en una mañanera? El caos. Si el dueño de la narrativa no está, la especulación se apoderará del discurso popular. ¿Quién puede pararse en el atril de Palacio Nacional y decir, como afirmó el secretario de Estado Alexander Haig, en el salón de conferencias de la Casa Blanca mientras Reagan estaba en el quirófano “aquí mando yo”? Nadie. Además, el Presidente se muestra y se vende como un personaje cuya personalidad arrolladora lo hace inmune de todo.

Por ejemplo, se mantiene como secreto de Estado que le hayan aplicado dos decenas de pruebas de Covid-19. No lo admite porque, ¿transmitiría una señal de debilidad? ¿Perdería su imagen de macho? ¿Porque iría contra su narrativa? ¿Afectaría su imagen? Lo volvería humano, pero no quiere ser humano. López Obrador es el único de los cuatro líderes más criticados por minimizar la pandemia, que no ha estado contagiado –además de Trump, Jair Bolsonaro y Boris Johnson–, pero esto no significa que es inmune.

No va a cambiar su actitud ni la forma como se comporta. Pero haría bien en construir un segundo piso de poder y toma de decisiones en caso que pudiera enfermarse, de Covid-19 o de lo que fuera. Tiene que entender que su ausencia en una mañanera, por efímera que sea, causará una crisis de poder en el país, que arrastrará la economía. Su irresponsabilidad política, agudizada por la centralización del poder, debe tener un límite, y pensar en las eventuales consecuencias de la mañana siguiente. Al menos, haga el ejercicio hipotético.
02 Octubre 2020 04:09:00
La (Suprema) Corte de los milagros
Tan digno que hubiera sido para la Suprema Corte de Justicia de la Nación decir al presidente Andrés Manuel López Obrador: no necesita una consulta popular para llevar a juicio a cinco expresidentes, lo que requiere es que la Fiscalía General inicie un proceso judicial y que el Gobierno haga su trabajo. En cambio, decidieron seguir el juego del Presidente y optar por el circo sobre la justicia, alegando varios ministros que era una avance de la democracia, cuando en realidad le pegaron un tiro de gracia a la democracia al convertir el Poder Judicial en la caja que resuelve las necesidades políticas de López Obrador. No lo hicieron de manera letal, pero encontraron una puerta de salida para salvar cara al Presidente y que, conforme a la ley, le permite saciar su deseo: la consulta va, pero con otra pregunta.

La pregunta planteada por López Obrador en su solicitud de consulta fue señalada por varios ministros como inconstitucional, por lo que deberán formular una nueva que no atente contra los derechos humanos de los expresidentes, acorde con el artículo 35, que señala que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”. La pregunta que quería López Obrador para la consulta, en palabras del ministro Alberto Pérez Dayán, era “tendenciosa” y emitía “juicios de valor”, con lo cual se minaba la presunción de inocencia y el debido proceso.

Ahora los ministros le darán la vuelta y reformularían la pregunta, lo que no excluye que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este jueves, sienta el precedente que los derechos humanos pasarán a ser un tema de las mayorías y las minorías, o de qué político o partido moviliza más gente a consultas populares para defender sus intereses y pretensiones. La Corte rodeó el Artículo 35 en una sesión penosa, por el comportamiento de varios de los ministros, y lastimosa, por como actuó la mayoría. La estrella al principal ministro ignominioso se le coloca sin dudar al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Zaldívar, que tomó el primer uso de la palabra, cuando el presidente de la Corte lo hace al final, votó a favor de la consulta con un argumento eminentemente político, no jurídico, y soslayó por completo que la responsabilidad del Gobierno, si considera que hay violaciones a la ley, debe proceder, y no esperar que sea la sociedad la que le exija que cumpla con su trabajo. Peor aún, aclaró que el resultado de la consulta no debería ser obligatorio para que ejecuten los deseos populares las fiscalías o los poderes judiciales. Está clara su posición. Bienvenido el circo, porque la justicia puede esperar.

En su largo alegato justificativo que su postura abona la democracia, en realidad le dio un tiro a la democracia. Los derechos humanos de los expresidentes, para él, valen menos que los derechos humanos de la gente, al interpretar el Artículo 35 constitucional como no violatorio de los derechos humanos, porque no rije la “política criminal”. Su posición fue tramposa al vincular las dos variables, sobre la base de su propio récord. Zaldívar se comió sus palabras de cuando desarrolló la doctrina sobre el efecto corruptor en el caso Cassez, donde dijo que la exposición mediática alteró su debido proceso e influyó en los jueces, minando la presunción de inocencia de la francesa.

En su argumentación, el 23 de mayo de 2013 en la sesión sobre Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada, Zaldívar afirmó: “De nada sirven estos derechos –la presunción de inocencia y el juicio justo-, cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo”. A Zaldívar no le pareció que en el caso de los expresidentes, López Obrador los haya sentenciado en el atril mañanero de Palacio Nacional como responsables de todos los males que aquejan a México, tanto por corrupción –porque no los hizo presuntos- como por daños a la nación –las políticas públicas no son motivo de juicios penales como quisiera-, y haya influido previamente en la posición de los ministros.

Ayer dijo lo contrario: la consulta no afectará la decisión de los jueces, porque el Poder Judicial es maduro. Las presiones de López Obrador horas antes de celebrarse la sesión, en el sentido que si el fallo era contrario a sus deseos de cualquier manera haría la consulta y enviaría una iniciativa de ley para modificar el 35 constitucional, tampoco fueron razón para que se pronunciara sobre la independencia de un Poder del Estado, como es el Judicial. No extraña su postura, porque Zaldívar se ha convertido en el instrumento de Palacio Nacional para respaldar las decisiones y acciones del Presidente, quien por esa razón lo impulsó a la presidencia de la Corte.

El hipergarantismo que encabezó Zaldívar durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pasó a ser un entreguismo en el de López Obrador. El sofismo fue la característica en la sesión donde decretaron constitucional la consulta propuesta por el Presidente, pero a la que le enmendarán la pregunta. “Ignorar la ley escrita es la nueva normalidad de la Corte”, comentó un constitucionalista. “Vivimos una crisis de estado de derecho, de igual magnitud a la económica, de seguridad y sanitaria”.

Los ministros le regalaron un lavamanos a Poncio Pilatos, y le permitirá a López Obrador mantener el dicho que él no quería enjuiciar a los expresidentes, al tiempo que abre la puerta a la justificación para que por la vía de la “exigencia” popular concrete su espíritu vengativo disfrazado de mandato popular. En buena hora está nuestra Corte de los milagros, operando no como uno de los tres poderes del Estado, sino como ramificación pusilánime del Ejecutivo.
01 Octubre 2020 04:08:00
El engaño de López-Gatell
Como todos los martes de mañanera en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, repitió su reporte nocturno sobre la Covid-19, donde el énfasis no fue la pandemia, sino el inicio de la vacunación contra la influenza. Sin embargo, escondido entre los acentos de la narrativa, la verborrea, las gráficas de múltiples colores, y la saturación de información, abundó, sin decirlo claramente, lo que había anticipado desde el domingo: que hay una importante cifra negra en los posibles casos positivos que nunca serán contabilizados, porque no tuvieron una muestra para el diagnóstico, por lo que la estadística final sobre el número de contagios del coronavirus, se infiere, jamás los sumará de manera oficial. O sea, ¿cuántos muertos habrá por la pandemia? No lo sabremos.

Para el récord, y para cuando llegue el momento en que sin la protección presidencial rinda cuentas políticas por su manejo, esto fue lo que dijo el martes el zar del coronavirus: “Tenemos un conjunto de muestras que han sido tomadas de estas personas (los casos sospechosos) y están en proceso de resultado de procesamiento en laboratorio, pero también tenemos un conjunto de personas que, teniendo las características clínicas de la enfermedad -y siendo todas ellas consideradas en la estadística necesaria para la vigilancia epidemiológica-, no tuvieron una muestra para el diagnóstico.

“Esto no es inconveniente desde el punto de vista de vigilancia epidemiológico, porque son contabilizadas, son identificadas, el lugar donde fueron atendidas, el lugar donde residen, brinda información sumamente valiosa para las acciones de prevención y control, pero sencillamente no tienen una muestra de laboratorio, o bien la muestra biológica sí se tomó, pero cuando se procesó en el laboratorio no se identificó que fuera viable”.

López-Gatell no lo ventiló públicamente, pero de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud, el 7% de las personas que no tuvieron muestra, fueron hospitalizadas ante la gravedad de sus síntomas, y fuera del tiempo máximo de procesamiento de la muestra, el total de decesos suma los 2 mil 25 desde el inicio de la crisis sanitaria, que representa el 2.6% del total de fallecidos. 

La deficiencia en las muestras no había sido admitida por el Gobierno, y tuvo que ventilarse en público ante la reclasificación de los casos sospechosos del Covid-19, empujada por el inicio de la temporada invernal, periodo en el que suben drásticamente los padecimientos por la influenza, con lo que los números del SARS-CoV-2, pariente de ella, tendrían un incremento. La reclasificación y las declaraciones de López-Gatell pasaron desapercibidas, pese a la enorme revelación que nos dijo, que una gran parte de pacientes sospechosos de Covid-19, no tendrán un resultado definitivo sobre la enfermedad por falta de muestra o porque la misma no pudo ser procesada.

La reclasificación que esbozó López-Gatell el martes, divide a los pacientes entre quienes no tuvieron una prueba, pero sí presentaron síntomas, y aquellos que a pesar de realizarse una prueba, no recibirán sus resultados por errores en el procesamiento o transportación de la muestra. Esto significa, de acuerdo con los mismos datos de la Secretaría de Salud, que hasta el domingo pasado, 93 mil 803 personas que se realizaron la prueba de la Covid-19, o sea, el 75.3% de quienes se sometieron a estudio, no conocerán su resultado debido a esos errores. 

De esta forma, como explicó Elizabeth Velázquez el domingo pasado en la edición nocturna de Eje Central, el cambio de definición de sospechosos que no tienen prueba de laboratorio para confirmar, incluyó a los sospechosos sin prueba, por lo que el número total pasó de 82 mil 914, a 310 mil 42, de los cuales la mayoría no tiene muestra, ni esperanza de recibir un resultado. Entre los sospechosos se contabilizan 185 mil 320 personas que no formaban parte de las estadísticas porque son precisamente aquellos casos sin una muestra, admitió José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

López-Gatell estuvo ocultando estos datos durante más de cinco semanas, mientras hacía malabares con las cifras y las estadísticas. El 21 de agosto, Velázquez y otra reportera, Olinka Valdés, adelantaron que habría sospechosos que jamás podrían recibir un resultado por el mal manejo de las muestras, lo que se sumaba a que México era uno de los países que menos pruebas ha hecho para detectar el Covid-19, al haberse planteado desde un principio la estrategia de solo realizarlas en su totalidad en personas con síntomas graves, y en 10% de los pacientes leves.

El retraso en la entrega de resultados de las pruebas de PCR, el acrónimo en inglés para Reacción en Cadena de Polímeras, que diagnostica el patógeno del coronavirus, comenzó en enero, reportaron Velázquez y Valdés, a partir de la base de datos abiertas de la Dirección General de Epidemiología, que fue mostrando los rezagos de manera progresiva hasta su pico en julio, cuando se realizó la prueba de detección del Covid-19 a 23 mil 399 personas, de las cuales 598 fallecieron sin resultado.

Los verdaderos números de la muerte del Covid-19 y sus estimaciones, han sido ocultados por López-Gatell, como en el tema de las muestras, donde Alomía estima pérdidas de 28 millones de pesos -originalmente se calculaban 50 millones- por los estudios que resultaron fallidos. El dinero, en todo caso, es irrelevante frente a las vidas perdidas por el Covid-19, y el número de víctimas está directamente relacionado con la estrategia que se siguió para enfrentar la pandemia.

López-Gatell ha defendido contra todo y todos su estrategia -no podía decir otra cosa-, y públicamente López Obrador lo ha respaldado. Pero apoyo político no significa eficiencia o un diseño certero para la contención y el combate al virus. La pandemia no ha terminado y vendrá la segunda ola. También llegará el momento del juicio final al subsecretario, cuando explique qué hizo y por qué lo hizo.
30 Septiembre 2020 04:08:00
El último ‘Narc’
A principio de los años 80, el presidente Ronald Reagan estaba empeñado en derrocar al Gobierno sandinista en Nicaragua. Su primer instinto fue una invasión, pero luego de consultas con varios países latinoamericanos, donde no encontró el apoyo para hacerlo, decidió hacer su propia guerra como lo había hecho décadas antes en Guatemala.

En el Capitolio lo frenaron, y por iniciativa del diputado de Massachusetts, Edward Boland, se enmendó el presupuesto de 1982, que limitaba la asistencia a los contras en Nicaragua a solo asistencia humanitaria. La llamada Enmienda Boland impedía que Estados Unidos financiara una guerra.

La Casa Blanca y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) decidieron, por la vía clandestina, financiar la guerra. La logística incluyó la participación del cártel de Guadalajara y de la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de Manuel Bartlett, en ese entonces secretario de Gobernación, y el territorio mexicano sirvió como la ruta de abastecimiento de armas a los contras, a cambio de cerrar los ojos al tráfico de drogas.

Ese manejo ilegal de dos gobiernos con el narcotráfico, causó el asesinato de Manuel Buendía, el principal columnista político en el último medio siglo en 1983, y el de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA en 1985.

Esta historia siniestra y de complicidades criminales volvió a resurgir al estrenarse la serie de cuatro capítulos en Amazon Prime llamada The Last Narc, sobre el asesinato de Camarena Salazar. The Last Narc no se debe traducir como El último Narco.

La palabra “Narc” fue acuñada en la DEA para identificar a los agentes de campo, como era Camarena Salazar, asignado a la oficina de la agencia en Guadalajara, y a quien mandaron matar los entonces jefes del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, aún preso, Ernesto Fonseca, que recuperó su libertad en 2017, y Rafael Caro Quintero, quien por un descuido –por ser lo más generoso– de la vieja PGR, fue liberado en 2013.

“The Last Narc” recuerda la historia contada por varios de sus protagonistas desde hace 20 años, de cómo la CIA, en complicidad con el Gobierno mexicano y el cártel de Guadalajara, tuvo en México un centro de entrenamiento y logística para los contras nicaragüenses, en un rancho en Veracruz. Paradójicamente, cuando preparaba la invasión a Guatemala en 1954, la CIA entrenó mercenarios en un rancho en Los Tuxtlas, también en Veracruz. Las armas para los contras llegaban por México procedentes de Irán y de los depósitos de la OTAN, que transportaba el cártel de Guadalajara de Estados Unidos hasta entregarlos a contratistas de la CIA en Centroamérica, para evitar que hubiera rastros del involucramiento del Gobierno de Reagan en violación de la Enmienda Boland.

Lo hicieron con el apoyo del Gobierno mexicano, en particular del secretario Bartlett y la Dirección Federal de Seguridad, que trabajaba con la CIA. Rogelio Hernández, un periodista de investigación, publicó en aquellos años en Excélsior, algunos detalles que en ese entonces parecían fragmentados, de cómo varios agentes de la DFS introducían droga en pipas del sindicato petrolero por las fronteras de Tamaulipas, donde las aduanas estadunidenses se abrían sin problema, y regresaban con armas.

En pláticas semanas antes de que lo asesinaran, Buendía comentaba la ruta de Tamaulipas a Guadalajara y de la capital tapatía a la frontera con Guatemala, donde el cártel de Guadalajara jugaba de protagonista. Tampoco sabía en ese entonces que todo ello correspondía a lo que pocos años después se conoció como el Irán-Contras.

The Last Narc no revela casi nada, pero refresca la memoria de las imputaciones de que la CIA tuvo un papel central en el asesinato de Camarena Salazar, de quien temían iba a descubrir el entramado clandestino. La CIA, que no suele opinar sobre estos temas, siempre lo ha negado.

La serie no es objetiva ni equilibrada, al apoyarse completamente en las afirmaciones de Héctor Berrellez, quien estuvo a cargo en un principio de la investigación del asesinato, y que gradualmente fue encontrando, para su sorpresa, el involucramiento de la CIA.

Todo fue, sin embargo, de oídas, sin pruebas documentales. Bartlett jugaba un papel central como miembro del crimen organizado, según un testigo de Berrellez, Víctor Lawrence Harrison, que manejaba las comunicaciones del cártel de Guadalajara, que acusó al entonces secretario de Gobernación y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, y a los entonces jefes de la DFS, de vinculaciones con el crimen organizado.

Un juez en Los Angeles censuró el testimonio de Harrison en el juicio de Camarena, luego de que llegara a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para que eliminara su acusación a cambio de inmunidad.

El conflicto entre la DEA y la CIA no era nuevo, y se alimentaba de objetivos distintos. La primera era policía, mientras la segunda atendía los asuntos de interés para la seguridad estadunidense. Chocaron en Colombia y Panamá, donde la DEA ganó la batalla al lograr el asesinato de Pablo Escobar y la captura de Manuel Antonio Noriega, que estaban en la nómina de la CIA.

La perdieron en Honduras, donde la CIA organizó y armó a los contras. Y perdió en México con el asesinato de Camarena Salazar. La dinámica de confrontación se daba en los diferentes campos de batalla donde sus metas eran excluyentes.

The Last Narc nos estrella en la cara que este pasaje siniestro en la historia de la Guerra Fría en nuestra región, no lo hemos discutido debidamente. Bartlett es el mejor ejemplo, y sigue siendo poderoso y arropado por la impunidad. Pero él es solo una pieza.

El Estado mexicano no ha aireado lo que fuimos y lo que somos, donde por años los gobiernos, incluido el actual, no han querido abrir esa puerta. Quizás, porque todos saben que son culpables de algo y no quieren que se sepa. Mejor el olvido, que rendir cuentas.
29 Septiembre 2020 04:08:00
‘Vamos bien’
La vida en el México de hoy se aprecia de una manera rara en Palacio Nacional. Apenas hace 11 días el presidente Andrés Manuel López Obrador embistió a Reforma, cuyo encabezado principal esa mañana mencionaba que durante su Gobierno se habían registrado 45 masacres, en contraste a su afirmación durante su segundo informe, donde dijo que esos asesinatos colectivos ya no existían. López Obrador mostró la portada del diario, exclamó “¡ahí están las masacres!”, como sugiriendo que solo en el papel existían, y soltó una carcajada. ¿De qué se reía?, criticaron varios columnistas, parafraseando un poema de Mario Benedetti.

Los asesinatos colectivos no paran. Este domingo un comando asesinó a 11 personas dentro de un bar en el sur de Guanajuato, que motivó que en la mañanera del lunes, le hicieran una pregunta directa: “¿en serio ya no hay masacres en este país?”. La respuesta se fue para otro lado: “Pues mire, vamos bien, se está avanzando, estoy cumpliendo con los compromisos que hice”. 

La reportera insistió: “¿Hay un país más pacífico, con mayor seguridad?”. El Presidente no contestó lo que le preguntaron y se fue con el mismo discurso de siempre, la corrupción, la justicia, su ataque a los medios y, como innovación, la lectura de 96 de los 100 compromisos que ofreció y que, dijo, ya cumplió.

Ya no hubo risas por parte del Presidente, pero tampoco respuestas. No las tiene. El mayor compromiso, que por definición es la razón de ser de los gobiernos, es la seguridad. En noviembre de 2018 presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad, donde afirmó que “el nuevo Gobierno federal (garantizaría) la paz y la tranquilidad en el país”. El 3 de enero de 2019, aseguró: “En 100 días vamos a terminar toda la acción transformadora y vamos a mejorar en este tema de la inseguridad”. El 25 de abril del año pasado, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, citó como crítica que en “unos cuantos años” la tasa de homicidios nacional pasó de 13 a 23 por cada 100 mil habitantes”.

Los resultados han sido muy lejanos a lo ofrecido, lo prometido y lo declarado. La tasa de homicidios durante 2019 fue de 29 por cada 100 mil habitantes, similar a lo que se dio en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, y superior al registrado en el de Felipe Calderón, según reportó el Inegi, lo que significa un promedio de 99 por día. El México de hoy es más violento que Brasil o Colombia, aunque menos, si sirviera de consuelo, que Honduras, el gran hoyo negro de América Latina, donde los maras dominan amplias franjas de territorio.

En México no hay lucha contra el narcotráfico, donde los cárteles de la droga viven probablemente el sexenio más tranquilo desde el gobierno de Vicente Fox, que como López Obrador, tampoco los combatía. Sin embargo, esto no significa que, como era su diagnóstico inicial, los asesinatos desaparecerían. No se combate la violencia con violencia, justifica reiteradamente el Presidente que no enfrente a los criminales, pero los resultados tampoco le dan la razón.

De acuerdo con el análisis comparativo de la consultora TResearch, en los primeros 21 meses de la Administración de López Obrador, el total de homicidios asciende a 62 mil 765, que duplica el total en el mismo periodo del gobierno de Peña Nieto, que alcanzó los 30 mil 321, y supera por mucho el total durante los de Felipe Calderón y Fox, que contabilizaban 19 mil 571 y 24 mil 20, respectivamente. En lo que va del Gobierno lópezobradorista, supera en 50% el total de homicidios que se dieron durante todo el sexenio de Calderón, y se encuentra casi a la mitad del total durante el de Peña Nieto, con cuatro años por delante todavía que le quedan al frente del Ejecutivo.

Los números en materia de seguridad son muy malos para el gobierno de López Obrador, como lo son también los de la economía y la pandemia del coronavirus. En el primer caso, como sucedió este lunes, dice que “vamos bien”, aunque los datos dicen todo lo contrario. En el tema económico, con todos los indicadores a la baja, asegura que “ya estamos saliendo del hoyo”, mientras que en el descontrol estratégico de la pandemia, su explicación es que “ya vamos de salida”.

El Presidente miente no porque sea un mentiroso patológico, sino porque políticamente no puede hacer otra cosa. Todo lo fácil que creía era gobernar, como alguna vez lo dijo públicamente, ha resultado más complejo de lo que, por sus palabras, se imaginaba. Su equipo no le funcionó en el tema de la seguridad y en el manejo del coronavirus, pero no lo va a reconocer. La economía caía desde agosto de 2019 como consecuencia de sus políticas económicas personales, lo que tampoco admitirá, y este año se agravó por la pandemia mundial. 

De ahí que todos los días quiera desviar la atención de los asuntos de mayor relevancia, que tiene descontrolados. Es lo que comúnmente se llaman “distractores”, donde plantea temas en las mañaneras o busca pleitos para encauzar el interés general hacia otro lado. La preocupación del Presidente por todo aquello para lo que no tiene solución parece ser proporcional al tiempo que dura la mañanera, que en las últimas semanas se ha incrementado de manera significativa por encima de los 140 minutos, incluso, hasta rozar los 160, cuando solían promediar 90. 

La retórica sigue siendo el sustento del Gobierno de López Obrador, pero por la mayor incidencia en los ataques hacia fuera de su Gobierno y hacia funcionarios de su propia Administración, se puede argumentar que cada vez es más difícil ocultar la realidad que desviarla. “Vamos bien” es una frase que suena hueca, porque está hueca.

28 Septiembre 2020 04:09:00
Ayotzinapa: la verdad histórica sigue
Las palabras del fiscal Alejandro Gertz Manero al cumplirse seis años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, prometían una inmensidad. Ese crimen “deleznable” no había sido cometido solo por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que era consecuencia de una conducta “delictiva integral, permanente y reiterada, que refleja(ba) los niveles de corrupción de un régimen”, donde desde lo mas alto a lo más bajo, “encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”. Apenas podía uno respirar con ese arranque, pero al terminar de oír las mil 613 palabras de su discurso el sábado, la “verdad histórica” de ese régimen que marcó con fuego, seguía en pie.

Gertz Manero dejó mucho que desear después de tantas cosas prometidas. Recicló las investigaciones del Gobierno federal y de Guerrero en 2014, y la nueva cronología de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala que prometió, no existió.

No hubo explicación de nada, como la investigación que lo llevó a la Barranca de la Carnicería en Cocula, donde supuestamente se encontraron el 7 de julio los restos de un tercer normalista, Christian Alfonso Rodríguez.

La verdad auténtica de Gertz Manero es igual a la verdad histórica del exprocurador general Jesús Murillo Karam: los jóvenes fueron atacados por una confusión, en el contexto de la lucha entre bandas de criminales. Para este, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula; para el fiscal fue una matanza”, pero no precisó dónde.

Gertz Manero informó que “hay acusaciones” de que no fueron 43, sino 80 personas las asesinadas por “diferentes grupos delictivos”. No se sabe de dónde salió ese número, salvo que haya sumado los 28 cuerpos encontrados en las fosas de Pueblo Viejo por el equipo del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, 10 días después de la desaparición de los normalistas, aunque el Equipo Argentino de Antropología Forense, que revisó varios de los restos humanos, dijeron que no pertenecían a los normalistas.

Tampoco se tiene conocimiento de que otro grupo delictivo distinto de Guerreros Unidos, que está documentado en grabaciones que tiene la DEA –no solicitadas por la Fiscalía– fue el responsable de la desaparición, participara en el crimen, como afirmó Gerz Manero.

Así de vociferante en sus acusaciones sin pruebas, calló sus nuevas acciones, o dejó los reflectores al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó lo único nuevo, las órdenes de aprehensión contra policías federales –en ese entonces bajo el mando en Guerrero de Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad en la Ciudad de México– y militares que probablemente pertenecían al Batallón 27º de Infantería, que se encuentra en Iguala, y sobre quienes, desde el principio, cercanos al Presidente han querido sentar en el banquillo de los acusados, acusándolos de haber participado en las acciones de la desaparición y del crimen.

El Ejército siempre lo ha negado. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene una bitácora de lo que sucedió esa noche, donde una tercera parte de sus elementos estaban en comisión en la zona de Taxco, en un operativo contra criminales, otra tercera parte estaba franca, y el resto, compuesta básicamente por personal administrativo, de cocina y mantenimiento, fue enviada a las calles de Iguala para que reportaran qué estaba sucediendo.

De hecho, gracias a la información de uno de ellos, que abandonó su bicicleta para huir corriendo cuando lo descubrieron los criminales, se supo que un grupo de normalistas había sido entregado a delincuentes en la zona del Palacio de Justicia local.

Gertz Manero nunca explicó el móvil por el cual el Gobierno federal desapareció a los normalistas y encubrió el crimen, pero omitió culpar de nada al Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien apoyó López Obrador para que llegara al cargo, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los fundadores y jefes iniciales de Guerreros Unidos, pese a que figuran de manera prominente en las grabaciones de la DEA.

Básicamente todos los hallazgos que informó se encuentran contenidos en el informe especial que realizó el fiscal Blanco cuando entregó la investigación a la entonces PGR, y en la Recomendación y Ampliación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2016 y 2018.

El 11 de abril de 2016, se preguntó en este espacio: ¿Cómo quedaría Peña Nieto ante la historia si se supiera la forma como se procesó el crimen de los normalistas en los primeros momentos y horas de lo sucedido?

La noche del 26 de septiembre de 2014, la Secretaría de Gobernación no reaccionó con celeridad. La 35ª Zona Militar en Chilpancingo, a la que respondía el Batallón 27º de Infantería, dijo no tener información.

Murillo Karam dijo el 28 de septiembre en Los Pinos que se trataba de una “depuración” de narcotraficantes, por lo que se decidió que el Gobierno no interviniera, pese a que el delito era desaparición forzada. Ya sabemos cómo quedó, acusado de un “crimen de Estado”. ¿Cómo quedará López Obrador después de este informe?

El Gobierno salió con una narrativa pendenciera, pero sin novedades. Usó el trabajo de quienes denunció de corruptos y criminales. Lo único que cambió radicalmente es el tono acusatorio contra el anterior gobierno, y el reconocimiento del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que la única verdad, es que no hay verdad. Ni la histórica de Murillo Karam, ni la auténtica de Gertz Manero. Seguimos como hace seis años, sin saber dónde están los normalistas, pero hay un cambio importante: hoy son todas las autoridades federales y estatales, quienes están formalmente en el banquillo de acusados, mientras los criminales están libres o son “testigos protegidos”, y Guerreros Unidos obtuvo las indulgencias del lópezobradorismo por este crimen que cometió.
25 Septiembre 2020 04:08:00
Desquiciaron a Andrés Manuel
Desquiciar es una palabra que se escucha fuerte, pero para la argumentación en esta columna es precisa. Desquiciar es cuando una persona pierde su seguridad y la serenidad, se trastorna su ánimo y se enoja de sobremanera.

Y desquiciamiento es lo que provocó Jaime Cárdenas en el presidente Andrés Manuel López Obrador con su carta de renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, donde habló de corrupción en la llamada cuarta transformación y, posteriormente, en una entrevista con René Delgado en Reforma, identificó a la fuente de sus males: Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente.

Con este tema arrancó López Obrador su mañanera el jueves, dedicándole una perorata descalificadora a Cárdenas y quejándose de la normatividad, con ese espíritu expresado varias veces de querer desaparecerla.

Ciertamente, es un instrumento que todos odian en el servicio público, pero fue establecida en el Gobierno de Miguel de la Madrid para frenar los abusos dentro del Gobierno. El autor intelectual fue Samuel del Villar, quien diseñó la cruzada por la Renovación Moral para ir limpiando la corrupción de arriba hacia abajo.

Un país añejamente corrupto como México y tan dado a las triquiñuelas, no es fácil de limpiar, como lo sabemos. Pero la lucha contra la corrupción desde el punto de vista moral no es nuevo, sino idea de Del Villar que, por si alguien no lo sabe, fue procurador general de Justicia del entonces Distrito Federal, bajo el mando de López Obrador.

La normatividad que detesta el Presidente es lo que defendió Cárdenas hasta lo imposible, al punto en que renunció antes de ser cómplice, como sugiere en Reforma, de Esquer. López Obrador, por su reacción, no esperaba que Cárdenas exhibiera la corrupción, antítesis de lo que presume el Presidente.

Esquer fue señalado como el funcionario que, cuando menos, solapó actos de corrupción en ese instituto, cuyos funcionarios robaron patrimonio e hicieron negocios, lo que impactó debajo de la línea de flotación de López Obrador, al surgir ese fenómeno lacerante al que ataca como un mal del pasado, en su despacho. La corrupción que dice aborrecer, cohabita con él en su casa y oficina.

Su secretario particular ya ha sido señalado por actos, al menos, ilegítimos. Su hija Carmelita fue nombrada en agosto del año pasado como directora de Pemex Procurement International, que adquiere insumos para la empresa, que promedian mil 500 millones de pesos al año.

Carmelita, que no tenía experiencia alguna en ese campo, fue nombrada por otro tabasqueño íntimo de López Obrador desde hace más de 30 años, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex. No obstante, nada sobre Esquer había sido tan contundente como lo que señaló Cárdenas.

Un reporte en Eje Central –para efectos de transparencia, soy uno de sus 22 socios– reveló que Esquer y el director de la Lotería Nacional –que será el remplazo de Cárdenas–, Ernesto Piedra, fueron varias veces a un almacén en Toluca donde guardaban objetos que ya habían sido subastados, y se los llevaron sin hacer los registros a los que obliga la ley, con el argumento que se necesitaban para la pandemia, y que le quitaron a la Marina un yate en comodato en Acapulco, con el pretexto que iban a venderlo –lo que no sucedió–.

Sin mencionar a Esquer, el Presidente hizo una apasionada defensa de él, y buscó cubrir con una capa de humo las imputaciones directas de corrupción, señalando como “sublimes” –así calificó– todas las acciones para comprar equipos médicos, subastas o la rifa de premios vendidos como si fuera para jugar por el avión presidencial.

Sin embargo, cada vez más se acumulan pruebas de corrupción no solo en su Gobierno, sino en su entorno más cercano, sin que haya acciones para impedirlo y sí, muchas palabras para acallarlo.

Por ejemplo, a la recepción de dinero ilícito por parte de su hermano Pío, que no ha sido investigada, se sumó otra revelación en Eje Central: José Ramiro y Martín, otros dos de sus hermanos, fueron mencionados en una de las denuncias penales contra el empresario Valdemar Ibarra Cavazos, señalado por haber entregado “millones de pesos” derivados de operaciones ilícitas al abogado Juan Collado.

La denuncia se entregó en la Fiscalía General el 16 de julio del año pasado, una semana después de que fue detenido Collado por presunta triangulación de recursos provenientes de la delincuencia organizada, pero sobre los hermanos del Presidente, la investigación también está congelada.

López Obrador lleva 22 meses en la Presidencia, y los señalamientos de corrupción en su entorno han aparecido de manera prematura, en comparación con otros presidentes. En este espacio se publicó en 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que a su hermano Raúl le decían “Mr. Ten Per Cent”, que era la forma como lo describían empresarios a quienes supuestamente les exigía 10% de comisión para apoyarlos en negocios que querían emprender. Aquí mismo se publicó unos 19 meses después de haber iniciado el Gobierno de Enrique Peña Nieto, las quejas de empresarios por la corrupción en su Administración.

Si uno observa las imputaciones a su primer entorno, se entiende la reacción de López Obrador, porque los señalamientos de Cárdenas pegaron por debajo de la línea de flotación de su pretendida honestidad. Es muy malo que el Presidente, en lugar de apurar a la Fiscalía General que actúe verdaderamente, como siempre pide cuando no le afecta a él, eluda con palabras responder el fondo de las cosas.

Pero es peor, mucho peor, que se haya desquiciado –por el poder autoritario que por diseño ejerce la Presidencia–, y que este jueves haya metido en la misma caja todas sus fobias y odios para ocultar lo que cada vez es más evidente: en su Gobierno, la corrupción corre a mayor velocidad que en anteriores sexenios. Frente a esta realidad, lo único que resta esperar son represalias.
24 Septiembre 2020 04:07:00
El malagradecido Presidente
Jaime Cárdenas ha sido un incansable luchador por las causas liberales y se ha alineado recurrentemente a las causas de la izquierda desde hace varios lustros. Al concluir su gestión como consejero electoral se sumó al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y lo acompañó por años con una enorme lealtad institucional. Bajo el mismo principio presentó su renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, por sentir que no podía ya cumplir con lo que se le estaba exigiendo, acompañada por una larga carta que remató con la denuncia de corrupción en ese órgano de Gobierno. López Obrador no le agradeció en nada su trabajo. Por el contrario. Le faltó temple y tuvo miedo, criticó.

Vaya con el Presidente, malagradecido irrefrenable, que no pudo quedarse callado para evitar exhibir las miserias de su Administración. No fue porque Cárdenas fuera blandengue. Renunció por la falta de apoyo de López Obrador y de su equipo para poder hacer el trabajo de limpia en ese instituto, pero dentro de los márgenes que marca la ley, como abogado que es, que fue lo que explicó a Ricardo Rocha, en una entrevista en Radio Fórmula. “Ellos esperaban seguramente de mí, lealtad, que por supuesto realicé, pero mi lealtad no era ciega, sino una lealtad reflexiva”, agregó.

Eso no le interesa a López Obrador, que exige incondicionalidad. Le pedía que limpiara el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, en donde se robaron lo que ha decomisado la Fiscalía General a ladrones, y resolviera la contradicción de cómo el instrumento más noble que tenía el Presidente, resultaba lo más grotesco y contradictorio por el hedor que exudaba. ¿Qué quería López Obrador? Quizás lo que hace él, tirar a matar sin preguntar si lo merecía. Tampoco se puede descartar que pretendiera ocultar lo podrido que está la institución mediante los chivos expiatorios.

El segundo escenario puede ser más cercano a la realidad, dados los antecedentes. El Presidente suele esconder las huellas de corrupción que lo afectan, y blinda a sus perpetradores. No hace lo mismo con quien es crítico, opositor político, o quien pelea para no dejarse extorsionar ni amedrentar. Para ellos, el peso abusivo del poder; para los suyos, la gracia llevada al nivel de complicidad. De Ricardo Rodríguez, a quien sustituyó Cárdenas en junio, se dijo que era para candidatearlo a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Era falso. A través de la prensa se supo que lo estaban investigando por presuntos actos de corrupción.

Cárdenas lo confirmó en su carta de renuncia, pero en la mañanera, el Presidente no se fue al fondo del tema planteado, sino a la descalificación del exfuncionario. Es su método. Sobre el acto de corrupción claro y evidente de su hermano Pío, que recibió dinero de procedencia ilícita, no ha vuelto a decir ninguna palabra. Inicialmente señaló que la Fiscalía General debía investigar, pero no se sabe qué haya pasado nada. Sí se conoce, por ejemplo, que desde el año pasado congeló una denuncia contra otros muy cercanos por corrupción y de obtener dinero de origen desconocido, que es considerado un delito grave que amerita la cárcel. Pero cuando en Chihuahua protestaron por el problema de aguas, instruyó a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que congelara las cuentas de los líderes involucrados, salvo, un alcalde que es de Morena.

La furia anticorrupción del Presidente a veces es muy certera y a veces falla monumentalmente. En lo que nunca se equivoca es en el encubrimiento. Hace unos días, al criticar a Héctor Aguilar Camín, el director de Nexos, indignado porque encabezó la convocatoria para firmar un desplegado que denunciaba la amenaza a las libertades por parte de López Obrador, le sugirió que dejara de pensar en el dinero, que no era lo más importante, y que viviera de manera más austera. 

Uno no puede dejar de pensar que López Obrador sí tiene apego al dinero, que le llegaba desde que era presidente del PRD, en cajas enviadas por altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Puede considerarse esto un rasgo de honestidad? Es tramposo para alguien que casi no ha trabajado en su vida, salvo una parte en los años 80, en la parte final de los 90, y en los cinco primeros años del siglo, tener el dinero suficiente para comprar dos departamentos y una casa en la Ciudad de México, y educar a cuatro hijos y mantener a dos familias en momentos diferentes. Pero su dinero y cómo se hizo de él, nunca ha sido tema. El dinero de los otros y la honestidad del próximo es lo que siempre atiende.

Sus márgenes siempre son políticos, no legales. De ahí la descalificación de Cárdenas, con un maltrato declarativo que sugiere su enojo por lo que reveló en la entrevista con Rocha, que querían resultados -cuáles son, no los especificó-, pero sin tomar en cuenta las normas y los procedimientos. A Cárdenas le preocupaba seguramente que cuando el sexenio acabe, se revisen todas las ilegalidades que cometió para saldar cuentas y deslindar responsabilidades. A López Obrador parece no importarle esa posibilidad, ni su prestigio. Debe pensar que el enorme poder del que goza hoy, será eterno. 
 
Nota: El presidente López Obrador se volvió a referir a mi persona en la mañanera, de la época en que fui director de Notimex (1988-1991) y mintió, como lo hace siempre que habla de medios y periodistas. En ese periodo se le abrió la puerta a la izquierda como a Cuauhtémoc Cárdenas, tras la controvertida elección presidencial. En lo personal yo voté por Cárdenas en 1988, mientras López Obrador, presidente del PRI en Tabasco, lo hizo por Salinas. En Notimex, antes de mi gestión, llegó a escribir Lorenzo Meyer, en su primera incursión en los medios, y Epigmenio Ibarra era corresponsal en El Salvador. 
23 Septiembre 2020 04:07:00
Los moderados se volvieron locos
En las últimas semanas, dos de los secretarios moderados en el Gabinete del presidente de Andrés Manuel López Obrador han incurrido en decisiones controversiales e inexplicables, que en las luchas palaciegas de poder les restan poder en lugar de fortalecerlos. En la resbaladilla llena de jabón se encuentran Esteban Moctezuma y Marcelo Ebrard. El primero, secretario de Educación, acaba de meterse en un problema; el segundo, secretario de Relaciones Exteriores, está tratando de salir del suyo sin demasiadas heridas públicas.

Moctezuma, un funcionario que públicamente parece gris pero que siempre ha sido duro, acaba de dar un golpe de timón extraordinariamente osado, y de forma discreta le quitó prácticamente todo el poder a los subsecretarios de Educación. Oculto tras las recientes medidas de austeridad del Gobierno y el recorte de los gastos de operación, Moctezuma publicó un nuevo reglamento interno de la Secretaría en donde creó nuevas secretarías generales, sumadas a las ya existentes, la mayoría de ellas dependiendo de él directamente.

Presupuestalmente, se puede pensar mediante ese tipo de acción que redujo gastos, que es lo único que ven la Secretaría de Hacienda y el Presidente, pero en el reacomodo incluyó adecuaciones a varios artículos normativos de la Secretaría. El más importante es el 52, dentro del Capítulo XI de la suplencia de los servidores públicos, donde se establecía que en caso de ausencia del titular, sería suplido, en este orden, por los subsecretarios de Planeación, Evaluación y Coordinación, de Educación Superior, de Educación Media Superior, de Educación Básica o por el oficial mayor.

La modificación que hizo Moctezuma establece ahora que en el artículo 53 del Capítulo VI de la suplencia de los servidores públicos de la Secretaría, “la persona titular será suplida en sus ausencias por las personas titulares de la Jefatura de la Oficina del Secretario, de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa, de la Unidad de Administración de Administración y Finanzas” y después de ellos, por los subsecretarios, excluyendo al Oficial Mayor.

De esta manera, Moctezuma se sacudió a los subsecretarios que le impuso López Obrador, y les restó poder, dejándolos en el rango de jerarquías por debajo de sus consejeros y jefes de Unidad, que son cargos que colocó sin injerencia presidencial. En el reacomodo financiero de la Secretaría, aprovechó para cambiar la correlación de fuerzas y construir una muralla en torno a él, hasta que el Presidente se dé cuenta de lo que hizo y empiece a dar explicaciones, o rectificaciones, como le sucedió a Ebrard.

La semana pasada brincó a la opinión pública la conclusión de una acción arbitraria que había tomado el canciller a principios de septiembre, cuando nombró “embajadora emérita” a la representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Luz Elena Baños Rivas. Ella es una diplomática de carrera, cuya nominación el año pasado como representante en la OEA no generó oposición. El problema surgió cuando hizo el nombramiento Ebrard, que provocó indignación en el Servicio Exterior Mexicano por una razón inexplicable que llevó al canciller a cometer el monumental error al designarla “embajadora emérita”, en violación de la Ley del Servicio Exterior, que les requiere tener al menos 10 años de trabajo distinguido como embajador o embajadora de escalafón, algo que Baños Rivas no tenía. Apenas en 2018 fue ascendida escalafonariamente a embajadora. 
Las presiones internas de los miembros del Servicio Exterior Mexicano se multiplicaron y rápidamente lo socializaron al enterarse del nombramiento de Baños Rivas, enviando correos electrónicos a varios periodistas, para trasladar un asunto intramuros a la arena pública, y ejercer presión de esa manera -porque Ebrard ignoró los reclamos-, para que se revirtiera la designación. La noticia no se hizo pública, pero el viernes la difundió en sus artículos periodísticos Jorge G. Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, quien definió como un “oso bananero” el tropiezo de Ebrard. “El canciller se habría quejado con su equipo de que no lo cuidaron de esta metida de pata, a él ‘que anda en veinte pistas’”, escribió Castañeda. “Tal vez debería concentrarse en una: la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

El supersecretario de Estado patinó con Baños Rivas de una manera incomprensible. Fracasó también en cumplirle al Presidente su deseo para que Jesús Seade consiguiera la titularidad de la Organización Mundial de Comercio, por algo que quizás López Obrador no sabe: no hizo el cabildeo extraordinario que requería –un latinoamericano que reemplazara a otro latinoamericano en el cargo, no era algo fácil de conseguir-, quizás porque la Casa Blanca no quería que fuera Seade quien se quedara con el puesto. 

No ha jugado claro Ebrard con López Obrador, como tampoco Moctezuma le está siendo leal al Presidente, quien colocó en la Subsecretaría de Educación Superior a Luciano Concheiro, como la persona con quien realmente vería los asuntos educativos en Palacio Nacional, y a quien el secretario ha buscado cómo neutralizarlo y deshacerse de él. Como no puede despedirlo, lo minimiza en responsabilidad. Como el Presidente no entiende de política exterior, Ebrard le coló una embajadora emérita.

Moctezuma y Ebrard traen la cabeza caliente, y están jugando a la politiquería, como define López Obrador la grilla. Ambos son parte del grupo de moderados en el Gabinete y el Gobierno, que es una corriente que ha ido perdiendo capacidad de acción e influencia en el Presidente, que se ha corrido al ala de los radicales. Sorprenden los yerros de los secretarios, que se cuentan entre los más capaces y experimentados en un gabinete de bisoñas y gerontocráticos, quienes al querer pasarse de listos, perdieron espacio, como sucede con Ebrard, sometido a un intenso golpeteo en los últimos días, o se coloca en riesgo ante el Presidente, como Moctezuma. La recuperación ahora les será más difícil al haber regalado armas a sus enemigos.
22 Septiembre 2020 04:07:00
Turbulencia social
Se le acumulan al presidente Andrés Manuel López Obrador las insatisfacciones políticas y sociales. Algunas crecen, como la protesta contra los feminicidios, o la de los productores agrícolas por el problema del agua. Algunas se reciclan, como los bloqueos de vías de ferrocarril y carreteras en Michoacán, y otras simplemente no han dejado de suceder, como el secuestro de casetas en las carreteras del país. En camino viene la protesta lechera en varios estados y el incremento de beligerancia en la Ciudad de México, con el plantón del movimiento que quiere la renuncia del Presidente.

Javier Sicilia, el activista con quien luchó en algún momento hombro con hombro, le escribió una quinta carta este domingo donde dice que cada vez le cuesta más trabajo llamarlo “Presidente”, porque “has promovido demasiado odio, desprecio y agresión como para seguirte queriendo”, ante sus actitudes de linchamiento más propias de un inquisidor que de un fariseo del Evangelio. Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano y que también fue aliado de López Obrador, le escribió otra carta el fin de semana donde afirma que “has cumplido la amenaza de mandar al diablo las instituciones”.

El caldero se le está calentando al Presidente, que en su incapacidad para solucionar problemas, eleva su temperatura. No deja de hostigar y burlarse de los casi 700 intelectuales, escritores, investigadores, académicos y miembros de la sociedad civil que le exigieron respetar las libertades, que respondió el día de su difusión con una fotografía escoltado por dos empresarios, Miguel Rincón, que es su compadre, y Carlos Slim, la persona más rica de México, para buscar un mensaje de inclusión y arropamiento. Patético, por falso e inútil.

La respuesta oficialista al desplegado fue la recolección de firmas, que ya suman más de 30 mil, de crítica a los críticos y pidiendo un debate público. López Obrador, en su posición de francotirador mañanero, se quejó que los medios no le habían dado a esta recolección de firmas el mismo espacio que al desplegado. Imposible hacerlo. Les guste o no les guste a algunos de los firmantes, el desplegado surgió de la necesidad de unir fuerzas ante la amenaza común que afecta a todos, mientras que la recolección de firmas la armaron quienes manejan la escuela de cuadros de Morena, junto con uno de los asesores ideológicos del Presidente, y los principales propagandistas del Gobierno. ¿Cómo darle el mismo peso a la sociedad que a la nomenklatura? Ni siquiera en los tiempos del PRI se hacía.

El Presidente se atrinchera, aunque parezca que marcha hacia el frente. Sus mañaneras se han vuelto irrelevantes en lo que tenga que informar, porque no informa, al haberlas convertido en un cuadrilátero donde se sube a pelear. Pero aun en la pelea, las cosas no salen como quisiera. La semana pasada, en las redes sociales donde piensa que suceden todas las cosas, porque cree que gracias a ellas ganó las elecciones presidenciales y no por los medios de comunicación, cuyas denuncias incansables sobre la corrupción del régimen las alimentaron, le fue, literalmente, fatal. No ganaron los suyos las batallas digitales, pese a los más de 150 millones de pesos que, según los expertos, está invirtiendo mensualmente en ellas para defenderse.

Domina la conversación, pero no los temas de la conversación. Quienes piensan todavía que es un genio en la comunicación política, no están analizando que lo que está haciendo el Presidente es reaccionar y defenderse de sus propios errores, que la prensa de carne y hueso le muestra como espejo en las mañanas de Palacio. No está en repliegue táctico, como mandarían los estrategas militares, porque no entiende de repliegues, sino, como los dictadores en Argentina, que inventaron la Guerra de las Malvinas para ocultar la profunda crisis económica, se fuga hacia delante, sin prever, como sucedió en aquel país, que al no tener control sobre todas las variables, los resultados pueden ser desastrosos.

López Obrador no tiene control sobre la variable epidémica, donde para evitar que la opinión pública siga señalando el desastre de la estrategia, los responsables de combatir la Covid-19 modificaron metodologías, dejaron de publicar proyecciones, y no están contando todos los casos de contagios y muertes que hay en el país. Los muertos no se ocultan, y cada vez aparecen más en el horizonte, identificados con otra enfermedad. 

Tiene el control sobre las variables económicas, pero la forma como lo hace genera descontrol y una crisis que se profundiza. Sigue apretando a la burocracia central, y haciendo ajustes al presupuesto, que están afectando a sus programas sociales, porque el dinero que dice ahorrar mediante la austeridad, lo tira en obras tan estratégicas para el país como, por ejemplo, el complejo cultural en Los Pinos o el parque ecológico en Texcoco. Sus fobias perjudican a la población y dañan al erario.

El Presidente está emocionalmente afectado, y aunque es una observación que puede ser tachada correctamente de subjetiva, puede ser visto a través de las imágenes: una, la forma como caminaba junto con su esposa en Palacio Nacional rumbo a dar el Grito del 15 de Septiembre, donde proyectaba agotada la investidura presidencial; dos, el viernes pasado, haciendo mofa con una risa forzada y extrañamente macabra, del titular de Reforma que mencionaba el número de masacres que ha habido en su sexenio. 

El problema de López Obrador es que no se detiene un momento a reflexionar, porque no escucha ni a los suyos. O algunos de los suyos, también, le calientan las neuronas, aunque lo lleven a tomar decisiones equivocadas. Como le gusta leer, no está de más recomendarle que lea lo antes posible La Marcha de la Locura, de Bárbara Tuchman, donde documenta “la sinrazón” en la toma de decisiones. Algo debe sacar de ello, si lo hace en forma autocrítica, en beneficio de él y del país.
21 Septiembre 2020 04:07:00
Licencia para difamar
Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, pudo haber hecho historia, pero se le escapó la oportunidad por la mediocridad y la mirada obtusa que lo llevó a definir “las mañaneras” del presidente Andrés Manuel López Obrador como una acción legítima. Al rechazar la petición de amparo de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, contra las imputaciones de López Obrador por haber alterado, argumentó, su presunción de inocencia, señaló sobre los márgenes de libertad del Presidente en sus eventos matutinos en Palacio Nacional:

“El objetivo de las conferencias de prensa permiten a la sociedad tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar información e ideas, lo cual es imprescindible no solamente como instancia esencia de autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales, y como elemento determinante de la calidad de la vida democrática en un país”.

Regis López, no entiende nada del experimento presidencial y por ignorante ha causado un enorme daño a las libertades. El Presidente no ejerce su derecho de réplica, porque no refuta con datos; ejerce el ataque con premeditación, alevosía, ventaja e impunidad. El juez redujo su posición al segmento donde se simula una conferencia de prensa, pero “la mañanera” es mucho más que eso. La Presidencia de la República la definió al arrancar el Gobierno como “comparecencia pública”, cuyo formato incluye un mensaje presidencial, actos de Gobierno –incluso internacionales– sirve para difusión de programas, propaganda, oficialía de partes, y respuestas a preguntas de periodistas, activistas y paleros, así como para sermonear y difamar.

La respuesta del juez omite todas esas características y desconoce que la figura presidencial implica una concentración de poder político al ser titular del Ejecutivo Federal. Por ello sus expresiones no son personales, sino reflejan al Estado mexicano. La conexión entre sus apreciaciones y sus seguidores está documentada, y cada denuesto, infamia y agresión, detona linchamientos civiles que, en algunos momentos, han estado a punto de convertirse en agresiones físicas en las calles.

Las palabras del Presidente deben de ser vistas en el contexto nacional, al ser México uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la libertad de expresión, defendida primariamente por periodistas y medios de comunicación, principales destinatarios de los exabruptos violentos y sistemáticos de López Obrador. A los altos riesgos para ejercer la libertad de expresión, la palabra del Presidente abona en la incertidumbre para mantener ese derecho.

El Estado debe cumplir con su obligación convencional de garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor de manera simultánea, como lo establece y protege la Convención Americana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que México suscribió y ratificó. Regis López, omitió los antecedentes y la jurisprudencia en la materia, establecida en el caso Kimel vs. Argentina, fundamental para este tipo de querellas.

Ese litigio comenzó en noviembre de 1989, cuando Eduardo Kimel, periodista y escritor, publicó su libro, La Masacre de San Patricio, que analizaba el asesinato de cinco religiosos durante la dictadura argentina en 1976, y criticaba la actuación de las autoridades, en particular la de un juez, que lo demandó por calumnia y por lo cual lo sentenciaron a un año de prisión y multa. Kimel impugnó la sentencia, y al final ganó, tras un juicio donde las partes presentaron alegatos en los que subyacía un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión en temas de interés público y la protección de la honra de los funcionarios públicos.

La resolución señaló que era necesario garantizar el ejercicio de ambos, subrayando que la prevalencia dependería de la ponderación que se hiciera a través de un juicio de proporcionalidad. Es decir, no todos, dependiendo su responsabilidad, son iguales, visto en forma aristotélica. Así lo dejó sentado:

“Respecto al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión, la Corte ha señalado que quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social. Esta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

“Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El Artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional, y no deben limitar más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.

“Por su parte, el Artículo 11 de la Convención, establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Esto implica límites a las injerencias de los particulares y del Estado. Por ello, es legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales que el Estado disponga para su protección”.

La Corte argentina determinó que se había violado el principio de la proporcionalidad, afectando los derechos de Kimel y dictó una sentencia de fondo, reparaciones y costas, que el Estado argentino cumplió. La dimensión de este caso y la jurisprudencia que tuvo a la mano el juez Regis López, muestra en toda su magnitud las limitaciones, deliberadas o no, en su fallo contra Ancira y lo más trascendente, su impacto contra las libertades en México, autorizando de esa forma que el Presidente, todas las mañanas, pueda seguir difamando.
18 Septiembre 2020 04:08:00
Se esfuma la magia de Andrés Manuel
La realidad del presidente Andrés Manuel López Obrador no es la que ven y perciben cada vez más personas, pero es donde vive y actúa, siempre refractario y violento ante quien piensa diferente. En vísperas de su 2º Informe de Gobierno, descalificó las encuestas que lo ubicaban en niveles de aprobación por debajo del 60%. “Yo tengo mi encuesta”, dijo, “70%, 65, 64 de aprobación”. Frases al aire para ocultar los contrastes. El 1 de septiembre, por ejemplo, El Financiero publicó que su aprobación estaba en 59%, un robusto número, que sin embargo, se debilitaba al desagregarse.

El 50% decía que el video de su hermano Pío recibiendo dinero, lo dañaba; el 50% consideraba que la lucha contra la corrupción no iba bien (contra el 27% que lo aplaudía); su honestidad iba a la baja (de 61% de respuestas positivas en marzo, a 49% en agosto); el 61% consideraba que estaba manejando mal la economía (solo 19% lo aprobaba); el 59% calificaba mal la política de seguridad, y partidos por la mitad, estaban quienes pensaban que las investigaciones contra la corrupción eran imparciales o tenían una motivación política.

Esa encuesta ya registraba la filtración de la denuncia de hechos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, donde hacía un enorme regadero de imputaciones que ayudaban al discurso de López Obrador, cuyo impacto positivo en la opinión pública le ayudó a neutralizar el video de su hermano recibiendo dinero en efectivo. Lozoya tuvo que desaparecer de la narrativa ante la irrupción de la corrupción de su hermano, y hasta esta semana retomó a la corrupción como eje de sus mensajes al solicitar la consulta popular para los expresidentes. Coincidió con la nueva encuesta de GEA-ISA, difundida ayer, y levantada en vivienda antes de su enjuiciamiento al pasado.

Su aprobación se ubicó en 45%, contra 47% de desaprobación, manteniendo los niveles de rechazo superiores al apoyo, como se registró desde marzo. Mucho tiene que ver con razones económicas. El 40% dijo que su situación económica es peor que hace un año, y el 35% afirmó que la de su familia es más mala. La aprobación de López Obrador, comparada con la variación anual del PIB, es la peor que ha tenido cualquier presidente de México desde que se mide la aprobación en los 90, y casi 30 puntos peor que el nivel histórico más bajo, de Felipe Calderón en 2009, cuando lo arrastró la crisis financiera global. 

Pero si la valoración sobre la economía es mala, la percepción sobre la forma como ha manejado la emergencia de la Covid-19, es peor. El 60% de los encuestados rechazó la forma como la ha enfrentado, y el 43% piensa que las autoridades sanitarias perdieron el control de la pandemia. En cuanto a cómo ha sido el apoyo a las instituciones de salud para abastecerlos de equipos y materiales, el 68% respondió que fue insuficiente.

GEA-ISA reconfirma lo que otros estudios de opinión mostraron previamente: la mayoría de los mexicanos no cree en las intenciones de López Obrador en el Caso Lozoya. La encuesta de El Financiero hace 15 días reflejaba que el 46% pensaba que las investigaciones contra la corrupción tenían una motivación política. En la encuesta de GEA-ISA, 46% consideró que lo que busca es desacreditar a sus adversarios para ganar las elecciones del próximo año. Este nuevo estudio muestra también la discrecionalidad con la que se percibe el actuar del Presidente: 72% de los encuestados dijo que el dinero que recibió su hermano sí era un acto de corrupción, y 48% (contra 33%), estimó que el trato dispensado a él es diferente al de los panistas acusados de sobornos.

Las encuestas de aprobación presidencial difundidas en septiembre prueban que el blindaje que tenía López Obrador ya no existe, y que sostenerla sobre su narrativa binaria y su carisma, cada vez tiene menor efecto. Sus esfuerzos para impulsar con sus dichos a Morena en las elecciones federales del próximo año, empiezan a tener rendimientos decrecientes, como prueba GEA-ISA, que en la intención de voto para diputados federales, registró 22% de apoyo al partido en el poder, solo 5 puntos arriba del PRI y 8 puntos de ventaja sobre el PAN. Estos números están lejos de ser concluyentes, no solo por el tiempo que falta para las elecciones de julio próximo, sino porque 40% de los encuestados se dijo indeciso. No obstante, el ánimo nacional está cambiando.

Todas las encuestas que no se ajustan a la percepción que tiene López Obrador de él mismo, dice que están “cuchareadas”, el coloquialismo que utiliza para descalificarlas, y le encanta compararse con sus contrapartes en el mundo. En esta ocasión, negando los datos de las casas encuestadoras, ha dicho que es el segundo Presidente mejor evaluado del mundo. Quién sabe a qué encuesta se refería, porque nunca reveló la fuente, pero es probable que sea cierto, porque su nivel de aprobación era tan alto, que una reducción lo deja de cualquier manera en buena posición. Lo que no dijo es que es uno de los líderes que más apoyo han perdido este año en el mundo.

El Presidente pelea o litiga todo el tiempo contra sus espejos, muchas veces identificándolos como medios de comunicación, que como lo han hecho la mayoría desde los 80, tratan al Presidente críticamente y meten al Gobierno en la caja de la rendición de cuentas. En otros habla López Obrador de manera abstracta, los “conservadores” y los “neoliberales”, fantasmas que ha construido para eludir hablar de las realidades, como su gestión en el manejo económico, en el control de la pandemia, o en reducir la inseguridad. Cada vez puede menos frente a la realidad. Cada vez, la magia que tenía, se le está esfumando.
17 Septiembre 2020 04:08:00
¿Para qué son buenos los expresidentes?
Las cosas pintan tan mal para el presidente Andrés Manuel López Obrador en el número creciente de fallecimientos por Covid-19, que hacen trizas su chocarrería de lo bien que lo ha hecho su Gobierno y como consecuencia la profundización de la crisis económica, que se comió sus palabras y presentó la solicitud para que se lleve a juicio político a cinco expresidentes. Lo necesita para hacer una campaña electoral paralela en 2021 y recrear el rencor al pasado que le granjeó 30 millones de votos en la elección presidencial, para que que le entregue una nueva mayoría en el Congreso.

Es absurda la consulta por definición, porque pide a la Suprema Corte que le autorice hacer su trabajo. Para eso se le paga, para que el Mandato que tiene lo asuma. Pero el Presidente no es un ignorante ni un irresponsable. Plantearla es una estratagema política para seguir ganando tiempo, porque el “yo acuso” de Macuspana quiere enjuiciar públicamente un sistema económico al que llama “el periodo neoliberal” y vincularlo con corrupción, que le sirva como guía en su narrativa electoral. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, revisará la petición para determinar si la pregunta propuesta para la consulta viola o no los derechos humanos de los expresidentes. Pero da igual. El propósito político está alcanzado.

Revivirá los fantasmas pasados, como “el innombrable”, como llamaba a Carlos Salinas, con quien comienza el ajuste de cuentas políticas al afirmar que en su Gobierno comenzó la desigualdad y la concentración “desmesurada” de la riqueza, lo que puede ser criticable, pero no constituye un delito. Tampoco lo es la privatización de bienes públicos, que también le recarga a Ernesto Zedillo, en la que participaron algunos de los cercanos colaboradores del hoy Presidente, y se beneficiaron varios empresarios cercanos a él. Tampoco es delito.

“Los males señalados”, tiró el dardo, “no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y popular”. Una vez más, se puede debatir en lo político, pero no penalmente. Ese modelo no causó desigualdad, por cierto, pero sí produjo crecimientos mediocres. Está peor con López Obrador, donde el crecimiento venía en picada en 2019 y se profundizó con la pandemia, causando probablemente mayor desigualdad y pobreza. Del crecimiento económico, ni hablar: el peor en la historia.

“Las más altas esferas del poder público y específicamente quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo”, añadió López Obrador, “se empecinaron en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes”. En su cabeza se encuentran Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Difícilmente podrá vincular a Calderón con actos que violaran los derechos humanos, porque a diferencia de él, no reconoció haber incurrido en delitos a favor de criminales. No puede decir lo mismo Peña Nieto, cuyo Gobierno armó a paramilitares en Michoacán para aniquilar a Los Caballeros Templarios. En todo caso, nadie hizo lo que López Obrador, de apoyar a los cárteles de la droga, al no enfrentarlos, y decir que son menos malos que los delincuentes de cuello blanco. Es decir, un peso vale más que una vida.

A Vicente Fox le pasa la factura por el desafuero que intentó contra López Obrador cuando era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, al intervenir “indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición”, lo cual se podría echar en cara también al actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a quien se responsabiliza del fraude electoral de 1988, de donde surgió Salinas, a quien dice en la solicitud de consulta que fue producto de un proceso ilegal.

Dice que Peña Nieto recibió dinero ilegal para su campaña presidencial, apoyándose en la denuncia de hechos de Emilio Lozoya que, como el mismo López Obrador ha señalado, tendrá que probar sus dichos. No obstante, la petición para la consulta da por sentado que sí hubo dinero ilegal en la campaña, y le abre la puerta con la pregunta propuesta para la consulta para que se les enjuicie por la presunta comisión de delitos “durante y después de sus respectivas gestiones”. Como Lozoya también imputó a Salinas por haber hecho cabildeo a favor de empresas petroleras –lo que no es delito- durante la negociación de la Reforma Energética, también hay una dedicatoria contra él.

El extenso alegato que hace López Obrador borra la presunción de inocencia, como cuando se refiere al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sujeto a proceso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, para responsabilizar a Calderón de omisiones políticas. O al asumir que durante cinco gobiernos, lo que guió a los expresidentes fue la corrupción y las complicidades con el poder económico. Cuando le llegue el momento a López Obrador, la opacidad en las adjudicaciones y la presunta corrupción de su familia, será un lastre peor que el que existe hoy contra Peña Nieto, el creador del tsunami electoral de 2018 por todas las acusaciones de inmoralidad contra su Gobierno.

El ministro Aguilar no revisará las hipótesis sobre lo que deparará a López Obrador cuando deje el poder, sino la constitucionalidad de la pregunta, que podría analizar en el contexto de la exposición de motivos. Ahí ya los acusó López Obrador y los condenó al descrédito y desprecio. No necesita políticamente más, salvo seguir remachándolo. Si la Suprema Corte lo apoya, le facilitará la cobertura legal para que se monte en la boleta electoral del 21. Si declara inconstitucional la consulta, da igual. Convirtió a los expresidentes en la turbosina que necesita para que Morena vuele hacia la mayoría en el Congreso, y que atranque la vigencia de su proyecto y blinde su futuro. Comerse sus palabras, bien vale un voto.
16 Septiembre 2020 04:08:00
Terror y circo
El 15 de septiembre de 2020 será un día muy difícil de olvidar. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos mostró el tipo de país que está construyendo: las leyes emanadas de la Constitución no sirven; los juicios sumarios son los que valen. La voluntad popular es una frase de pacotilla; la única voluntad que vale es la suya. Los instrumentos de procuración y administración de justicia son secundarios; la Unidad de Inteligencia Financiera es la que se ocupa de perseguir a quien señale el Presidente. Colonizado el Poder Legislativo y amedrentado el Judicial, el presidencialismo mexicano se encuentra en el ideal que no alcanzó ninguno de sus predecesores: un líder fuerte, utilizando todos los recursos metaconstitucionales con los que cuenta su oficina, fugándose hacia el autoritarismo.

No le gusta a López Obrador que lo llamen autoritario, pero no hay otra descripción que le venga como anillo al dedo. Definitivamente no es un demócrata, y ha dado pruebas incontrovertibles de ello, ni está interesado en la construcción de un país de leyes y un Estado que funcione a través de contrapesos, rendición de cuentas y transparencia. Sus corifeos en el Gobierno y en las cámaras están para servirle y acomodar la realidad real, a la realidad presidencial. A quien no le guste, que afronte las consecuencias de la persecución del Gobierno y esté dispuesto, o dispuesta, a que el linchamiento público disponga de su reputación, porque esto es para lo que la mayoría del electorado le dio el mandato en 2018, para utilizar los recursos de la democracia y levantar un sistema autócrata.

Como botones de muestra:

1.- López Obrador había dicho reiteradamente que él no estaba en la lógica de enjuiciar a expresidentes, pero si una consulta popular se lo pedía, acataría el mandato del pueblo. El lunes, la recaudación de firmas para pedir la consulta popular, cuyo plazo para hacerlo terminaba ayer, alcanzaba apenas 50% del total. El Presidente dijo el martes que tenía información que ya habían juntado todas las firmas restantes -como siempre, sin posibilidad de corroboración-, lo que habría sido un milagro moreno, pero por las dudas y por si acaso, mandó un escrito al Senado para que se realice la consulta sobre “el posible enjuiciamiento”, siempre, precisó, “de acuerdo al debido proceso”.

El debido proceso tiene como principio la presunción de inocencia, que a López Obrador le da igual. Durante los gobiernos de sus cinco predecesores, afirmó en el escrito, “ocurrieron quebrantos monumentales al erario, corrupción generalizada, prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado, violación masiva de los derechos humanos”. La presunción de inocencia no existe, como tampoco un sistema de leyes. Si estuviera apegado a Derecho, no necesitaría la pira en el Zócalo, sino una investigación para determinar si esos presuntos delitos por los que los acusa, se sostienen en un tribunal.

Pero el Presidente explicó ayer por qué no recurre a la ley. “En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político”, dijo, al recordar su discurso de toma de posesión. “Si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del privado, no habría juzgados ni cárceles  suficientes”. O sea, no le importa nadie salvo los expresidentes. Son culpables políticos, históricos y morales, a su juicio, tanto ellos como los empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones -algunos muy cerca de él-, pero sobre quienes no procederá. Para que sean culpables los expresidentes, de acuerdo a Derecho, tendrían que probarse las acusaciones. La mañanera no es para probar. Ahí se juzga sumariamente y se sentencia a la muerte civil.

2.- López Obrador tiene lugartenientes que no actúan con la ley en la mano, sino  abusando del poder. La semana pasada, el Presidente dijo que había políticos detrás de la toma de la presa La Boquilla, y el lunes, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, congeló las cuentas del exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, del Alcalde de Delicias, Eliseo Compeán; y del presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar. 

Nieto, sacando de la chistera un medio conejo, afirmó que el congelamiento de las cuentas de Reyes Baeza es por el desvío de recursos del ISSSTE en la llamada “Estafa Maestra”, señalando implícitamente que no se trata de ninguna revancha presidencial. ¿Por qué no se ocupó del tema antes? No lo explica, y tampoco tiene mucho margen para rebatir que no sea culpable de intimidar disidentes y castigar penalmente la acción social. Alcántar tiene en sus cuentas 26 mil pesos, sin que Nieto aclare, todavía, el porqué de su acción represora.

3.- López Obrador agradeció que se hayan vendido boletos para la no rifa del avión presidencial, sorteado este martes. Se quedó corto en la meta de recaudar 3 mil millones de pesos, que era casi 30% de lo que se debe aún para cubrir el costo total del avión que adquirió Banobras, sin contabilizar que de los premios -que terminó de cubrir con subsidios federales-, faltarían por cubrirse otros 800 millones por impuestos que tienen que pagarse, salvo para los ganadores que vivieran en la Ciudad de México, donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el erario capitalino cubriría los impuestos. De cualquier forma, mil 800 millones de pesos, más los otros millones en subsidios para comprar boletos y repartirlos gratuitamente, salieron del presupuesto de la Austeridad Republicana, casi la mitad de lo que saldría en solventar el precio de la aeronave.

El circo sirve para los objetivos políticos del Presidente, y cuando se le atraviesan, aplica el terror. Vaya día este de la Independencia lleno de barruntos y amenazas. ¿Qué nos depara el futuro? Esperemos la siguiente mañanera.
15 Septiembre 2020 04:08:00
La farsa del avión
Finalmente, la farsa de la rifa del avión presidencial que no se rifará, llega al plazo establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como último recurso para esconder un fiasco que él mismo ocasionó al prometer en la campaña de 2018, sin nada que pudiera soportar su palabra, que vendería una aeronave que comparaba, también de manera frívola y tramposa, con el Air Force One que utilizan los presidentes de Estados Unidos.

La rifa está programada para hoy a las 4 de la tarde, donde veremos los vericuetos que haga el Presidente para vestir de gesta patriótica –después de todo es 15 de septiembre, ¿no?– lo que ha sido un calvario.

Con López Obrador todo puede suceder. Sus comparecencias mañaneras en Palacio Nacional son como entrar a la casa de los sustos en una feria, donde uno tiene claro cómo inicia el recorrido, pero no sabe cómo terminará.

Cuando anunció la rifa el viernes 7 de febrero, dijo que esperaba recaudar 3 mil millones de pesos de la rifa, de los cuales se entregarían 100 premios de 20 millones de pesos a cada uno, por un total de 2 mil millones de pesos. Habría 6 millones de cachitos para venta, lo que permitiría, dijo, de venderse todos los números, obtener los 3 mil millones.

Con la tercera parte de lo recaudado, esos mil millones fuera de premios, López Obrador detalló que se repartirían de la siguiente manera: 900 millones para completar el avalúo del avión, 400 millones a la Fuerza Aérea para mantener el avión durante dos años, y una cantidad menor para los billeteros. Si usted hace la suma, dan al menos mil 400 millones de pesos, pero esa diferencia es una exquisitez. Las matemáticas no dan, pero es el menor de los problemas.

En el momento en que se anunció la rifa, el Gobierno esperaba recaudar 150 millones de dólares, que al tipo de cambio en ese momento (18.66 pesos por dólar), equivalía aproximadamente a 2 mil 800 millones de pesos.

El avión lo habían tasado en 130 millones de dólares, que a ese tipo de cambio equivalía a 2 mil 245 millones de pesos. El avión está pagado en su totalidad y es propiedad de Banobras, que hizo un muy buen acuerdo para el tipo de cambio de la operación: menos de 11.35 pesos por dólar.

Esta farsa comenzó cuando al empresario hotelero más cercano a López Obrador se le ocurrió la rifa del avión y el Presidente le compró la idea, sin pensar en las complicaciones que acarrearía. El Presidente chantajeó a empresarios para que le compraran paquetes, pero no le fue como esperaba. De hecho, con nadie le fue como pensaba que le iría.

La idea de la rifa siempre fue extravagante y tramposa, que primero causó risa en el extranjero y luego críticas. Aquí se volvió un problema real para el Gobierno por la tozudez presidencial de desaparecer por la vía más gritona, lo que él usó como símbolo de derroche.

El presidente Enrique Peña Nieto también pensó en rechazar el avión que le heredó el presidente Felipe Calderón, pero antes de tomar la decisión, Banobras solicitó a la empresa británica Ascend Flightglobal Consultancy, un informe sobre las opciones de venta. La consultora dijo que sus posibilidades eran limitadas, por lo que para lograrlo, tendría que haber un descuento por readaptación, que iría de 30 a 50% de su valor original. La recomendación era mantenerlo y operarlo.

Ese reporte fue entregado al equipo de López Obrador durante la transición. La opción de mantenerlo era intransitable para López Obrador. Fue una de sus grandes ofertas de campaña, donde el rédito político era inmensamente superior al ahorro real de usarlo o no usarlo, que es marginal.

Ayudaba a su narrativa porque era algo que fácilmente se podía imaginar la gente, como cuando anunció la rifa que dijo que resolvería “este problema que nos heredaron de los gobiernos faraónicos”.

No le heredaron ningún problema, pero se creó uno, en el que está metido actualmente y, a menos que apareciera un comprador de carne y hueso que le pagara 130 millones de dólares –no en su equivalente en pesos– por el avión, salvará cara realmente y demostraría que su empeño en deshacerse de él sin gasto adicional, era correcto. Por ahora, eso no existe.

Hasta el lunes de la semana pasada, se había vendido el 63.58% del total de los cachitos, que equivalía a mil 907 millones de pesos, según informó el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto. Para cubrir los premios de la rifa, estaban cortos por 93 millones, y para compensar la falsa venta del avión, el Gobierno estaba a más de mil millones de pesos de alcanzar su meta original. Pero como la memoria es corta, el Presidente ya no se refirió a todo del dinero que esperaba recolectar de la rifa este lunes, cuando anunció que se había “cumplido la meta” –falso– de cubrir los premios.

Tampoco dijo cómo hizo la Lotería Nacional para vender 30% de los cachitos que faltaban una semana antes, que en realidad no se vendieron. El Gobierno asumió el costo y con la ayuda de sindicatos colocó de manera gratuita boletos.

En números redondos, si faltaban, puso 93 millones para financiar 93 millones de premios que faltaban por cubrir, el Gobierno terminó pagando unos 186 millones de pesos más, mediante el subsidio provocado por la genialidad de la rifa. A ello habría que añadirle los mil millones que no pudieron conseguir de la rifa.

Será la primera vez que la Lotería Nacional entrega un premio completo cuyas series no fueron vendidas en su totalidad, sino pagadas por el Gobierno para minimizar el daño en la imagen de la Presidencia por la farsa de la llamada rifa del avión. Solo resta decir, que siga el circo.
14 Septiembre 2020 04:09:00
¿Engañaron a López Obrador?
Durante agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para sacudir el avispero político y repartir a mansalva acusaciones de corrupción. Partía de la denuncia de hechos construida a dos manos, entre Lozoya y la Fiscalía General, donde a cambio de que señalara con el índice a quien le dijeran, garantizaba su libertad, la de su familia, su dinero –incluidos 10 millones de dólares que asegura la empresa Odebrecht le dio como soborno- y, de paso, podría cobrarse cuentas personales. Pero desde hace tres semanas, el Presidente ha sido más cauteloso en sus dichos y subrayan todo el tiempo que esas acusaciones tendrían que probarse.

El entusiasmo de López Obrador en agosto no correspondía con lo que sucedía en el interior de la Fiscalía General, donde veían que Lozoya estaba incumpliendo el pacto que hizo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, al no estar entregando toda la documentación dura, demostrable e incontrovertible, que soportaran sus múltiples imputaciones. La molestia contra Lozoya motivó la petición a las autoridades alemanas para catear las propiedades de su esposa en Baviera, a principios de agosto.

En víspera de ese cateo, la Secretaría de Hacienda presentó una querella contra el exdirector de Pemex por haber pagado menos impuestos de los que debía. El director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, que depende de la Procuraduría Fiscal de Hacienda, Josué Miguel Contreras, presentó la querella a Gertz Manero el 27 de julio, donde señala que Lozoya declaró el 9 de mayo de 2017 ingresos menores a los “realmente obtenidos”, y dejó de pagar en impuesto sobre la renta 2 millones 695 pesos.

Contreras le entregó a Gertz Manero las declaraciones patrimoniales de Lozoya que mostraban que durante 2016 –él renunció a Pemex a mediados de febrero de ese año-, había tenido ingresos acumulables por casi 10 millones de pesos, de los cuales poco más del 8% había sido por salario. Además, le entregaron la documentación que había tenido depósitos en sus cuentas bancarias por 18 millones de pesos, por lo que el pago de impuesto sobre la renta se había quedado corto. Hacienda le pidió a la Fiscalía que investigara lo que a su juicio es un delito.

No se sabe del resultado que tuvo la querella o si la Fiscalía General inició la investigación solicitada. El caso Lozoya, sin embargo, tiene síntomas que está resultando más difícil de armar de lo que alegremente pensaban en el Gobierno, y que, concediendo criterios de oportunidad como un sistema anticorrupción, podían fácilmente imputar a exfuncionarios, con sustento o sin sustento, para llevar a cabo la purificación de la sociedad que pregona el Presidente.

Pero algo extraño está pasando en el caso Lozoya. El exdirector de Pemex llegó a México, procedente de España, el 17 de julio. López Obrador dijo tres días después que ya había rendido su primera declaración ante la Fiscalía General, pero 48 horas después la Fiscalía desmintió al Presidente y negó que fuera cierto. Lo que había entregado Lozoya, en realidad, y como parte de su negociación para no pisar la cárcel y caminar rumbo a la puerta de la libertad, fueron memorandums donde narraba diferentes casos de presunta corrupción, acusaba a exfuncionarios y legisladores, culpaba a todos de ilícitos y se decía inocente, víctima de un mecanismo que lo obligó a cometer delitos.

Al regresar de España, Lozoya estuvo durante 11 días sin que nadie supiera de su paradero y sin que pasara por un juez. Hasta el 28 de julio tuvo su primera audiencia, y una segunda el 29, tras las cuales el juez, siguiendo los lineamientos de la Fiscalía con Lozoya, lo dejó en libertad condicional, con un dispositivo electrónico colocado en el tobillo y la obligación de firmar dos veces al mes ante la justicia, lo que hace de manera virtual.

Lo que ha venido después es la nada. Se desconoce si ha rendido más declaraciones ministeriales, si ha empezado a aportar la documentación prometida, o si los entregables pudieron corroborarse. Gertz Manero logró que el juez extendiera el periodo de ampliación de la investigación hasta finales del año, por lo que no puede decirse que el caso Lozoya esté en el limbo. Se encuentra en otro estadio, el de la suspicacia de que se trata de un gran timo el de Lozoya a la Fiscalía, el de la Fiscalía al Presidente y el del Presidente a la sociedad mexicana.

En la última semana, el lunes pasado para ser más preciso, se movió el caso, pero no por la Fiscalía General, sino por la Fiscalía de los fiscales de Hacienda, en donde colocó Contreras la querella, lo que los conocedores señalan que es una señal de que la van a impulsar, más allá de lo que haga la Fiscalía General. Si esto marcha por esa vía, Lozoya tendrá una presión adicional a las que ya tiene, donde su madre sigue en detención domiciliaria y su hermana y su esposa son prófugas de la justicia, porque tienen orden de aprehensión. De proceder la querella hacendaria, enfrentará un presunto delito que no contemplaba, el de evasión fiscal.

Si Lozoya se está burlando de la Fiscalía, Hacienda está actuando. Objetivamente hablando, la credibilidad del exdirector de Pemex está muy mermada, y futuras imputaciones, ante la presión a la que está sometido, tendrían que ser evaluadas y procesadas tomando en cuenta todo el contexto. Es cierto que en este Gobierno la legalidad no es prioridad mayor a la política, y López Obrador necesita al Lozoya locuaz de la denuncia de hechos, porque está teniendo rendimientos decrecientes en materia de corrupción al empezar a salir información de presuntos delitos en donde menos esperaba, de su seno familiar, sin nada para contrarrestarlo.
11 Septiembre 2020 04:07:00
A juicio AMLO y las mañaneras
Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, detenido en España en mayo del año pasado por varios presuntos delitos, entre ellos la venta de Agronitrogenados a Pemex, acaba de iniciar un proceso judicial que hará historia por dos razones: demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber violado sus derechos al transgredir 10 artículos constitucionales y uno más de la Convención Americana de Derechos Humanos, y exigió que se pronuncie el Poder Judicial sobre las mañaneras.

El alcance de la demanda trasciende el caso de Ancira, al pedir respuestas para saber si caben dentro de la ley los agravios que decenas de personas, grupos o instituciones han recibido en las mañaneras.

Las mañaneras son un diseño institucional de López Obrador mediante el cual ejerce la gobernanza, difunde las acciones de su Gobierno, hace propaganda, y responde preguntas de periodistas, paleros para reorientar o desviar temas candentes, y de grupos de interés o gestores que llevan sus propias quejas, denuncias o demandas al Presidente.

En sus respuestas, suele acusar sin pruebas, mentir o difamar individuos, grupos, empresas o instituciones. En el caso específico de Ancira Elizondo, de acuerdo con el pliego, “ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable”.

La demanda de amparo indirecto que fue presentada el miércoles en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se refiere a las afirmaciones que hizo López Obrador en las mañaneras, lo que al mismo tiempo coloca ese instrumento de poder en el banquillo de acusados. “El poder que detenta el Presidente de la República tiene un alcance de enorme magnitud y las declaraciones que ha realizado implican un amedrentamiento a los juzgadores nacionales”, apunta la demanda de amparo de Ancira. “Con sus manifestaciones se menoscaba seriamente la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad y eficacia”.

A lo que se refiere es al fallo que obtuvo de un juez en Chiapas el 13 de agosto en contra de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por considerar que los delitos que se le imputaban habían prescrito. La reacción de López Obrador fue casi inmediata.

Tras el fallo del juez, indica la demanda, entre el 20 de agosto y al menos el 4 de septiembre, el Presidente se empezó a referir a Ancira “como culpable de los hechos delictivos que se le imputan”, y a sugerir que el amparo que le dieron había sido obtenido de “manera irregular”.

El litigio de Ancira está corriendo en los tribunales mexicanos, pero ante la forma como López Obrador se ha expresado en las mañaneras, aduce, se altera el debido proceso, como quedó plasmado en la doctrina del “efecto corruptor” que elaboró el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el caso Cassez.

“Los actos que se reclaman”, dice la demanda, “son precisamente las manifestaciones públicas o declaraciones, hechas por el Presidente de la República, ostentando dicha investidura (y no la de un particular) en relación al proceso penal que enfrenta el quejoso. Estas manifestaciones son claramente lesivas de los derechos humanos y garantías del impetrante, en forma directa, al acceso a información plural (oportuna y veraz), y en forma indirecta, a la presunción de inocencia, a un debido proceso y al acceso a la justicia imparcial”.

Pero la dimensión mayor de la demanda se encuentra en una batería de 17 preguntas donde piden al juez que antes de proceder al desarrollo de las violaciones que reclamaron, dé respuesta a las interrogantes que envuelven los problemas jurídicos que se enfrentan:

1.-¿Cuáles son las vertientes del principio de independencia judicial?

2.- ¿Qué tipo de actos pueden violar el principio de independencia judicial?

3.- ¿Qué actos pueden considerarse como presiones externas a la función judicial?

4.- ¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el Presidente manifieste que se investigará a todo juez que resuelva en favor del quejoso?

5.- ¿Qué autoridad del Estado mexicano es la facultada y obligada a proteger a los jueces cuando hay una amenaza en contra de la libertad para emitir sus resoluciones?

6.- ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión del Presidente?

7.- ¿Cuál es el alcance del principio de división de poderes?

8.- ¿Qué autoridades están facultadas para investigar a los integrantes del Poder Judicial?

9.- El principio de división de poderes ¿protege las facultades de los órganos constitucionales autónomos?

10.- ¿Cuáles son las vertientes del principio de presunción de inocencia?

11.- ¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por actos ejecutados fuera del proceso?

12.- ¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por parte de autoridades que no intervienen de manera directa en el trámite legal del proceso penal?

13.- La exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una violación al principio de presunción de inocencia?

14.- ¿Qué naturaleza jurídica tiene la reparación del daño?

15.- ¿Qué implicaciones genera que una autoridad exija, requiera o solicite en forma reiterada y pública la reparación del daño de un delito al imputado, antes que el mismo sea condenado por un Tribunal competente?

16.- ¿Qué implicaciones tiene que, ante los medios de comunicación, se exija a un imputado que repare el daño de un delito?

17.- ¿Cómo deben repararse las violaciones al principio de presunción de inocencia cuando se expone a un imputado como culpable ante los medios de comunicación y se le exige, requiere o insta públicamente a la reparación del daño de un delito que aun no ha sido juzgado?

Todas estas preguntas son una radiografía de las declaraciones del Presidente en las mañaneras, planteadas mediante las interrogantes como violaciones a la Ley, que será tarea del juez determinar si lo son.
10 Septiembre 2020 04:07:00
México, en riesgo
México en riesgo no es un lugar común, como algunos pudieran pensar. Es como se titula el último informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, que hizo un amplio diagnóstico sobre lo sucedido en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde el punto de vista geopolítico, con la perspectiva de lo que significa para Estados Unidos la profundización de las crisis que ha desatado el mismo Presidente, según consideran, y las que se le han sumado por factores exógenos, como la Covid-19. Su audiencia no es Palacio Nacional, sino la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Capitolio. Su interés no es México per se, sino lo que su descarrilamiento significaría para la seguridad nacional de esa nación.

El Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales es un laboratorio de ideas y propuestas -un think tank-, considerado el más influyente en temas de seguridad nacional y militares, por cuyas oficinas han pasado varios de quienes fueron piezas claves en gobiernos republicanos y demócratas, como Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski y Richard Allen, consejeros de seguridad de Richard Nixon, James Carter y Ronald Reagan; secretarios de Defensa como Harold Brown, o exjefes de la CIA, como James Schlesinger. El autor del reporte, Evan Ellis, asociado al programa de América Latina del CSIS, por sus siglas en inglés, es además, profesor de estudios estratégicos en el Colegio de Guerra del Ejército.

Para decirlo claramente, lo que dicen lo escuchan en Washington. Y lo que pintan en el horizonte mexicano está lleno de tormentas y peligros. “México, cuya estabilidad y bienestar es vital para Estados Unidos, está atrapado actualmente en crisis preocupantes, que se alimentan mutuamente, en salud, economía y seguridad”, escribió Ellis. “Es del mayor interés de Estados Unidos, pese a estar distraído en sus propias luchas, ser un vecino particularmente bueno y atento a lo que necesite México en estas horas”.

El diagnóstico pinta un Gobierno ineficaz en lo económico, en el manejo del coronavirus y en la seguridad. Es crítico también de López Obrador porque, estima, un componente de las múltiples crisis que enfrenta son producto de sus propias acciones. “Más allá de la contracción de la actividad económica y el entorno hostil a la inversión, la pandemia de la Covid-19 creó una crisis fiscal creciente en México, pese al compromiso de AMLO de austeridad”, agregó Ellis.

“La crisis redujo los ingresos de México de las actividades productivas nacionales y las exportaciones, al mismo tiempo que ha obligado al Gobierno federal a incrementar el gasto, incluidos 135 mil millones de pesos para la población vulenrable impactada por la pandemia. La combinación de precios de petróleo bajos y las deficiencias internas, han convertido a Pemex en la principal fuga de recursos, en lugar de ser un generador de ingresos, sumando 2 mil millones de dólares de deuda en el segundo trimestre de este año. En junio, el Banco Mundial extendió su línea de crédito de mil millones de dólares para ayudarle a México a sortear la crisis, por lo que se espera que la deuda pública salte de 45% a 60% para fines de año”.

Los datos que aporta el informe son distintos a aquellos con los que López Obrador satura diariamente a la opinión pública nacional. No porque sean diferentes, sino por la tramposa interpretación al hablar de ellos, o abiertamente mentirosa, como cuando afirma que la situación económica está bien y que la recuperación tras la Covid-19 será rápida. “Con negocios eliminados de manera permanente y un sistema financiero cojo, se puede argumentar que México enfrenta el riesgo de perder una década de crecimiento económico, mucho más grave que el periodo que siguió a la suspensión de pagos de la deuda en 1982”, adelanta Ellis. “El deterioro de la situación en México amenaza con impactar a Estados Unidos en múltiples formas”.

El experto menciona los desafíos globales como el terrorismo -el temor a que por la frontera común entren personas o grupos que quieran cometer actos violentos en territorio estadunidense- o la pandemia del coronavirus -que requiere de colaboración bilateral estrecha para evitar un ir y venir de contagios-, que son temas a los cuales el presidente Donald Trump se ha referido varias veces en tono de desprecio a México y como enemigo de los intereses de su país. Algo que no ha abordado Trump pero explora ampliamente Ellis, es la ventana de oportunidad que se le ha abierto a China para expandirse en México, ante las necesidades inmediatas de López Obrador en inversión y medicinas, y el vacío que está dejando Estados Unidos.

En el tema estrictamente bilateral, Ellis no es menos ominoso. Un eventual colapso de la economía mexicana, afirmó, agravaría la forma como la crisis sanitaria y económica existente afecta las cadenas de valor con el mercado norteamericano, que podría detonar que millones de mexicanos y centroamericanos “desesperados” busquen emigrar a Estados Unidos, mientras que el deterioro en la seguridad podría incrementar el flujo de drogas letales a ese país, extendiendo la violencia en ambos lados de la frontera.

La multiplicidad de crisis incrementaría el caos político, que animaría a las corrientes más duras de López Obrador, a quien podrían empujar a un “gobierno políticamente caótico y radicalizado”, que minaría la relación y cooperación con Estados Unidos e iría en contra de la agenda estadunidense, como su posición con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. “Los dilemas que confronta México son graves”, añadió Ellis. “Las opciones disponibles para México y Estados Unidos para enfrentar los problemas no son ni fáciles ni baratas, pero el costo de la inacción es inaceptable”.

El informe recomienda que Estados Unidos rescate a López Obrador, al que ve sobrepasado e incapaz de sortear las crisis que enfrenta. Cínicamente hablando, es lo que espera López Obrador, aunque diga lo contrario.
09 Septiembre 2020 04:07:00
Entre el terror y la beligerancia
El patíbulo en el cual ha convertido Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado dos reacciones excluyentes, el terror de miembros de órganos autónomos y el Poder Judicial, y la beligerancia, encarnada en la Alianza Federalista, que ante la manera autocrática como gobierna el jefe del Ejecutivo, decidió apostar por un bloque que, en la defensa de la doctrina que promueve la separación y el respeto de los poderes federales, intenta crear un contrapeso, ante el enanismo del Legislativo y el amedrentamiento del Judicial.

En el primer caso, cada vez emerge más información que muestra la cobardía dentro del Instituto Nacional Electoral, encabezada por el consejero Ciro Murayama, durante la votación sobre los nuevos partidos. No cayeron en ello fueron, pues aunque con votos a veces contradictorios, no jugaron el papel preponderante de Murayama. El jueves, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE autorizó el registro de México Libre como partido. El viernes, Murayama planteó que esa organización encabezada por Margarita Zavala y promovida por su esposo, Felipe Calderón, había presentado un 8% de las aportaciones recaudadas -1.2 millones de pesos- sin identificar el origen de los donantes.

Más allá de los alegatos políticos que se derivaron de la negativa del INE a otorgarle el registro, hay dos vertientes, técnica y política, como explicó Javier Tejado en su columna en El Universal, que desmenuzan la actitud de Murayama, apoyado por el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova. El alegato de Murayama fue que México Libre utilizó la aplicación CLIP para cobrar vía celular, que no aportaba información clara del donante. Tejado recordó que ese sistema lo empezó a utilizar México Libre en mayo, y que no fue sino hasta agosto cuando el INE le pidió la información de las personas que donaron por esa vía.

México Libre, apuntó Tejado, no tenía la totalidad de los números de cada tarjeta de crédito por una simple razón: ni CLIP ni otras tarjetas bancarias imprimen el número completo en los recibos-protección contra fraudes cibernéticos. Pero el INE, que podía haber solicitado la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no lo hizo. El argumento de Murayama, por tanto, como calificó Tejado, fue “absurdo”. En la parte subjetiva está el contexto: López Obrador odia a Calderón y está en campaña permanente contra los consejeros para que reduzcan sus gastos, sobre todo sus salarios. 

López Obrador tiene en la mira a varios de sus consejeros, sobre todo a Córdova y Murayama, a quien quedó claro que el Presidente desprecia. Tocar la música que quiere oír el inquilino de Palacio Nacional, no los salvará. El Presidente respeta a quien le aguanta sus ataques, no a quien se arrodilla. El mismo mensaje se replicará con el Tribunal Electoral, que ha mostrado que tiene las rodillas más endebles que el INE, y que tendrá que probar cuando le llegue la impugnación de México Libre, de qué está hecho. 

No quiere decir que tenga que rectificar la decisión del INE, sino argumentar sólidamente por qué, pese a las deficiencias e insuficiencias que subrayó Tejado, ratifica el fallo. La otra argumentación del INE, que se recaudó afuera de las iglesias, se cae por la aprobación del registro al confesional Encuentro Solidario, al servicio de López Obrador, cuyos ministros de culto recaudaron personalmente las donaciones. Pronto se verá si en el Tribunal Electoral también prevalece el terror, o los magistrados tienen la solidez técnica independiente para argumentar a favor o en contra del fallo, y la entereza política para enfrentar el linchamiento en Palacio Nacional que vendrá, si consideran que la decisión del INE fue equivocada. 

Con el ánimo en sus antípodas, 10 gobernadores, varios de ellos que se cuentan entre los más beligerantes frente a los atropellos federalistas de López Obrador, rompieron con la Confederación Nacional de Gobernadores, la Conago, que consideraron ya no cumple la función para la que fue creada en 2001, de “fortalecer el federalismo mediante mecanismo democráticos”. Entre ellos, hay cuatro que se juegan su resto, porque el próximo año terminan su mandato: Javier Corral de Chihuahua, Ignacio Peralta de Colima, Silvano Aureoles de Michoacán, y Jaime Rodríguez de Nuevo León.

Peralta es priista, como Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, los únicos de ese partido que se fueron de la Conago. Riquelme termina su mandato en 2023, por lo que el revire de López Obrador podrá ser ejecutado, como le gusta, en frío, como sabe mejor la venganza. En 2022, quienes enfrentarán la ira presidencial por el desafío político que representan, terminan su periodo los panistas Martín Orozco, de Aguascalientes; José Rosas Aispuro, de Durango, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. En 2024, finalizan el panista Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato, y Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, de Jalisco. 

López Obrador minimizó la ruptura de la Conago -mancha muy negra sobre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no pudo mantener a los gobernadores rijosos bajo control-, y dijo que era parte de la democracia. Qué ironía en su retórica, Fue ante la ausencia de democracia por el irrespeto al federalismo, consagrado en la Constitución, y su política de terror contra la clase política -evidente en la actitud opaca del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno-, la razón por la que rompieron los gobernadores con ese mecanismo de interlocución que consideraron agotado, por lo menos en la actualidad, y decidieron marchar en bloque para seguir enfrentando, con la construcción de otro instrumento de diálogo, los embates y represiones presupuestales ordenadas por el Presidente.

Son tiempos contenciosos los que vivimos. Sabemos cuándo comenzaron pero no cuándo ni cómo terminarán. En juego, por más que se quiera ocultar, está la democracia.

NOTA: Por un error, se identificó a la Secretaría del Bienestar, como Secretaría de Desarrollo Social, su anterior nombre.
08 Septiembre 2020 04:08:00
López Obrador va por todo
Los ajustes en el Gabinete hace unos días fueron meramente para reducir costos operativos. Próximamente habrá otros con diferente intención: lanzar a miembros del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a candidaturas de elección popular. Por ahora nada es definitivo, como advirtió el Presidente la semana pasada, salvo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, que para noviembre deberá estar iniciando formalmente su campaña para gobernador de Sonora. 

Los ajustes al Gabinete y el anuncio de López Obrador que vendrán, fue lo que sobresalió en el casillero electoral, pero no es lo más importante desde el punto de vista de estrategia electoral. Lo trascendente es la forma como el Presidente reorganizó a su equipo para conciliar de manera absolutamente integrada los programas sociales, a las necesidades que tiene para no perder la mayoría absoluta el próximo año en las elecciones intermedias federales. Si López Obrador quiere consolidar sus cambios y tener una segunda parte del sexenio galopante y sin turbulencias en su marcha, la conquista de San Lázaro es fundamental.

Una pieza le faltaba para tener armado el engranaje, era la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social, donde movió a su titular, María Luisa Albores, a la Secretaría del Medio Ambiente, y colocó en su puesto a Javier May. Albores tenía una formación agrarista -incluso la propuso como secretaria de la Reforma Agraria en el Gabinete que armó en 2012-, y escasa experiencia política-electoral salvo por tres años que presidió Morena en Puebla, mucho tiempo antes de que el partido fuera una fuerza electoral respetable. May es otra cosa.

May es uno de los tabasqueños que han acompañado a López Obrador desde hace casi 30 años en sus distintos esfuerzos político-electorales. Participó en la campaña para gobernador en Tabasco, que perdió con Roberto Madrazo, y fue uno de los que viajaron hasta la Ciudad de México en las marchas políticas de los 90 que le dieron presencia nacional. May pertenecía a una de las corrientes del PRD en Tabasco, cuando López Obrador era el líder estatal del partido, que jefatureaban Octavio Romero, actual director de Pemex, y Alberto Pérez Mendoza, su amigo de juventudes y brazo derecho, que murió en 2013. 

Otro tabasqueño que encabezaba una corriente distinta dentro del PRD en Tabasco, en tiempos de López Obrador, es Fernando Mayans, a quien el Presidente incorporó a su gobierno y hace varias semanas, discretamente, lo sumó a la construcción de la estrategia electoral. Mayans fue senador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, sucediendo a Rosalinda López, miembro de aquella facción y actual esposa del gobernador de Chiapas, quien está en la Administración General de Auditoría Fiscal del SAT. Su hermano Adán Augusto, que estaba en esa misma corriente del PRD, es gobernador de Tabasco.

Mayans trabaja con Gabriel García Hernández, que ocupa el cargo de coordinador general de Programas para el Desarrollo, y es el responsable de los delegados federales, cuyo diseño es que sean ellos quienes controlen los recursos del Gobierno federal y los distribuyan de acuerdo con las instrucciones que llegan de Palacio Nacional. García Hernández, quien hizo el padrón de Morena y está realizando el de los beneficiados de programas sociales, tiene una oficina contigua a la del Presidente en Palacio Nacional, y enorme poder para evitar que recursos presupuestales necesarios para mantener y conseguir votos, se interrumpan.

García Hernández trabaja estrechamente con una persona que pocos fuera de los círculos de poder de López Obrador han escuchado hablar, Baldemar Hernández, un politólogo catedrático de la Universidad de Tabasco, amigo de López Obrador desde hace 40 años, que manejó los recursos financieros de la Secretaría del Bienestar hasta julio pasado, cuando fue nombrado director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Hernández es una de las pocas personas a las que López Obrador escucha, y uno quien, dentro del círculo más confiable del Presidente, llega a persuadirlo sobre qué acciones tomar. La mecánica de trabajo con García Hernández es que se encarga de hacer que los recursos que les da la Secretaría de Hacienda, se distribuyan en donde le interesa al Presidente, a partir de cuáles son las secciones electorales y los distritos a donde deben llegar los programas sociales, que le indica el consejero presidencial.

En el núcleo duro de López Obrador no puede omitirse a Alejandro Esquer, su poderoso secretario particular. Esquer fue secretario particular de López Obrador cuando era líder nacional del PRD y como sustituto de René Bejarano, en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Fue el responsable máximo de la organización de la toma de posesión y quien decidió quién y en dónde, por ejemplo, se sentaban los invitados a Palacio. Él decidió, por ejemplo, que Letizia, la Reina de España, no podría estar junto a su esposo en Palacio Nacional y tendría que irse a la galería -para abrir espacio a los lugares pedidos por Estados Unidos-, que provocó que cancelara su viaje a México.

Esquer es sonorense, pero como García Hernández, originario de la Ciudad de México, ha sido parte de ese núcleo de poder tabasqueño que es para López Obrador una zona de confort y seguridad, y que han caminado, literalmente muchos de ellos, desde las marchas a la Ciudad de México en los 90 en protesta por lo que consideró fraudes electorales y de apoyo a los trabajadores petroleros de La Chontalpa. Ellos forman el corazón político de López Obrador, quienes están al frente de lo único a lo que verdaderamente le dedica tiempo el Presidente todos los días y en sus giras, el microanálisis electoral del país que le permita que su proyecto sea transexenal. Ese camino ya lo probó con gran éxito en 2018. Lo quiere repetir en 2021.
07 Septiembre 2020 04:09:00
Miserias de la política
La decisión del Instituto Nacional Electoral para negarle el registro a México Libre, como partido, y dárselo a Encuentro Solidario, dejó a los consejeros en medio de lo que es la política mexicana, fea, ruin y de malnacidos, con atropellos innecesarios y contraproducentes. Tiene el agravante del rencor epidérmico del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, sin reparar en los aspectos legales de la decisión, concluyó que votar contra el partido que encabeza Margarita Zavala, cuyo principal promotor es el expresidente Felipe Calderón, los salvó de fenecer por la poca credibilidad que tiene.

La desafortunada frase de López Obrador de que la decisión contra México Libre “fue un triunfo del pueblo”, exhibe el trauma que arrastra desde la elección presidencial de 2006 y su odio incontenible contra Calderón. Como un elefante que aplasta todo a su paso, desconoció el trabajo del INE y dejó la percepción de que los consejeros le tuvieron miedo y lo apoyaron contra su enemigo eterno. La democracia no es algo en lo que cree López Obrador, y al haberse inmerso en tecnicismos en sus votaciones, el contexto hizo del INE un daño colateral.

En contra del registro de México Libre votaron el consejero presidente Lorenzo Córdova, Norma de la Cruz, Adriana Favela, José Martín Fernando Faz, Carla Humphrey, Ciro Murayama y Jaime Rivera. Contra del registro de Encuentro Solidario, Córdova, De la Cruz, Murayama y Dania Ravel. Solo fueron consistentes en sus votos en contra Córdova, De la Cruz y Murayama, al igual que Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Zavala, que lo hicieron a favor por ambos. Lo que en la superficie parecería una contradicción de algunas consejeras y consejeras, no lo es.

“Los motivos eran diferentes”, explicó Rubén Álvarez, vocero del INE, “injerencia de un ente prohibido (ministros de culto) y dinero opaco (8% a través de Clip)”. El argumento de Córdova, De la Cruz y Murayama es que un importante número de firmas para alcanzar el registro de México Libre se obtuvieron afuera de iglesias, y que al utilizar la plataforma Clip, el origen de los recursos no era transparente. Calderón denunció inmediatamente la resolución y afirmó que en Clip están perfectamente identificados los afiliados. En lo que compete a Encuentro Solidario, agregaron Álvarez, Favela, Humphrey y Rivera “no consideraron que estuviera suficientemente acreditada la intervención de ministros de culto religioso en las asambleas” de ese partido.

El voto cruzado es poémico y alargará la controversia. “Cada caso se debe analizar por separado, más allá de alguna evaluación genérica que se quiera hacer del desempeño del Consejo General”, explicó Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y con amplia experiencia en temas electorales. “En efecto, en el primer caso había violación a un principio constitucional que para varios consejeros no tiene peso. Desde mi punto de vista, sin embargo, se trata de una evaluación a detalle para ver si una organización va a ser partido nacional. Cualquier violación o falta (y hasta presunciones en materia penal o de violación a derechos) debería ser suficiente para no dar esos registros”.

Negarle el registro a México Libre y Encuentro Solidario parecía lo más adecuado, pero se evaluó de diferente manera la participación de los ministros de culto. Fue suficiente en el primer caso que se recogieran firmas afuera de las iglesias católicas para negar el registro, pero no lo fue en el segundo caso, donde ministros de culto evangélicos recogieron firmas para el partido confesionalista que emergió de Encuentro Social, un partido que en 2018 hizo alianza con Morena para llevar a López Obrador a la Presidencia a cambio de su apoyo para que Cuauhtémoc Blanco fuera Gobernador en Morelos.

La discusión sobre el voto dividido será llevada al Tribunal Electoral, que decidirá si el INE actuó correctamente. Pero la intromisión salvaje de los políticos es un mensaje ominoso a consejeras y consejeros de lo que se avecina en las próximas elecciones de 2021. Ante opinión política y pública, no existen discusiones técnicas o legalistas, menos aún interpretaciones diferentes que lleven a votaciones divididas o cruzadas. Ante ellas, todo tiene un frasfondo político, como lo dejaron ver sonoramente López Obrador y Calderón, desde trincheras diferentes.

Tan lamentable la declaración del Presidente como la que hizo el expresidente en contra de Córdova y el INE, suponiendo que la negativa del registro era un acuerdo cocinado tiempo atrás de que se llegara a la votación. Ninguno de los dos está actuando con el temple que deberían tener dos políticos fogueados, ni aceptan el principio democrático de que las reglas son parejas para todos. Si a uno no le gustan, como antes fue López Obrador y hoy es Calderón, que recurran a las instancias legales que correspondan, como será el Tribunal Electoral, pero que no ensucien con exabruptos y sarcasmos la muy deteriorada democracia mexicana.

A muchos les parece etéreo hablar de la democracia aquí en México, pero sin ella no habría este tipo de discusiones, aunque sean pueriles, ni habría libre asociación, ni competencia electoral, ni libertad de prensa, ni de pensamiento, ni respeto a los derechos humanos ni a las garantías individuales. Es cierto que en todas ellas ha habido un retroceso en este primer tercio del sexenio de López Obrador, lo que tendría que ser un incentivo para luchar por lo que tanto trabajo costó a dos generaciones, antes que el espíritu autoritario de quien hoy nos gobierna termine con lo que falta -cuatro años sería suficiente tiempo para la locomotora que es él-.

Uno puede estar o no de acuerdo con los votos del INE el viernes pasado, pero tampoco pueden lloriquear algunos consejeros para deslindarse de algunos votos con los que estaban en desacuerdo. Que se preparen y reflexionen qué harán, porque lo del viernes fue una pequeña luz del infierno que probablemente se avecina.
04 Septiembre 2020 04:08:00
Se metieron a un pantano
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una brújula muy extraviada en el tema de los derechos humanos. Aunque tiene una preocupación auténtica por los miles de desaparecidos y los cientos de fosas clandestinas en amplias regiones del país, cuando se trata de aterrizar su interés a acciones de Gobierno, no sabe qué hacer. Afirma que este tema es prioridad, pero los esfuerzos para enfrentar el problema los ha deshidratado y dejado sin presupuesto. Pensaba incluso desaparecer la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la última guillotina a la Administración pública, que se evitó hasta que entendió lo que significaría en costo para su imagen en México y el mundo. Ha mostrado gran ignorancia en este tema que lo llevó a cometer un error estratégico: abrirle la puerta a la ONU para intervenir en los asuntos internos del Poder Judicial.

López Obrador propuso reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas “ante la magnitud de la crisis” –reconocimiento tácito del fracaso de su política– y el martes pasado el Senado, que vio la parte noble de la iniciativa presidencial, la aprobó por unanimidad. No hubo debate parlamentario, ni discusión en la opinión pública. Este cambio radical en una política de Estado, entró tan fácil como una daga en mantequilla. La crítica de los abogados se ahogó en la gritería de los asuntos públicos, y la molestia dentro de las Fuerzas Armadas, como siempre, es silenciosa. Potencialmente, le abrieron la puerta al diablo.

Ni el Presidente ni los senadores levantamanos, tienen memoria. En 2012, el Gobierno de Guatemala y la ONU crearon la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) un órgano independiente que apoyaría las instituciones de procuración y administración de justicia de esa nación centroamericana en la investigación de grupos paramilitares y clandestinos de seguridad. La Comisión estaba encabezada por el venezolano Iván Velásquez, y antes de que el Gobierno guatemalteco se diera cuenta, caminó por rutas paralelas y llevó a la investigación de corrupción en el sistema aduanero, que produjo la detención del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de manejar una organización criminal que cometió fraude de 20 millones de dólares en 2015. El juicio comenzó en marzo.

En agosto de 2014, cuando esa Comisión hacía tambalear a las instituciones guatemaltecas, uno de sus arquitectos, Michael Mörth, dijo en una entrevista con la agencia rusa Novosti, que cuando fue concebida, “siempre la entendimos como un modelo que se (podía) expandir en América Latina o países donde no hay estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”.

Esta Comisión surgió de la ONU, pero siempre contó con la inspiración jurídica y el apoyo político del Gobierno del demócrata Barack Obama en Estados Unidos, y desde entonces se han registrado presiones contra el Gobierno mexicano. En 2015, José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, dijo a propósito de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Tanhuato, Michoacán, donde la Policía Federal incurrió en un abuso de fuerza que produjo una matanza de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación: “Desafortunadamente, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado, inicialmente negadas por funcionarios del Gobierno, que terminan en impunidad, se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose”. Desde hace aproximadamente cinco años, abogados estadunidenses han ido construyendo un caso de genocidio en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y varios miembros de su Gobierno, con la idea de llevarlos a la Corte Internacional de La Haya acusados de genocidio, un delito que no prescribe.

Abrirle la puerta López Obrador al Comité contra la Desaparición Forzada, no se va a parar en los miembros de la delincuencia organizada. Se investigará a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas, pero no solo del 1 de diciembre de 2018 hacia atrás, como debe pensar el Presidente, sino que se extenderá a la actualidad. En lo que va de su Administración no han cesado los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales por parte de autoridades, como probablemente tampoco las desapariciones. Por estar anclado ciegamente en el pasado, López Obrador no ve el presente y menos aún vislumbra al futuro.

Desde varios años, la preocupación en Estados Unidos ha sido el respeto al estado de Derecho, la certidumbre jurídica y la lucha contra la impunidad, que si bien eran puntos muy flacos en el Gobierno de Peña Nieto, se han extendido en el de López Obrador. La aplicación del estado de derecho es selectiva –con una Suprema Corte cada vez más complaciente con el Ejecutivo– no hay certidumbre jurídica –se ve todos los días– en las mañaneras, ni hay lucha contra la impunidad, porque la cruzada contra la corrupción, enmarcada en la narrativa y las vendettas políticas, no significa elevar las barreras y los costos jurídicos para reducir la impunidad.

Que un organismo internacional venga a México para realizar las funciones que ni la Fiscalía General, ni las áreas de derechos humanos dentro del Gobierno, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni el Poder Judicial ha podido hacer y están rebasados, como admitió la Presidencia, puede parecer una gran iniciativa de López Obrador, pero es la claudicación del Estado en la administración y procuración de justicia. Es el primer paso para que haya un tribunal extraterritorial que juzgará a los criminales, a las fuerzas federales de seguridad y a funcionarios del Gobierno, del pasado y del presente. No son diferentes los de antes y los de ahora, como cree López Obrador. Son iguales y de esa manera serán juzgados eventualmente y sentenciados. Ahí está Pérez Molina como ejemplo.

03 Septiembre 2020 04:08:00
La contrarreforma
Una vez que está claro qué es lo que quiere como país el presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede concluir que un transformador, como aquellos que llevaron a cabo la Independencia, la Revolución o las Leyes de Reforma, no es, ni será. Lo dirá de palabra y quizás hasta lo crea, pero en su código genético lo que aparece es la contrarreforma. ¿Está mal? Depende desde qué óptica se mire. ¿Beneficiará al país? En un mundo globalizado, altamente interdependiente, quizás no. ¿Ayudará a los pobres a ser menos pobres? Probablemente lo que conseguirá será empobrecer a más mexicanos, porque la ruta para mejorar los niveles de pobreza y el bienestar, no pasan por una economía moral, sino por una política tributaria progresiva, con la que está en desacuerdo.

El universo sobre el cual está embarcado para su demolición lo ubica en cinco sexenios: de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que llama genéricamente como la era del “neoliberalismo”, un periodo que parece estar determinado por sus obsesiones –Salinas- y rencores –Calderón-, más que por razones ideológicas, como se puede observar en su deseo explícito para que se enjuicie por corrupción a los expresidentes, en donde pareciera excluir a priori a Zedillo y a Fox. Es claro su revanchismo, aunque públicamente diga lo contrario en el caso de estos dos, porque en el de Peña Nieto, obedece más a la cercanía en el tiempo y a las presiones de sus cuadros radicales que a su deseo existencial.

En el planteamiento de López Obrador, como lo dijo en su discurso del 1 de septiembre, nadie lo va a mover de la postura que ha mantenido toda su vida. La pandemia del coronavirus lo obliga a hacer ajustes, como admitió, pero en lo esencial, “no vamos a apartarnos del espíritu del compromiso adquirido”, porque son lo que ha soñado y ofrecido “desde hace muchos años”. Es cierto. Como botón de muestra: durante la campaña presidencial de 2012, dijo que el aparato burocrático era demasiado grande –estimado en 2018 en un millón y medio de empleados- y que él podía gobernar con 3 mil trabajadores. La guillotina a la burocracia ha sido fuerte en su Gobierno en nómina, prestaciones y estructura, y el adelgazamiento no cesa. “Austeridad republicana”, es como define el proceso.

López Obrador es terco, lo que ha sido una virtud y defecto. “Algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto, que prescindamos de nuestro ideario y de nuestro proyecto”, expresó. “Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia. Y eso, lógicamente, no va a ocurrir”. ¿A alguien no le ha quedado claro que va derecho y no se quita?

Pero lo que él plantea como la “cuarta transformación”, es grande en ambición y corta en ejecución. Esa transformación significa, en mucho sentidos, regresar al sistema político y al modelo económico previo a 1985, cuando en el gobierno de Miguel de la Madrid se modificó la economía con la apertura al mundo y al libre comercio, y luego lo político, durante los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox, con reformas de primera y segunda generación democráticas.

Ese México que se fue construyendo, nunca pasó del periodo de transición a la consolidación. La transición es lo más delicado, porque es cuando las fuerzas que reaccionan a ella, pueden llegar a revertirla. Si una transición dura en promedio 15 años –salvo la española que se consumó en ocho-, ese inacabado proceso en México, que se ensució con la ineficiencia de gobiernos anteriores y actos de corrupción insultantes, provocaron que el péndulo regresara y la gran mayoría cargara a López Obrador a la Presidencia.

Desde ahí ha ido desmantelando las reformas económicas que se hicieron durante el sexenio de Peña Nieto, y la educativa, que piensa el Presidente que es la peor de todas. Pero lo que está instalando no es un modelo nuevo, sino uno con olor a naftalina. Las reformas las ha modificado fácilmente porque, como antaño, donde el PRI ejercía de manera autoritaria el poder, tiene un Congreso que es su brazo electoral y hace lo que quiere. López Obrador manda una señal en la conferencia mañanera, y la bancada de Morena acata. Cuenta también con el apoyo en la Presidencia de la Suprema Corte, con uno de los presidentes más complacientes con el Ejecutivo desde la reforma al Poder Judicial en 1995.

Su transformación es restauración. Salvo por la ortodoxia fiscal que mantiene -el dogma de los gobiernos “neoliberales”-, el sistema económico que está instalando significa una fuerte intervención del Gobierno en la actividad económica, donde decide y regula a las fuerzas productivas. López Obrador lo expresa diciendo que el poder económico no volverá a mandar en México, como en el pasado, y actúa en consecuencia al someterlo, amenazarlo y confrontarlo. Su proyecto emana de la corriente estatista nacionalista que controló al PRI hasta el sexenio de Salinas, quien rompió con ella. De ahí su defensa a ultranza de Pemex y la CFE, pero no en el contexto de un mundo globalizado, sino dentro del modelo que existía hasta el Gobierno de José López Portillo.

La restauración incluye nuevas paraestatales, como una Conasupo reciclada y una empresa que distribuya y comercialice medicamentos. Quiere organismos que controlen las telecomunicaciones y ofrezcan televisión abierta a nivel nacional, así como servicios bancarios. Ansía demoler el servicio civil de carrera y todo lo que tenga que ver con transparencia. Y como era muy costoso acabar con los órganos autónomos, los está colonizando.

Este es el fondo del proyecto de López Obrador, la contrarreforma, que verbaliza como la transformación del porvenir mexicano. Pero no hay que juzgar al Presidente por lo que va a hacer, sino por sus resultados.


02 Septiembre 2020 04:08:00
‘No es por presumir’
Lo único sorprendente del mensaje de Andrés Manuel López Obrador con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, fue que citara a Adam Smith, llamado “el padre del capitalismo”, ícono del liberalismo económico del que tanto repela de dientes para fuera el Presidente. Aunque dice admirar a Franklin D. Roosevelt, que pujaba por el intervencionismo del Gobierno en la economía, López Obrador está en línea con el pensamiento de la Escuela de Chicago, donde Milton Friedman, señalado en América Latina como impulsor del neoliberalismo. Esa sola referencia encierra su contradicción eterna, que lleva cotidianamente a López Obrador a enfrentarse a sí mismo, en la justificación de lo injustificable.

Su narrativa, frente a la inexistente en el paisaje mexicano, le permite navegar plácidamente entre los mexicanos, como mostró la encuesta de aprobación presidencial de El Financiero este martes, que lo tiene en un robusto 59% de respaldo nacional, pese al manejo de la pandemia -que le critican-, y de la economía -donde lo reprueban 6 de cada 10-. Su retórica construye sofismas y su palabra de predicador, con imágenes binarias y religiosas, se anidan en la mente de millones de mexicanos, que convierten en realidades lo que, en algunos casos, sean escandalosamente mentiras.

Las remesas, por ejemplo, que presumió que crecieron como si fuera un logro de él, cuando el dinero, particularmente de Estados Unidos, fue enviado en esos volúmenes en buena parte gracias a los estímulos fiscales que Donald Trump dio a las empresas, que no hizo aquí López Obrador. Otro, la apreciación del peso, tampoco por él, sino por el diferencial de las tasas de interés entre México y Estados Unidos, que allá generan cero utilidades y aquí al menos 4%, lo que quita presión al tipo de cambio. O el que no suba impuestos a la gasolina, cuando en realidad, de los 560 mil millones de pesos de ahorros que mencionó, alrededor del 90% resultó de los IEPS a las gasolinas.

Tampoco es cierto que sea promotor del medio ambiente como presumió tras cesar al secretario Víctor Manuel Toledo, quien afirmó que López Obrador no tenía el menor interés en temas ecológicos. El Presidente se defendió con el programa Sembrando Vidas, aunque hasta julio, la Secretaría del Bienestar, responsable del programa, admitió que solo 7% de la meta comprometida se había cumplido. López Obrador, mostró un reportaje de Bloomberg publicado en julio en El Financiero, está peleado con las energías limpias y, a contracorriente mundial, está volcado en las energías sucias, con su proyecto de refinería en Dos Bocas y la negativa a cerrar Cadereyta, pese a los daños ecológicos que produce.

Habló del “progreso con justicia” que se está logrando con las clases más desprotegidas, y cómo fue el mejor para manejar la Covid-19, atendiendo la actividad económica. La crítica a la errática estrategia de la pandemia es hoy un lugar común, y la afirmación de que se ha apoyado a la salud, es falsa. Entre enero y mayo le quitaron mil 884 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Salud, incluidos 47 millones a la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades que encabeza Hugo López-Gatell, el zar del coronavirus. Nadie sabe cuántos muertos y enfermos hay por el virus, y quizás nunca lo sabremos por el ocultamiento de datos o la manipulación sin control de la estadística. La pandemia y sus efectos económicos resultarán contrario a lo que afirma el Presidente. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima que, para finales de año, el número de pobres se habrá incrementado entre 6 y 10 millones de personas. 

No es cierto que haya menos feminicidios en el país, sino un incremento de 7.9 por ciento. Su objetivo de reducir la tasa de homicidios dolosos durante los primeros seis meses de su gobierno, luego en octubre del año pasado y después en los primeros dos años, no se logró. La pandemia ayudó a bajar de delitos como robo patrimonial o secuestro, pero el crimen asociado a la delincuencia organizada subió 12 por ciento. 

En agosto hubo un promedio de 100 homicidios diarios, casi tres veces más de los que llegó a tener en su parte más álgida el gobierno de Felipe Calderón, a quien acusan sus allegados de “asesino”. Eso que dijo que “ya no manda la delincuencia organizada como era antes”, habrá que contrastarlo con la forma como el Cártel de Sinaloa humilló al Gobierno, y la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación gracias a que las fuerzas federales les han ido limpiando el camino de adversarios.

La buena relación que afirmó existe con el sector privado, en realidad ha sido tirante, con amenazas de acciones penales en contra de quienes reclaman que les están cobrando indebidamente impuestos, y de expedientes detallados de empresarios, armados por los servicios de inteligencia del Gobierno, para presionarlos. El final de las “persecuciones facciosas” tampoco es cierto. La conferencia mañanera es un claro ejemplo de la mentira, al ser utilizada para denostar, difamar, acusar sin pruebas e intimidar, parte de una política que tiene como método el terror.

López Obrador rindió su Segundo Informe de Gobierno con crisis sanitaria, económica, de seguridad y conflictividad social. Este año, reconoce, será el peor en la historia, con una muy probable segunda ola del coronavirus mientras celebra que ya domó la pandemia y va de salida. “No es por presumir”, dijo López Obrador, “pero en el peor momento contamos con el mejor Gobierno”. Seis de cada 10 mexicanos le creen. Las estadísticas, los desempleados y las muertes, no son suficientes, porque su palabra sigue siendo más fuerte que la realidad. La “revolución de las conciencias” que está llevando a cabo, ha sido exitosa, convenciendo a millones que el panorama que para muchos es negro, para la mayoría es azul radiante. Recordemos la fecha para el futuro: 1 de septiembre de 2020. 
01 Septiembre 2020 04:08:00
Los 15 videos de Pío
El primer párrafo de su discurso con motivo del Segundo Informe de Gobierno, afirma Andrés Manuel López Obrador, será sobre corrupción, el mal de todos los males mexicanos, caballo de batalla y eje central de su narrativa para demoler el pasado y consolidar el presente. Ya lo escucharemos hoy, no solo en las primeras líneas de su mensaje, sino a lo largo del discurso que pronunciará en el Patio de Honor de Palacio Nacional, que será probablemente una reiteración de lo que le hemos escuchado por años, reciclado por el rehilete de imputaciones y acusaciones contra funcionarios de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. El contexto, sin embargo, es diferente entre antes, que era un líder opositor, y hoy, que es Presidente de la República.

Por eso es importante lo que dijo en la conferencia mañanera de ayer y su predicar con el ejemplo, donde si un presidente es corrupto, los demás lo seguirán, pero si es honesto, como se asume él, las cosas cambiarán. Está muy bien lo que propone; ahora solo le falta que lo cumpla. No habría nada más contundente de que su palabra vale, que pase por el mismo rasero que a muchos otros a su hermano Pío, a quien pillaron en un video recibiendo un millón de pesos de un alto exfuncionario del Gobierno federal y en ese entonces consultor del Gobierno de Chiapas.

Pero pasarlo por el mismo rasero no significa que haga lo mismo que con muchos otros, que sin pruebas ni investigación de por medio, por conjeturas y dichos, lo juzgue públicamente en el patíbulo presidencial, lo sentencie y abra la puerta a las horas para su linchamiento. La justicia no es justiciera, sino debe ser alcanzada mediante la salvaguarda de los derechos humanos que exigen la presunción de inocencia. Pío López Obrador será inocente hasta que le demuestren que es culpable.

Su caso, sin embargo, está hecho a la medida para que el Presidente muestre de qué está hecho. Con el video ya difundido se tropezó, y aunque como admitió, supo de él con una semana de antelación, no hizo nada como un proceso jurídico adecuado recomendaría: que su hermano se presentara ante la autoridad correspondiente a aclararlo, porque presuntamente ese dinero, que tenía un fin político, es un delito. Si el Presidente quiere justificar que las causas, o sus causas, no reciben dinero ilícito sino “donaciones”, porque si se trata de su movimiento y partido son contribuciones legales y legítimas, pero si son de sus adversarios es corrupción, el argumento no pasa ningún análisis.

Ahora tiene una nueva oportunidad para probar que su ética lo impregna y no es una liga que se estira en función de sus necesidades políticas, porque el video de Pío no es el único sobre él. Dentro de Palacio Nacional tienen conocimiento de la existencia de al menos 15, en donde está recibiendo dinero por cantidades que promedian el millón de pesos. No se sabe el origen del dinero, por lo que la investigación, por ser recursos de origen desconocido, tendría que haber sido judicializada como un presunto crimen de delincuencia organizada -como ha hecho la Fiscalía General en otros casos, aun cuando se trate de peculado-, y la Unidad de Inteligencia Financiera habría congelado las cuentas bancarias del señalado y de todos sus cercanos.

Bajo el método de este Gobierno, las cuentas de Pío López Obrador y toda su familia, tendrían que haber sido congeladas, dentro de esta perversa racional de primero actúan y luego averiguan. Afortunadamente, aunque sea por las peores razones -¿cómo aplicarían el mismo rasero al hermano del Presidente?-, la Fiscalía General no actuó como lo ha venido haciendo. Pero tampoco parece estar haciendo lo conducente, investigar. Ya existen las denuncias de hechos, presentadas por el PAN, que la obligan a hacer su trabajo.

Pero el video, que en el fondo debe ser lo que inhibe a todos en el Gobierno federal, si se investigara como debiera, destaparía una cloaca. Las 15 grabaciones que existen de Pío son parte de una videoteca de tres años, por lo que se presume que el número de políticos sobre los cuales hay pruebas visuales -que no judiciales- de que recibieron dinero presuntamente para fines aviesos, es bastante voluminoso. De esos dineros, dijeron personas que conocen del método y la distribución de recursos desde el sur, salieron apoyos para políticos en Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, cuando menos. 

Esa videoteca, sin embargo, es una bomba que tiene la mecha prendida, pues desde hace aproximadamente un año fue robada del lugar donde se encontraba. Quien la tiene en su poder, puede ir administrando los videos de Pío o de muchos otros a discreción, en función de los tiempos políticos. Todavía no se sabe quién filtró el video de Pío, y menos aún cuándo y cómo podrían venir los siguientes.

Al saber el Presidente del riesgo que existe por la existencia de una videoteca comprometedora para su hermano y quién sabe para cuántos de sus aliados, tiene también en sus manos la posibilidad de actuar y controlar preventivamente el daño que puedan causar. Tiene que vacunarse, y el primer paso es que Pío sí sea investigado por la Fiscalía, que declare ante la autoridad y que se aclare el dinero recibido o pague por lo que hizo, si llegara a ser culpable. 

Para un político que no parece tener escrúpulos, el sacrificio de un hermano es menos costoso que la destrucción de su anhelado proyecto de Nación. Pero sobre todo, López Obrador tiene que ser un líder congruente y, como dice, barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Predicar con el ejemplo dice que está en su sangre. Que empiece con su hermano.

31 Agosto 2020 04:09:00
Amenazas a López Obrador
En la Ciudad de México pasó desapercibido, pero en Tamaulipas se volvió el gran tema en las redes sociales desde el viernes: la amenaza del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera del jueves en Reynosa.

Se dio en el contexto de un mensaje cifrado, donde la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue el pretexto para esconder que su agravio es contra el Mandatario. Por eso le dijo a López Obrador que él, mejor que nadie, sabía que en la lucha por el poder, entre más poderosos son los adversarios, más fuerte la ofensiva, para luego pasar al fondo de su advertencia:
“Aquí en Tamaulipas, Presidente, nos jugamos todos los días la vida”, dijo García Cabeza de Vaca. “Pero eso a los adversarios les tiene sin cuidado y andan allá muy campantes en la Ciudad de México conspirando en cómo debilitar a un Gobierno. Quieren sacar raja política, porque ven venir las elecciones del año que entra, pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuestan vidas”.

En ese momento el Gobernador volteó a ver a López Obrador, exactamente en el minuto nueve con dos segundos de la segunda hora de la mañanera, cuando lo miro directo, muy serio, antes de rematar: “Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques pone en riesgo a mucha gente y a la política. La política no puede ni debe ser así”. Dirá el Gobernador que el destinatario del mensaje no era el Presidente, pero en el fondo, lo que se está dando es un conflicto que rebasó los cauces institucionales y entró al terreno de lo personal. En ningún otro caso en el país el nivel del enfrentamiento está dado como el de López Obrador y García
Cabeza de Vaca.

El Gobernador de Tamaulipas se refirió públicamente a la denuncia de hechos de Lozoya, quien lo señala como uno de los exsenadores panistas que recibieron dinero para aprobar la reforma energética durante la negociación del Pacto por México con el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Lozoya Austin tendrá que demostrarlo y, aun si así lo hiciera, a menos que probara quebranto al Estado mexicano mediante actos de corrupción, no pasaría de la sanción pública –que no es menor, cierto– porque el delito, si hubiera alguno, habría prescrito probablemente.

Detrás de la máscara de Lozoya se encuentra la acción de los “poderosos”, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien a finales de julio presentó una voluminosa denuncia de hechos en contra de García Cabeza de Vaca, su madre, sus dos hermanos, su esposa, su suegro y dos
personas más que manejan dos empresas, una rural y una inmobiliaria, por delitos que incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.

La denuncia de Nieto incorpora información financiera de México y Estados Unidos –tiene la colaboración del Internal Revenue Service, equivalente al SAT en aquel país– y presenta adquisición de inmuebles que no podrían haber sido comprados con los ingresos percibidos.

Por ejemplo, una propiedad en una de las zonas de mayor plusvalía en la Ciudad de México, adquirida a finales de 2013, con un valor superior a los 14 millones de pesos, en co-propiedad con su esposa. Hay otras propiedades adquiridas por su hermano, con facturas apócrifas, o dinero en las cuentas de su suegra por millones de dólares que son inexplicables a ojos de la autoridad. Sobre cada una de las personas involucradas en la denuncia, hay una red de operaciones financieras que cuestionó Nieto y las presentó como ilegales.

García Cabeza de Vaca ha sido uno de los líderes en la oposición más vociferantes en contra de Lozoya, a quien llevará también a tribunales tamaulipecos por presunto financiamiento de campañas electorales. Es curioso. Quiere denunciar a Lozoya sobre la base de los mismos dichos de los que se queja, relacionado con financiamientos políticos del conglomerado brasileño Odebrecht. Los exejecutivos de la empresa solo reconocen haber aportado recursos a la campaña de Javier Duarte para Gobernador en Veracruz, pero nunca mencionaron Tamaulipas o Hidalgo, a las que quiere incluir el Gobernador.

Lozoya Austin sirve de buen parapeto para sus amenazas, pero el ataque a López Obrador comenzó tiempo antes de que el exdirector de Pemex se allanara a la extradición y presentara su denuncia. El Presidente lo sabe, pues previo a ello, revelaron funcionarios federales, recibió información de Estados Unidos que había una investigación privada que se estaba haciendo en Houston sobre su hijo mayor, José Ramón, su esposa, que es consultora en asuntos energéticos años antes de conocerlo, y los familiares de ella.

La investigación, de acuerdo con la información en poder del Presidente, la contrató Nelson Balido, que dirige la firma consultora Balido and Associates y fue fundador del Consejo de Comercio y Seguridad y el Consejo de Energía de las Américas, y actualemente también es asesor en materia Binacional del Gobierno de Tamaulipas. Balido es una persona muy cercana a García Cabeza de Vaca, y lo ha llevado a entrevistas con funcionarios de Seguridad en Estados Unidos.

Las acciones de García Cabeza de Vaca son previas a todo el escándalo de dichos desatado por Lozoya, lo que muestra que a López Obrador lo tiene hace tiempo en la mira. Igualmente, López Obrador lo ha enfocado como a ningún otro gobernador en este momento, y encargado a Nieto desarrollar y profundizar la investigación.

El choque que se está viendo en la escena pública no corresponde a la confrontación que están teniendo el Presidente y el Gobernador, y del cual el viernes pasado en la mañanera de Reynosa hubo una pequeña muestra pública de lo que sucede, y un preámbulo de lo que iremos viendo más adelante.
28 Agosto 2020 04:09:00
Los berrinches del Presidente
No le ha bajado el mal humor al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el viernes pasado, cuando tuvo que afrontar a la opinión pública y torear el porqué su hermano Pío recibía millones de pesos regularmente para acciones políticas. Como no puede acusarlo de corrupto, como hace con ligereza cuando se trata de quienes no son incondicionales, ha querido taparlo con disparos de escopeta, con lo que está minando el acuerdo que negociaron el fiscal Alejandro Gertz Manero con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y reventando todo el trabajo que hacen sus colaboradores para lograr los objetivos que busca el Presidente.

El miércoles aseguró que Lozoya no estaba diciendo todo lo que sabía sobre la corrupción de Odebrecht. Sin embargo, Lozoya ha hablado tanto de Odebrecht, que incluso afirma hechos que los testimonios de exejecutivos de la empresa ante la Fiscalía brasileña, lo desmienten. Lo que no mencionó en su denuncia fue su estrecha vinculación con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia, a quien presentó con los directivos del conglomerado brasileño para que hicieran negocios.

La relación con Tapia fue tan productiva para Odebrecht, que una buena parte de los primeros 4 millones de dólares que le dio como soborno –como afirmó el exdirector de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Wyell-, fueron por ese contacto. Forzar públicamente a que Lozoya hable más de Odebrecht rompería una vez más el pacto con Gertz Manero, que le permitió a Lozoya exonerar a Tapia de cualquier presunto acto de corrupción en su denuncia de hechos, y que no declara nada sobre lo que hizo con él y Odebrecht.

“Peor” que eso, magnificó López Obrador en un giro de tema, es que no señaló en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de manera “inexplicable”, todo lo relacionado con la planta de fertilizantes Fertinal, otra empresa que adquirió Pemex, en ese entonces dirigida por Lozoya. La realidad es que Lozoya sí tiene un expediente voluminoso sobre el caso Fertinal, y la verdad es que este tema nunca estuvo entre los acuerdos con Gertz Manero, ni tampoco fue un punto que le pidieran que incluyera en su denuncia. Más bien, quedó implícito que no lo presentara en su querella.

La afirmación de López Obrador sobre la empresa deja mal a Lozoya y a su fiscal general, a quien, esto sí inexplicable, desautoriza. Lozoya denunció lo que le pidieron en la Fiscalía General, e incorporó a aquellos a quienes quiere cobrarle facturas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que no está en su querella es que no se lo dictaron o aprobaron.

Fertinal no es la única explosión de López Obrador en esta semana de mañaneras impregnadas de muina. Este jueves dijo que Altos Hornos de México (AHMSA) debía reparar un daño por 200 millones de dólares por la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, pues de otra forma sería castigada, lo que no parece una acción en busca de la justicia, sino producto de algo más cercano al berrinche. A principios de semana dijo que había un nuevo dueño de Ahmsa, que estaba dispuesto a pagar ese dinero. No es la primera vez que lo asegura, pero sí la primera donde lo desmintieron, que sí es embarazoso, y afectó, de paso, la delicada negociación que tienen varios de sus cercanos colaboradores para que la empresa de Alonso Ancira pase a manos de un acerero cercano a Palacio Nacional.

Con ello, nuevamente le propinó una política a Gertz Manero. La negociación con Lozoya incluía la denuncia sobre Agronitrogenados, pero habían acordado que él no declararía en contra de Ancira, que es su amigo, y que trasladaría toda la responsabilidad de la operación a Peña Nieto y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El exabrupto presidencial dañó los puentes que han ido construyendo sus asesores con Ancira y Lozoya, tanto para la venta a un aliado de la casa presidencial, como el blindaje que había negociado el exdirector de Pemex para su amigo.

La semana de la ira había comenzado temprano, el sábado, cuando afirmó que había un contrato “leonino” a favor de Braskem, la filial de Odebrecht, e Idesa, en el Proyecto Etileno XXI, por medio del cual el Gobierno había subsidiado unos 15 mil millones de pesos. No era la primera vez que se refería a ello, pero sí fue la primera vez que la empresa, de manera directa, lo desmintió. Por la forma como acometió el Presidente, se llevó en el cauce otra parte del pacto Gertz Manero-Lozoya, y se disparó al mismo tiempo en el pie.

En su denuncia, Lozoya denunció a Braskem, pero no metió a las empresas mexicanas involucradas en Etileno XXI, ICA e ICA Fluor –que desde la transición se acercaron a López Obrador-, y cuidó sobremanera a Idesa, que cuando se negoció el proyecto durante el gobierno de Felipe Calderón, uno de sus consejeros era Javier Jiménez Espriú, muy cercano al Presidente y su primer secretario de Comunicaciones y Transportes, cuya familia política es la dueña de la empresa. Lozoya omitió por completo a ICA, y exoneró de toda culpabilidad en presuntos sobornos a Idesa. Ahora, la volvió a meter al potaje López Obrador.

El Presidente tendría que serenarse si no quiere seguir enterrando, desde el punto de vista jurídico, su gran caso contra la corrupción en México, y seguir agudizando las contradicciones que ensucian y desacreditan la negociación de Gertz Manero con Lozoya. Hay que reconocerle que es incontenible, lo que no siempre es un atributo. Como apuntaron ayer los exgobernadores de los bancos centrales de México y Brasil, Guillermo Ortiz y Arminio Fraga, en un artículo en el Financial Times, al igual que el presidente brasileño Jair Bolsonaro, López Obrador es una “bola de demolición” que todo destruye.



27 Agosto 2020 04:09:00
Lozoya vs. Lozoya
¿ A qué Emilio Lozoya se puede creer? ¿El que hoy que pelea por su libertad y su dinero es el mismo del que peleaba por no ir a la cárcel y su dinero? ¿El Lozoya en manos del Gobierno es igual al que luchaba contra el Gobierno? La dicotomía del exdirector de Pemex se puede ilustrar en la forma como desde 2017 se ha ido defendiendo con maromas milagrosas de las acusaciones de corrupción y aceptar sobornos de Odebrecht. ¿A cuál Lozoya tiene en sus manos el fiscal Alejandro Gertz Manero? Cuidado. Este personaje desesperado y sin escrúpulos que le puede dictar hoy qué decir, mañana lo puede traicionar.

Para entender la dinámica del testigo colaborador, hay que confrontar a Emilio Lozoya con Emilio Lozoya. Como botones de muestra:

1.- El 16 de diciembre de 2016, en busca de una colaboración premiada, que aquí es análogo a ser testigo colaborador, Luis Alberto de Meneses Wyell se presentó voluntariamente en la sede de la Fiscalía brasileña en Sao Paulo a declarar sobre los sobornos de Odebrecht, el conglomerado del cual él había sido su director en México. En su declaración de 50 páginas reveló que el único mexicano al que le pagó sobornos –por 10 millones y medio de dólares-, fue a Emilio Lozoya. Él respondió en ese momento: “Niego categóricamente la información que hace referencia a supuestos actos de solicitud y/o recepción de sobornos directa o indirectamente por mi parte a la empresa... (es) información falsa, dolosa e inexistente de principio a fin”.

Hoy, es todo lo contrario. En su denuncia ante la Fiscalía General admitió que se quedó con un millón y medio de dólares que dice que aportó Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y habla de sobornos para otros políticos, donde él solo fue el gestor. Al solicitar el criterio de oportunidad, sin embargo, Lozoya admite que cometió el delito y recibió dinero de los brasileños. De ahí el señalamiento de que es un delincuente confeso.

2.- Los 10.5 millones de dólares fueron señalados en el esquema de corrupción de Odebrecht en 12 países a finales de 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y se imputó a un alto funcionario de Pemex, que no identificaron por nombre. De Meneses Wyell identificó a Lozoya en 2017 y dijo en su declaración que le había dado primero 4 millones por asesorías y enlaces con gobiernos estatales y empresas, y 6 millones más por lo que, como director de Pemex, podría ayudarlo.

Lozoya dijo en su denuncia que esos 6 millones no eran para él, sino que Odebrecht se los había enviado a Fabiola Tapia Vargas, hermana de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia, socio de Braskem, filial de la empresa brasileña que se asoció con la mexicana Idesa –propiedad de la familia política del exsecretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú-, para entregarlo a la campaña de Peña Nieto.

Hace dos años, su defensa llevó al empresario alemán Artur Gerhard Henze, a testificar ante la Procuraduría General de la República dentro de la indagatoria sobre la corrupción de Odebrecht, que esos 6 millones que decía De Meneses Wyell eran para Lozoya, en realidad había sido producto de la compra de una tecnología para asfaltar, por la que la señora Tapia Vargas le había pagado 6 millones de dólares. Con esa declaración, la defensa de Lozoya quería que hubiera un sobreseimiento de la acusación, tratando de demostrar que esa suma no era producto del soborno del que lo acusaban.

Lozoya señaló que Tapia Vargas “era socia” de Odebrecht. No aporta mayor información, pero en el testimonio de Henze hay evidencia en donde pudo fincar esa afirmación. Meses antes de asociarse con él, como una de las garantías que ofreció Tapia Vargas, fue su parte accionaria en la firma Latin America Asia Holding, adquirida poco antes. Esa empresa off-shore fue fundada y era propiedad de la madre, la hermana y la esposa de Lozoya, a cuya cuenta llegaron los pagos ilegales que dijo De Meneses Wyell le dio Odebrecht.

Tapia Vargas no puede explicar todos los papeles que la ha hecho jugar Lozoya en los últimos años, porque murió el 4 de octubre de 2014.

3.- Lozoya denunció que Odebrecht no solo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado Mexicano, sino que “participó activamente junto con otras grandes empresas influenciando la política energética del país mediante la reforma energética”. En su declaración, De Meneses Wyell dijo que le dieron 4 millones de dólares de soborno por haberlos relacionado con los gobiernos de Hidalgo, Veracruz y el Estado de México, para que hicieran negocios. Sobre la influencia en la política energética, Lozoya autorizó la modificación del contrato de suministro de etano para Braskem Idesa en el Proyecto Etileno XXI, que le otorgó ventajas sobre Pemex, que hoy llama el presidente Andrés Manuel López Obrador como “leonino”, y que tratará este espacio más adelante.

4.- Según Lozoya, de los 6 millones que dio Odebrecht en 2012, 4 serían para “posicionar” al PRI y los 2 restantes para la campaña. De Meneses Wyell sostuvo que de los 6 millones, dos se acordaron en 2013 para ganar sus favores en futuros contratos.

5.- Lozoya denunció que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, “era insistente” en gestionar la entrega de recursos de Odebrecht vía Tapia Vargas, y mostró una tabla con siete pagos en 2012 por 3.1 millones de dólares. Pese a la relación-gestión de Lozoya con ella, nunca lo visitó en la Torre Ejecutiva de Pemex. De Meneses Wyell, en cambio, visitó sus oficinas 152 veces entre diciembre de 2012 y septiembre de 2017, de las cuales, 22 fueron con sus colaboradores más cercanos, que le llevaban asuntos institucionales y personales.

La variable más interesante del juicio, es cómo Lozoya se defiende a sí mismo.




26 Agosto 2020 04:09:00
Detrás del video de Pío
El presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo todo lo posible para que la conversación nacional se aleje del video donde su hermano Pío recibe bolsas con fajos de dinero para el movimiento de quien en el momento de la grabación, era el líder de la izquierda social que aspiraba por tercera vez llegar a Palacio Nacional. No ha podido pese a la amplia variedad de temas que ha querido imponer en la agenda política, porque el video demostró que no es nada diferente a quienes ataca todos los días, ni es tan puro como pregona, ni tiene las manos limpias de dinero de orígenes desconocidos. Tampoco hay que extrañarse. El hijo de un sistema político podrido y decadente, que se valió de él para crecer y empoderarse, ¿por qué tendría que ser distinto?

López Obrador dice que es un revolucionario y que las revoluciones se financian de todos lados. Es cierto, suelen financiarlas gobiernos interesados en desestabilizar a otros, o las altas clases y las oligarquías a las que les afectaron sus intereses o que rompieron sus viejas alianzas de poder. Pero no es un revolucionario en ese sentido. Llegó a la Presidencia bajo las mismas reglas de sus antecesores, aunque a diferencia de ellos, prohijado, financiado y legalmente protegido por los gobiernos de Salinas y Zedillo.

Durante el Gobierno de Salinas, el entonces jefe del Departamento del DF, Manuel Camacho, financió sus marchas y a billetazos negociaba con él la liberación del Zócalo, ocupada por tabasqueños que llevaba a la Ciudad de México desde La Chontalpa; el de Zedillo actuó para que el PRI, por la vía legal, no le impidiera ser candidato al Gobierno capitalino por incumplir con los requisitos. De no haber sido por ellos dos, López Obrador no hubiera pintado en el escenario nacional. Selectivo en la memoria que proyecta a los mexicanos, son cosas de las que es mejor no mencionarlas. Como el video de Pío.

Se sabe de dónde salió. David León, excoordinador nacional de Protección Civil, que entregó un millón de pesos a Pío, lo grabó. En este espacio se publicó ayer que grabar a sus interlocutores políticos y empresariales era un modus operandi de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas en el tiempo en que fue grabado el video por quien en ese entonces también era su asesor, pero el hoy senador negó en una carta que envió a este espacio que así operara.

Previamente, en una conversación telefónica el lunes, insistió en que “no tenía conocimiento de nada, y menos que la entregué a alguien del anterior Gobierno. Yo soy el más afectado de este video. No sé que pasó. Me he esmerado en tener una relación de confianza con Obrador y voté contra el desafuero en 2005”.

La relación de Velasco con el Presidente viene efectivamente de tiempo atrás. López Obrador conoció a su abuelo, y este a los padres del tabasqueño. Como aseguró en la plática, no necesitaba de utilizar recursos como los que aparecen en el video, para establecer comunicación con él. Lo que hizo León en su momento fue responsabilidad de él, que “tiene una trayectoria propia”. El deslinde con su excolaborador es total, con la intención quizás que en una eventual investigación de la Fiscalía General por el presunto delito electoral por financiar campañas, él no sea incluido.

Velasco aparece como el tercero más afectado después de León y Pío López Obrador. La pregunta central, y que él mismo la formuló en la plática por teléfono, es quién gana con la difusión del video. Hasta ahora, lo único que está claro es quién no gana, sobre todo la cuarta víctima, el Presidente. Su hermano, su excolaborador y Velasco, fueron instrumentos de una batalla donde los adversarios de López Obrador comenzaron a responder.

Si apenas se mostraron partes de un arsenal probablemente construido por años contra López Obrador, ¿de qué tamaño es o son los enemigos invisibles que respondieron por primera vez en lo que va del sexenio a los hostigamientos y ataques del Presidente? Para dañar a León, como se sugirió en la columna del martes, no era necesario recurrir al video donde comprometen a Pío. Pero si escogieron esa grabación, el objetivo verdadero era su hermano el Presidente.

Fue un misil que le abrió un hoyo en su grueso blindaje, y enseñaron que quien ha hecho de la honestidad su mayor activo y la presume como la autoridad moral para decir todo lo que piensa, aunque mienta o carezca de pruebas cuando ataca, tiene la piel hecha con el mismo material que la del resto de la clase política, lo que le resta credibilidad con unos o lo proyecta como hipócrita con otros.

López Obrador acusó el golpe. El viernes advirtió, en fuga hacia delante, que iría contra todos a los que considera sus adversarios. El lunes revivió con fuerza la posibilidad del enjuiciamiento de los expresidentes por mandato de una consulta ciudadana. Una vez más, López Obrador está usando la ofensiva como mejor defensa. Quienes tienen capacidad de fuego y tiene enfrente aunque no alcance a verlos, ya le mostraron los colmillos. Otros, que también puedan tener información delicada y comprometedora en su contra, y que por alguna razón no usaron en su momento, vieron que lo dañaron y le comenzó a salir la sangre. Quizás se sumen.

Esto no es un espectáculo. Lo que se avecina, por los términos como se planteó la lucha en los últimos días, será violento. No se trata de una revolución, por utilizar los términos del Presidente, sino una guerra civil. Ya vimos cómo empezó, pero no sabemos cómo terminará.

25 Agosto 2020 04:09:00
Videos, trampas y traiciones
Cayó, como se esperaba, la denuncia del PAN en contra de Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, David León, excoordinador de Protección Civil y Morena, por el presunto delito electoral de financiamiento ilegal de campañas.

Sin embargo, lo visible oculta el fondo de un episodio que, fuera de lo legal y penal, esconde una historia de trampas y traiciones dentro del Partido Verde, donde el principal involucrado es el senador Manuel Velasco, pero alcanza a salpicar de manera preponderante al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Velasco, el senador que de ser compadre del expresidente Enrique Peña Nieto y profesarle públicamente su amor, brincó a la trinchera de Andrés Manuel López Obrador entregándole el estado a sus intereses electorales.

Hoy, sus métodos de chantaje se le han revertido frente al Presidente, y ha abierto la imaginación de personas informadas que sospechan si el exgobernador no es, en realidad, un caballo de Troya. Su nerviosismo tras la divulgación del video, comentan cercanos a él, sugiere que como debe, teme.

Grabar a políticos y empresarios como una forma de garantía de seguridad que algunos llaman eufemísticamente chantaje político, era un método seguido por Velasco, quien grabó a decenas de personas que acudieron a él por apoyos, que se puede traducir en dinero, entre aspirantes a puestos de elección popular –como podría estar el actual Gobernador de Chiapas–, líderes opositores e, incluso, secretarios de Estado del Gobierno de Peña Nieto. El video de Pío López Obrador se inscribe en esa mecánica, aunque por la intranquilidad registrada en él desde el jueves pasado, probablemente no fue él quien filtró tan dañino video.

El video fue grabado por el mismo León, quien trabajaba como asesor en comunicación con el gobernador Velasco. León tenía un socio en la consultoría, Gerardo Pasquel, quien había sido consejero del Partido Verde y diputado local por el Estado de México, hasta el verano de 2009, cuando pidió licencia. Junto con León llegaron a manejar la comunicación y las relaciones políticas de Velasco en la segunda parte de su Gobierno, hasta que se separaron. Pasquel, que recibió contratos de publicidad en el Gobierno de Peña Nieto, se fue a Tamaulipas, a trabajar con García Cabeza de Vaca. León, como lo hizo el entonces Gobernador, se pasó a la trinchera de López Obrador.

La relación entre los socios terminó mal –muy peleados–. Cada quien siguió su camino. León se integró al equipo de logística de López Obrador desde la campaña y continuó de esa manera hasta que lo nombró coordinador nacional de Protección Civil. Su trabajo eficiente hizo que recientemente lo promoviera a dirigir una nueva empresa en proceso de creación, que administrará la compra de medicinas en el extranjero y su distribución en el país. En espera de que surgiera esta empresa estaba León cuando el video con el hermano de López Obrador lo demolió. Ni nombramiento ni nada. Probablemente su carrera política se acabó.

Pasquel se asoció con su hermano Bernardo, y con Adrián Escobar, hermano a su vez del diputado Arturo Escobar, uno de los dirigentes del Verde y uno de los grandes operadores electorales del partido, en una empresa que hoy se encarga de adquirir y distribuir los medicamentos para el Gobierno de Cabeza de Vaca, además de asesorarlo en temas de comunicación social.

La llegada de León no lo iba a beneficiar en el negocio, ante la posibilidad de que el enfrentamiento que tuvieron al terminar de trabajar con Velasco, les provocara que se quedaran sin el programa con García Cabeza de Vaca. El video lo difundió el periodista Carlos Loret el jueves pasado a través de la plataforma LatinUs, una empresa propiedad de Miguel Alonso, cuya esposa fue secretaria particular de Arturo Escobar.

Las redes de vínculos solo permiten hacer conjeturas, porque no hay prueba hasta este momento que en busca de salvaguardar un negocio, hayan entregado a LatinUs el video para descarrilar a León. Loret recibió personalmente el video en sus manos –que eliminaría cualquier intermediación con su patrón–, y León supo que lo iba a transmitir cuando menos cinco días antes de su difusión. Incluso, en la víspera de la difusión, envió mensajes crípticos con la misma redacción: “Solamente para agradecerte el apoyo que me has dado siempre, especialmente en mi paso por Protección Civil”.

Ese día no se entendía el porqué de tal mensaje, pues hasta ese momento su carrera ascendía meteóricamente. León sabía que la bomba explotaría. Preguntas en busca de respuestas se le hicieron llegar por WhatsApp, pero solo se recibió silencio. Previamente anunció que aclararía todo en la Fiscalía General, salvo una pregunta que no va a responder: ¿porqué si Velasco grababa todo, fue el video del hermano del Presidente el que se filtró?

No parece una vendetta por asuntos de negocios, que sería el caso si Pasquel fuera el responsable de su difusión, pues podría haber entregado otros más, también escandalosos, sin meter al hermano del Presidente, y no abrirse un frente al más alto nivel del poder. Esto nos lleva al origen de este texto, el papel de Velasco en todo este nuevo embrollo con potencial de escándalo, al quedar expuesto su modus operandi con la clase política y empresarial.

López Obrador bien le puede estar preguntando, por ejemplo a través del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a quien el exgobernador llama lambisconamente “padrino”, qué tenía en la cabeza cuando grabó a su hermano.

Viejos aliados de Velasco, podrán reclamarle que los haya grabado, una vez que descubrieron por los medios que así lo hacía. Si León debe explicaciones de índole electoral y penal, Velasco las debe de índole legal –por grabar sin consentimiento de la otra parte– y político. Por sus marrullerías, el senador bien pudiera ser la siguiente víctima de este episodio.

24 Agosto 2020 04:09:00
El video de Pío
¿Cómo un coctel Molotov puede destruir el puerto de Beirut? La respuesta es con una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El viernes elevó a nivel de escándalo nacional lo que en la víspera parecía un golpe periodístico con vida efímera.

El periodista Carlos Loret difundió en la plataforma de Latinus un video donde el excoordinador de Protección Civil, David León, entregaba un millón de pesos a Pío López Obrador para el “movimiento”.

No había mucho contexto, ni una dimensión de lo que podría significar, sumado a que León respondió que en esa época no era funcionario, sino consultor privado, y recaudaba fondos para entregarlos a la causa. Era grave, pero de daño limitado.

También era una acción que el Presidente pudo haber resuelto fácilmente. Si le preguntaban en la mañanera del viernes podría señalar que de esa transacción tendrían que responder y explicar su hermano y León, no él.

Ahí estaban sus fusibles. Si se calentaban mucho las cosas, los fusibles quemados los podía desechar. Si se le empezaba a pudrir el dedo del pie podía cortárselo para impedir que le subiera la gangrena. Pero la desmedida centralización de poder que ejerce López Obrador, fue un búmeran.

Un problema con posibilidades de control se descontroló, y en su explicación no pedida en la mañanera se desbarrancó. No se dio cuenta muy probablemente, pero lo que hizo, en primer lugar, fue reconocer que violó la ley.

Por sus propias cándidas revelaciones el viernes, López Obrador nos informó a todos que León le había informado que iba a aparecer ese video. Si tuvo días para preparar una estrategia de contención o de respuesta, ¿por qué no lo hizo? Al abrir el Presidente el tema en la mañanera, parecía que utilizaría la técnica de ser él mismo quien detonara la crisis para poderla conducir y administrar. Esa técnica permite tener todo bajo control y llegar al puerto deseado, encapsulando el daño. López Obrador hizo lo contrario. Detonó la crisis y la bomba explotó en su pecho.

Legalmente, aunque las leyes no son lo suyo, hay evidencias que podrían dar cause a una investigación por delitos electorales. Dinero en efectivo para un “movimiento”, como dijo León, que en ese momento ya era partido (Morena) y estaba compitiendo en sus primeras elecciones.

Probablemente ese presunto delito electoral haya prescrito, pero en el contexto de las acusaciones que se debaten hoy sobre presuntos pagos ilegales a campañas políticas, ¿cuál es la diferencia? López Obrador la quiso diferenciar con los montos, pero es tanto como decir que si uno roba poquito, es diferente a robar mucho. Cantidad no es calidad. Punto.

Aún si así lograra torearlo, al ser este el énfasis de la prensa política en el análisis de las consecuencias del video, hay otros temas de índole penal que quedan abiertos para investigación en el más estricto sentido de la ley. El más importante es el presunto delito de delincuencia organizada, que en el Artículo 16 párrafo nueve de la Constitución, se entiende como “una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada”. En este sentido, adicionalmente, existe la presunción de delitos de utilización de recursos procedencia ilícita, que también se integran en los delitos de delincuencia organizada.

Entonces, si Pío López Obrador y David León se reunieron para apoyar al “movimiento” de Andrés Manuel López Obrador, y este reconoció el viernes que sí sabía de esas entregas, podría argumentarse la configuración del delito de delincuencia organizada –el Presidente, en todo caso, tiene inmunidad–, al que se le agrega el dinero de procedencia ilícita porque no hay ningún registro de dónde viene. López Obrador dijo que eran aportaciones de la gente “para fortalecer el movimiento”, que se entregaban en efectivo para pagar diversas cosas, pero son solo palabras, porque no hay ninguna documentación que lo soporte, cuando menos hasta ahora.

Para efectos de argumentación únicamente, sin que esto se tome como afirmación o insinuación siquiera, ¿no podrían venir esos recursos del narcotráfico? O ¿no podrían haber salido del erario chiapaneco? El Presidente no estaría metido en este embrollo con implicaciones penales de no haber confirmado que él sabía de estas operaciones ilegales e irregulares.

Podría no haberlo sabido exactamente en su momento, pero al admitir que estaba enterado previamente al video y no actuó en consecuencia, lo convierten en presunto cómplice. No hay ninguna lógica para que autoinculpación.

Esa entrega ilegal de recursos, que no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral como gastos de campaña, llevó a López Obrador al presunto delito de evasión fiscal. Reconoció el Presidente el viernes que de esa forma “obtenía mi sueldo”, lo que se infiere nunca devino impuestos.

Hay que recordar que no es la primera vez que lo dice. Lo señaló durante la pasada campaña presidencial –antes había dicho que vivía de las regalías de sus libros–, donde agregó que también había contribuciones de partidos políticos. Sus ingresos y su pago de impuestos correspondientes, han sido un tema de debate por años.

López Obrador ha sido un político que ha optado siempre por no querer saber de dónde sale el dinero para apoyos. Hace casi dos décadas, la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles, le dijo que un empresario –Carlos Ahumada– estaba dispuesto a financiar campañas del partido. López Obrador le dijo que no quería saber nada de los detalles, y que solucionara el financiamiento.

Los antecedentes son hoy irrelevantes, al meterse en el centro del escándalo. Hizo explotar el puerto de Beirut con una botella con gasolina, y dijo que esto le daba la oportunidad para que todo lo público –y lo privado, como también ha sido costumbre de la casa–, se haga público. El Presidente se pintó la cara de guerra para la guerra que el viernes declaró.


21 Agosto 2020 04:08:00
Filtraciones
La Fiscalía General, atrapada en el desaseo legal, va a investigar quién filtró la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el miércoles por la tarde. La secrecía explotó un documento para el conocimiento único de la autoridad, la defensa del inculpado y eventualmente de los imputados, convirtiéndose en material público al alcance del que quisiera. La filtración lo exhibió, pero sobre todo, afectó el debido proceso y viola la presunción de inocencia. La buena es que una gran pista está más cerca de lo que parece. Está en Palacio Nacional, y las pruebas las encontrará en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer filtrador de la Nación.

El Presidente siempre dice que su pecho no es una bodega y es cierto. No miente, aunque suele confundir lo que por tiene ser mantenido bajo el sigilo profesional, y lo que cree que debe ser difundido en menoscabo de la ley en beneficio –lo que es relativo- de la sociedad. Paradójicamente, este jueves le pidio al fiscal que actúe con apego de la ley, cuando sistemáticamente hace lo contrario.

López Obrador lleva toda la semana, de lunes a jueves, animando a todos, incluido a Gertz Manero, a que violen la ley y que difunda lo que es secreto, violentando el debido proceso y la presunción de inocencia. Todavía este jueves, en medio de la escandalera política, valoró lo que leyó en periódicos y vio y escuchó en la televisión y la radio -porque dijo que no terminó de leer la denuncia-, como algo “muy grave, muy escandalosa”.

Esta parcialidad sobre una investigación en curso y un juicio que apenas comienza borra la presunción de inocencia, pero no tiene que ver con las filtraciones del Presidente, sino con su imprudencia jurídica y política, a menos que sólo le importe esto último y que la ley sea irrelevante para sus fines. Pero cuidado. En el caso de las filtraciones de cualquier investigación en curso por parte de un funcionario, se viola el artículo 225 del Código Penal Federal, en cuyo inciso XXVIII prohibe “dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”.

Ese es nuestro Presidente, que ha incurrido en filtraciones de averiguaciones en curso de distintos temas. En el caso de Lozoya, ha dejado constancia de haber adelantado procedimientos legales, a partir del conocimiento que tenía -no se explican de otra forma sus afirmaciones-, del expediente en manos de la Fiscalía General, que no deja de decir que es autónoma, aunque cada vez queda más de manifiesto que la línea de independencia de Gertz Manero, se estira y achica en función de los intereses de Palacio Nacional.

Un botón de muestra: en la mañanera del 12 de agosto le preguntaron sobre las informaciones periodísticas que daban cuenta de la imputación de Lozoya del ex presidente Enrique Peña Nieto y su ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. López Obrador afirmó que de acuerdo con las imputaciones de Lozoya, tendrían que declarar los dos, además del ex presidente Felipe Calderón, que también había sido señalado por el ex director de Pemex. Hasta ese momento nadie sabía que Calderón habìa sido imputado por Lozoya, puesto que la primera referencia de ello se publicó en este espacio el lunes pasado, lo que fue confirmado hasta el miércoles.
Esa es una filtración importante al venir del Presidente, y ensució el caso más importante que sobre corrupción tiene el gobierno de López Obrador. Pasó desapercibida la violación presidencial de la ley, por la polarización que genera el Presidente, y la convicción de muchos de que más importante que la justicia -aunque el discurso sea distinto-, lo esencial es la denuncia para lograr la inhibición moral. La moral, sin embargo, no resuelve la corrupción ni su factor determinante, la impunidad, pero la forma como el Presidente está manejando las cosas, con un énfasis en la política, el escarnio y la sanción pública, la impunidad no borrará la corrupción. Peor aún es que acabe López Obrador con un sistema corrupto –lo que serìa muy bueno-, para instalar otro sistema corrupto –lo que sería muy lamentable-.

La investigación de la Fiscalía General de la filtración de la denuncia de Lozoya, no es la única donde se está tratando de determinar su origen. El gobierno está investigando las filtraciones del gabinete de seguridad que han encontraron exposición pública en una columna de Héctor de Mauleón, de Raúl Rodríguez, de Salvador García Soto y en dos más de quien esto escribe. Hay otras filtraciones internas que se están investigando sobre asuntos intragabinete, pero el perfil de la filtración de la denuncia de Lozoya está en el contexto de la investigación sobre de dónde obtuvieron su información los columnistas.

Lo que estamos observando con estos casos es un absoluto caos en el manejo de la información confidencial del gobierno y las contradicciones y choques dentro de Palacio Nacional, donde dirimen asuntos de seguridad nacional en la prensa. En el caso de Lozoya, las filtraciones son más graves, porque se supone hay una lucha contra la corrupción, y lo que se pone en riesgo es la legalidad y la legitimidad judicial del mismo, agravado por el hecho que el primer incitador y violador de la secrecía de las investigaciones es el Presidente de la República.

Gertz Manero tendrá que investigar el origen de las filtraciones, pero primero debería persuadir a López Obrador que si su pecho no es una bodega, ello no significa que por sus creencias y desconocimiento violente sistemáticamente la ley y afecte los objetivos de una procuración y administración de justicia imparcial. Eso es a lo que todos debemos aspirar, aún cuando se enoje el Presidente.
20 Agosto 2020 04:08:00
Millones para la campaña de Peña
La denuncia de Emilio Lozoya contra presidentes y funcionarios en los gobiernos del PAN y del PRI tiene 60 páginas, sin contar anexos y materiales de soporte, que le dará suficiente combustible al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer un juicio político a un régimen, durante el tiempo que le quede a su sexenio. En el camino, sin embargo, podrá haber resultados positivos que vayan más allá de las necesidades político-electorales del Presidente, si es que las imputaciones hechas por Lozoya pudieran confirmarse. Uno de esos episodios es el del financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Lozoya narra en su denuncia la forma como el conglomerado brasileño Odebrecht inyectó millones de dólares a la campaña de Peña Nieto en 2012, y también admite que él se quedó con una buena parte de esos recursos. Cuenta los momentos en donde se acordó el apoyo, entre quiénes se concretaron, los intermediarios y la triangulación financiera que se realizó. También a quién se pagó con parte de ese dinero. Todo, hasta ahora, son dichos. Y a este respecto, lo que dice Lozoya no es lo que los ejecutivos de Odebrecht declararon ante la Fiscalía brasileña que investigó los sobornos intercontinentales que pagaron.

En la versión de Lozoya todo comenzó en 2010, cuando se conocieron Peña Nieto y Marcelo Odebrecht, el jefe del conglomerado que cumple una sentencia de 19 años de prisión en Brasilia. Peña Nieto, que era gobernador del Estado de México, había participado en un encuentro del Foro Económico de Davos, en su capítulo América Latina, en Cartagena, Colombia, de donde viajó a Brasilia para entrevistarse con el presidente Luiz Inazio Lula da Silva. Ese encuentro no se realizó, pero sí se llevó a cabo uno con los ejecutivos de Odebrecht.

En esa reunión estaban el presidente del conglomerado, Marcelo Odebrecht, y quien era el director de la empresa para México, Luis Alberto de Meneses Wyell. Además de Lozoya, Peña Nieto iba acompañado del constructor Juan Armando Hinojosa, dueño de Higa, y al término de la reunión, les ofrecieron una comida. “Esa gira tuvo como uno de los objetivos dar a conocer a los empresarios los principales planteamientos de una posible candidatura de Peña Nieto, siendo que Marcelo Odebrecht tenía especial interés en apoyarlo”, afirmó Lozoya.

“Uno de los atractivos de la candidatura era sin duda la reforma energética, lo que generaba amplio interés de muchas empresas”, agregó. “Al término de la comida, Marcelo Odebrecht y Luis Wyell le ofrecieron apoyo económico a Enrique Peña Nieto en su posible postulación como candidato a la Presidencia en 2012. Yo fui testigo de dicha conversación, que se realizó en español y que tuvo una duración aproximada de 5-10 minutos”. El contacto para recibir el apoyo económico, sería Luis Videgaray, que era el brazo derecho del entonces Gobernador del Estado de México, que no estaba presente, según contó Lozoya.

Peña Nieto y Videgaray viajaron a Nueva York en el otoño de 2011 para participar en un Foro del Consejo de las Américas y le ofrecieron ser coordinador de Asuntos Internacionales de la campaña presidencial, que tendría como primer encargo buscar recursos de empresas extranjeras para ese fin. No tardó en iniciar ese trabajo. A principios de 2012, dijo, se reunió en la pastelería El Globo en Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, a una cuadra y media de las oficinas de campaña de Peña Nieto y Videgaray, con De Meneses Wyell, a quien le pidió 6 millones de dólares para la campaña presidencial. Lozoya le dijo, según señaló en su denuncia, que el mismo Peña Nieto se lo había pedido, con la promesa de que Odebrecht “se vería beneficiado”, una vez que llegara al poder.

El primer pago acordado, dijo Lozoya, sería de 4 millones de dólares, de los cuales, le dijo De Meneses Wyell, 2 millones y medio serían íntegros para la campaña y 4 más serían para “posicionarse” el PRI. Videgaray, dijo Lozoya, le pidió que de ahí pagara a los consultores electorales. Entre mayo y junio de 2012, dijo en su denuncia, pagaron 10 consultores mexicanos y estadunidenses. Un millón y medio de dólares más de Odebrecht, reconoció, se los quedó, depositados en una cuenta que utilizaba para sus “negocios personales”, Tochos Holding Ltd.

Lozoya aseguró que Videgaray le decía a quién pagar. Rodrigo Arteaga Santoya, su secretario particular, quien videogrababa sigilosamente las entregas de dinero para llevar la contabilidad, recibía tarjetas de la oficina del entonces coordinador general de la campaña con las instrucciones de los pagos. Lozoya recibió órdenes verbales, dijo, en las reuniones que sostenía con Videgaray en las oficinas de Montes Urales o en Julio Verne, en Polanco, que luego utilizó como secretario de Hacienda, y donde se celebraron las reuniones del Pacto por México.

Lozoya no aporta mas que dichos en su denuncia y plantea aspectos circunstanciales como prueba que Peña Nieto sabía que sí se había concretado el financiamiento ilegal a su campaña. Describe un evento en el hotel Camino Real de Polanco durante la campaña con el sector privado, en donde De Meneses Wyell y Roberto Bishop, que era el director de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht en México, le pidieron que los llevara a saludar al entonces candidato.

“Estamos con usted y cuente con nosotros”, le dijeron los brasileños de acuerdo con Lozoya. “Muchas gracias por el apoyo que han dado”, les respondió Peña Nieto. “Ese diálogo”, concluyó Lozoya en su denuncia, “era más que suficiente para entender que Enrique Peña Nieto estaba perfectamente enterado de las aportaciones que darían”. En su testimonio ante fiscales brasileños, De Meneses Wyell dijo que no financió Odebrecht la campaña de Peña Nieto y que los 10 millones y medio de dólares que le dio a Lozoya, fue un soborno exclusivo para él.
19 Agosto 2020 04:06:00
Un día para no olvidar
Dieciocho de agosto de 2020 es un día para no olvidar y para luchar de ahora en adelante porque lo que se sembró este lunes no florezca. Este fue el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplastó la ley y demostró que el estado de derecho le hace lo que el viento a Juárez, que el debido proceso es una sopa de la que no come, y que a quienes deben ser guardianes de la ley, los utiliza, manipula y desecha con desparpajo.

El fiscal general independiente al que tanto presume, luce como su apéndice, y el presidente de la Suprema Corte, parece su operador legal por sus silencios injustificables. Habrá quien aplauda el corto plazo de la lucha contra la corrupción, pero el largo plazo corrompe la esencia de nación y mina la certidumbre jurídica de sus ciudadanos.

López Obrador usó el atril presidencial para referirse a un video donde aparecen dos exfuncionarios del Senado vinculados a panistas, recibiendo dinero en efectivo. No hay nada más ahí. Ni quién llevó el dinero, ni quién lo enviaba, ni qué destino tendrían los recursos.

El video se volvió viral en las redes sociales cinco horas después de que López Obrador le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero que diera a conocer el que entregó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como prueba de corrupción en el Gobierno anterior.

La sola sugerencia presidencial violenta la ley, a la que juró defender sobre la Constitución. Lo llamó “asunto de Estado”, que es una rara forma de concebirlo al pedir la difusión del video que para que se respete la ley, hay que violarla.

El Presidente se dijo sorprendido por la viralización de un video que materializó su sueño, y apretó la marcha. Aunque jurídicamente el video no prueba nada, y probablemente tampoco sirva como una prueba ante un juez, López Obrador dio su propia versión de lo que informaba el video que, por si alguien no lo había visto, reprodujo en la mañanera: “Este video es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos”.

¿De dónde sacó el Presidente que ese dinero era para comprar la conciencia de legisladores? De su imaginación. “La declaración del señor Lozoya…”, agregó. “Parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética, que tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, los columnistas, intelectuales orgánicos”.

Con esta afirmación, el Presidente vinculó el video, que hasta ese momento no era parte del expediente del exdirector de Pemex. Tampoco forma parte de la declaración de Lozoya, y López Obrador carecía de pruebas para afirmar que fue utilizado para los fines corruptores que describió como verdaderos.

López Obrador tejió una narrativa donde vinculó verdades con verosimilitudes que injertó en la cabeza de millones de personas. La única verdad es el video donde se recibe de manera irregular –lo ilegal tendrá que demostrarse–, que incorporó en las verosimilitudes –las acusaciones de Lozoya que falta que pruebe–, y acomodó en el marco mental mexicano que ataca a todos con la frase de que todo el pasado, en el universo de los últimos 36 años, fue corrupto. Con esas imputaciones, el Presidente violó la presunción de inocencia y generó el llamado “efecto corruptor”.

Este “efecto corruptor” lo desarrolló el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la revisión del amparo directo de Florence Cassez en 2011, que se quejó de que la autoridad violó el debido proceso y su presunción de inocencia por no haber tenido la asistencia consular –es ciudadana francesa–, ni haber sido puesta inmediatamente al Ministerio Público, y haber formado parte de un “montaje” o recreación ante la prensa de su detención, en un operativo contra una banda de secuestradores, como fue sentenciada tiempo después por un juez.

En esa memorable tesis, Zaldívar señaló: “Esta escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir unos hechos ajenos a la realidad, que (afectaron)… el reconocimiento del derecho de la presunción de inocencia por el Artículo 20 de la Constitución… un principio general del derecho que (se ha convertido) en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata”.

La escenificación que hizo López Obrador ayer con la reproducción del video en Palacio Nacional como anexo a sus acusaciones, aniquiló la presunción de inocencia y el debido proceso, al afirmar que era un acto de corrupción de todo un sistema –no de individuos, en dado caso–, y que las reacciones que había generado eran una aceptación de validez.

¿Reconocimiento de qué? La respuesta se encuentra en el framing, el ángulo o la perspectiva desde la cual se cuenta una información, que empleó, y que vinculó automáticamente Lozoya-corrupción-políticos de oposición-reforma energética-compra de votos. “Siempre lo he dicho”, remató el Presidente. “Es un régimen al que encontramos en decadencia, con una corrupción generalizada”.

En su opinión sobre Cassez, Zaldívar precisó: “Las consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas por parte de las autoridades… producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria”.

El ministro subrayó: “Es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, (hubo) el efecto corruptor al haber subvertido el material probatorio (que) impide determinar la culpabilidad de la quejosa”.

Zaldívar dejó abierta la posibilidad de que las ilegalidades de las autoridades hubieran sido de manera no intencionada. En el caso de López Obrador, esa posibilidad no existe. Fue deliberado, con premeditación y dolo, llegando al extremo de pedirle a quien debe aplicar la ley, que la viole. Este 18 de agosto, no lo debemos olvidar.
18 Agosto 2020 04:00:00
Las travesuras eróticas del secretario
Víctor Manuel Toledo es un ecologista reconocido, por su trayectoria académica y por sus posiciones ideológicas. Desde que fue nombrado secretario de Medio Ambiente en mayo del año pasado, ha sido un funcionario con poca visibilidad, aunque cuando habla siempre genera controversia. Algunas de sus declaraciones rozan los linderos del absurdo, como cuando se pronunció contra la energía eólica porque “atrapa los aires de los pueblos indígenas”, o una más reciente que lo puso al umbral de su cese, al mostrar las contradicciones al interior del gobierno y al desinterés del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el medio ambiente.

Pese a que desnudó las limitaciones del cambio que busca el Presidente, lo defendió, como un hombre honesto. La honestidad, lo hemos visto bien, es concebida por López Obrador como símbolo de pureza, integridad y de lo incorruptible. También ya sabemos que su concepto es discrecional y que los impuros y corruptos son aquellos que no están con él. Para sus fieles e incondicionales, nunca hay sanción, sino eterno perdón y tolerancia. López Obrador es un hombre religioso, que se mueve en la praxis entre el Viejo y el Nuevo Testamento, y que muchas de sus referencias políticas las ancla en los evangelios. Bajo esos parámetros morales mide a las personas y emite sus juicios milenarios.

Toledo entra perfectamente en la dicotomía del Presidente, aunque muy probablemente López Obrador no conoce de las travesuras eróticas de su secretario. Desde antes de que fuera nombrado secretario de Estado de un gobierno que presume de moral, Toledo mostraba proclividad por lugares de masajes donde ofrecen todo tipo de servicio, y un interés particular por información y atención en sitios en internet especializados en ese tipo de prestación. El secretario no fue cuidadoso y dejó huella a su paso regular por empresas en ese ramo de la sexualidad en la Ciudad de México y otras entidades.

Un expediente sobre las debilidades del secretario fue conocido por esta columna, donde se aprecia el perfil demográfico por el que se inclina pero, sobre todo, la forma irresponsable, al ser un secretario de Estado, como establece contacto con algunos de esos lugares en zonas calientes, como se registra en particular uno que hizo en una colonia de Xalapa, Veracruz, conocida por el control que tiene la delincuencia organizada sobre esos negocios. Al encontrarse en los niveles donde se encuentra, la prudencia y contención deberían ser dos faros que lo guiaran.

Toledo puede hacer de su vida privada lo que desee, siempre y cuando no viole la ley, pero al ser un funcionario público de tan alto nivel, debería entender que su vida privada tiene que ser consecuente con su vida pública. Lo que lo rija en privado reflejará lo que es en público, y repercute no únicamente en su calidad como funcionario, sino impacta en la imagen del gobierno al que representa. Por eso, al haber sido políticamente irresponsable, por la negligencia como siguió manteniendo sus gustos sin haberlos suspendido mientras representara a un gobierno, o incrementar su discreción y seguridad, dejó las puertas abiertas para que emerja a la luz pública lo que había mantenido en la oscuridad.

El expediente habla mucho de él, por estas razones, pero también del gobierno, que no tuvo el cuidado de revisar su pasado y sus relaciones, para evitar problemas políticos o de imagen a la administración con la que colaboraría. La falta de idea sobre lo que este tipo de verificación significa para un gobierno y la falta de profesionalización para hacer de ello un método, subraya la improvisación que caracteriza al gobierno de López Obrador. Por acciones similares a las de Toledo, en otros países cayeron ministros poderosos, o tuvieron que abandonar carreras presidenciales. Esto sucede no por cuestiones de moralina o hipocresía, sino porque los funcionarios públicos deben ser un ejemplo de comportamiento.

Más aún, en un gobierno como el de López Obrador, donde la moral rige la política y sus decisiones, Toledo es una contradicción. Por un lado, sus acciones se encuentran en los linderos de la legalidad –de hecho, algunas de ellas violan la Ley, aunque en México los gobiernos son tolerantes a ello-, pero por el otro, en el marco de referencia del Presidente, comete un pecado capital. La palabra de un líder moral y religioso, como se asume López Obrador, que busca la purificación nacional de la sociedad y que repite a todos los grupos “pórtense bien”, queda en entredicho por las actitudes de Toledo.

Toledo fue buscado desde el viernes pasado para conocer su opinión. A través de su equipo de comunicación pidió que se le enviara su correo electrónico de la UNAM, con las razones de la búsqueda. El correo se envió el viernes por la noche, con información adicional a la publicada en este espacio. También se alertó a su equipo que se había enviado para que lo notificaran.

El sábado y el lunes se volvió a preguntar a su equipo de comunicación sobre la existencia de una respuesta, que hasta el momento de escribirse esta columna, no se había dado. El viernes y el lunes se habló directamente al teléfono celular del secretario, sin éxito. El viernes nunca respondió la llamada y el lunes, su buzón estaba lleno, por lo que tampoco se pudo dejar un mensaje.

Toledo optó por el silencio al derecho de réplica.


Nota: La empresa Braskem-Idesa aclaró que nunca dejó de tener trato con Pemex cuando fue cesado Emilio Lozoya. Esta columna publicó que su relevo había suspendido todos los tratos por sospecha de corrupción. Son dos cosas diferentes. Braskem-Idesa hablan de la no suspensión del contrato; la columna no se refería al contrato sino a la relación fluida existente, que era el contexto en el cual fue escrito el párrafo que objeta la empresa.


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17 Agosto 2020 04:47:00
Salinas y Calderón, imputados
Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a los expresidentes del periodo que define como 'neoliberal'. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no judicial, fue Enrique Peña Nieto, y ahora se sabe que no fue el único. El exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.

Las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya y que dio a conocer Gertz Manero de manera escueta, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.

Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría. Las pruebas que dijo tener para soportar sus dichos, las deberá presentar formalmente durante el juicio.

Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el hoy Presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.

Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces aseguraba Lozoya Thalman que su hijo tenía, como prueba de su inocencia, “muchos videos”.

Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones. Cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial. El exdirector de Pemex, por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre, fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.

Con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.

El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó 'Proyecto Fénix'. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.

Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.

Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude.
14 Agosto 2020 04:09:00
Los pecados de Lozoya
A finales de agosto de 2015, Reforma publicó una fotografía donde aparecían Amado Yánez, propietario de Oceanografía, y Arturo Henríquez Autrey, en ese entonces director de Procura y Abastecimiento de Pemex.

La gráfica fue tomada en octubre de 2013, y el periódico sugería que se habían negociado apoyos para el rescate de la empresa, a la cual estaba persiguiendo abiertamente el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y tras bambalinas, por el director de la empresa paraestatal, Emilio Lozoya.

Henríquez Autrey envió una carta al diario para desmentir que el motivo de ese encuentro hubiera sido el de una negociación para el rescate de Oceanografía, y que se había tratado simplemente de un encuentro de “carácter social”. Tenía razón en su primer punto, pero mentía en el segundo.

El viaje de Henríquez Autrey a Los Cabos tuvo un peor propósito. El colaborador de Lozoya, revelan personas que conocen de aquella reunión, le exigió a Yáñez 4 millones de pesos mensuales para que el director de Pemex intercediera por él ante el procurador Murillo Karam. De otra manera, amenazó, lo perseguirían.

Las personas recuerdan que Yáñez accedió al chantaje y durante los siguientes tres meses pagó puntualmente 4 millones de pesos. El “encuentro social” dio como resultado ingresos ilegales e ilegítimos para el equipo de Lozoya por 12 millones de pesos. El dueño de Oceanografía dejó de pagar y así le fue.

En plena crisis por un diferendo con Banamex que sirvió de pretexto para que la PGR y Pemex actuaran en su contra, Lozoya lo presionó para que vendiera la empresa a un banquero que le señaló. Yáñez habló con los abogados del banquero y al revisar los papeles de compraventa descubrió que no le iban a pagar nada por la empresa. Su ganancia, le dijeron, sería no ir a la cárcel.

Estuvo a punto de firmar, pero el día que tenía que concluir el traspaso gratuito de Oceanografía, un banco en Nueva York aprobó un crédito puente de emergencia con lo cual pudo mantener a flote la petrolera. El costo que pagó, sin embargo, fue la cárcel y que hasta la fecha, libre de las acusaciones, no termina de resarcir todo el daño que le hicieron.

Lo que le sucedió a Yáñez no fue único. Proceso publicó en mayo del año pasado una entrevista con Javier Camargo, propietario de Evya, una empresa de Ciudad del Carmen vinculada al sector petrolero, donde describió cómo Lozoya, “artífice de una trama de corrupción, tráfico de influencias y amenazas para apoderarse de la compañía” –en palabras de la revista–, lo presionó para que transfiriera la empresa que tenía 27 contratos con Pemex por 10 mil millones de pesos. Camargo explicó que cedió al chantaje porque estaba viendo lo que estaban haciendo con Oceanografía, acusada de un delito de fraude similar al que le endilgaban a Evya.

En octubre de 2015, cuando Lozoya todavía era el rey de Pemex, se publicó en este espacio: “Nadie quiere decir en voz alta lo que para algunos es un escándalo palaciego: la confrontación entre dos secretarios de Estado: Luis Videgaray, de Hacienda y Pedro Joaquín Coldwell, de Energía, con el director de Pemex, Emilio Lozoya. Los temas son variados: mala gestión de la empresa por presuntas ilegalidades, como comisiones multimillonarias por entrar a la licitación petrolera, o pagos para conseguir citas con Lozoya.

“Varios inversionistas mexicanos y extranjeros se han quejado en los últimos meses de abusos por parte de mandos en Pemex. Funcionarios federales dijeron que el secretario de Energía investigó denuncias porque uno de los colaboradores más cercanos a Lozoya le pidió 7 millones de pesos a un empresario petrolero mexicano para conseguirle una cita con el director de Pemex. Otro caso se dio (en 2014), cuando representantes de una empresa petrolera texana estuvieron en Pemex para preguntar detalles sobre la Ronda Uno de la reforma energética. Les pidieron 20 millones de dólares, dijeron personas que hablaron con los inversionistas. Los petroleros se negaron y dejaron de interesarse en los campos que se pondrían a subasta meses después”.

Esa investigación conducía a la oficina del coordinador ejecutivo de la Dirección General, Froylán Gracia García, muy cercano a Lozoya, y quien se encargaba de mantener una casa en la colonia Nueva Anzures, con barra libre y mujeres eslavas, a donde se invitaba a políticos y empresarios a hacer negocios, y que fue referidas en este espacio en mayo de 2017 con el título La Fiesta Inolvidable. Lozoya y Gracia García siempre negaron actos de corrupción cuando estaban en la Torre de Pemex. Lozoya, incluso, mencionaba que sus colaboradores no tenían ninguna razón para pedir dinero, porque lo tenían de antemano, como Henríquez Autrey, cuya familia se había asociado con Alonso Ancira cuando se quedaron con Altos Hornos de México. Ancira se encuentra preso en España acusado de corrupción junto con Lozoya, en la compraventa de Agronitrogenados con un sobreprecio.

Agronitrogenados es uno de los casos por los cuales se abrió un proceso a Lozoya, junto con los sobornos de Odebrecht y el Proyecto Etileno XXI. Las presiones a empresarios para quedarse con sus empresas petroleras, sin embargo, no tienen nada que ver con las acusaciones por las cuales Lozoya se encuentra en juicio, pero ayudan a entender que mucho de lo que se está viendo en este momento es apenas un fragmento de lo que se ha vivido en este país.

El exdirector de Pemex se encuentra en una situación de privilegio tras un acuerdo con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de colaboración a cambio de ofrecer información que permita romper cadenas de corrupción. Pero también se abre ahora una nueva vertiente de lo que pudiera enfrentar Lozoya, si los empresarios que se quejan de extorsiones y de los pedidos de millones de pesos, se animan y lo denuncian penalmente por sus atropellos.



13 Agosto 2020 04:09:00
Tras la pista de Calderón
Emilio Lozoya, como le exigió el fiscal general Alejandro Gertz Manero para garantizarle la libertad, imputó al Gobierno que encabezó la némesis del presidente Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, en temas de corrupción. El 2006 no se olvida, y el fiscal está armando el ajuste de cuentas políticas con el que sueñan en Palacio Nacional, con la denuncia de hechos sobre corrupción de funcionarios y empresarios involucrados en el Proyecto Etileno XXI, la planta petroquímica en Coatzacoalcos que provocó un quebranto de mil 900 millones de pesos al erario.

Lozoya, según dijo Gertz Manero, afirmó que Odebrecht, a través de su filial de petroquímica Braskem, y su socia mexicana en el Proyecto Etileno XXI, Idesa, tuvieron “una serie de beneficios de carácter económico”, y se les dio “una serie de privilegios en precios de insumos, en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy grandes”. Frente a ellas, los 10 millones y medio en sobornos que pagó Odebrecht a Lozoya, que ahora dice el exdirector de Pemex que fue para la campaña presidencial de 2012 y para comprar voluntades políticas para las reformas del Pacto por México, palidecen.

La acusación es extemporánea. Calló cuando dirigía Pemex, hasta febrero de 2016 en que lo cesaron. El contrato fue denunciado por quien lo sustituyó, José Antonio González Anaya, que formuló la querella contra el proyecto Etileno XXI en enero de 2017, y la Procuraduría General de la República abrió una investigación que también revisó la parte de la gestión de Lozoya sobre la planta heredada por el Gobierno de Calderón. La Fiscalía General tendrá camino andado en sus pesquisas, pues la PGR, le dejó el expediente 117, en donde se encuentra una reveladora declaración, la de Arturo Arregui García, director de Pemex Transformación Industrial cuando se firmó el contrato –el 28 de abril de 2017–.

Arregui García declaró durante más de dos horas, y detalló la cadena de funcionarios de Pemex involucrados en el proyecto, en donde figuraban el entonces director de la empresa, Juan José Suárez Coppel, el exdirector de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Jordy Herrera, muy cercano a Calderón, y el exdirector de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, a quien ratificó Lozoya. La investigación era por su presunta responsabilidad en los beneficios otorgados al consorcio Braskem-Idesa, que es lo que ahora señaló Lozoya en su denuncia de hechos.

El testimonio contiene el eslabón perdido que anduvo buscando el Gobierno de López Obrador, que es la relación de todo el proceso del proyecto, con la Presidencia de Calderón. Se encuentra en la pregunta 59 formulada a Arregui García: “¿A qué persona de la Presidencia se informó de los trámites y gestiones del proyecto de contrato de suministro de etano?”. Su respuesta: “La Oficina de la Presidencia invitaba a Pemex, a Sener, a los representantes de Hacienda, a los asesores financieros y técnicos a informar periódicamente de los avances del proceso, sin recordar quién era la persona que coordinaba dichas reuniones”.

El contrato de Etileno XXI se asignó en febrero de 2010 mediante un proceso de subasta, y quien ocupaba el cargo de jefa de Oficina era Patricia Flores. A partir de junio de ese año y hasta el final del Gobierno de Calderón, el responsable de esa oficina era Gerardo Ruiz. El contrato de suministro de etano, cuyo costo bajo, considerado como subsidio por el Gobierno de López Obrador, es el centro de la investigación que se inició el martes, fue firmado el 19 de febrero de 2010. Braskem Idesa niega ventajas, y afirma que la fórmula del precio la había utilizado Pemex más de tres lustros antes de ese contrato, y se había aplicado a clientes de Pemex anteriores a ella.

Con la denuncia de hechos de Lozoya, Gertz Manero tiene un manjar político sobre la mesa. Son 11 los exfuncionarios de Pemex directamente relacionados con el Proyecto Etileno XXI, además de dos exjefes de Oficina de la Presidencia. Por el testimonio de Arregui García, también se abre la puerta a que sean llamados a declarar al exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y a los exsecretarios de Energía, Georgina Kessel, José Antonio Meade y Jordy Herrera, junto con los miembros del Consejo de Administración de Pemex.

Los ejecutivos de Odebrecht, así como los de Braskem-Idesa en ese entonces, también tendrían que ser llamados a declarar por Gertz Manero, quien se topará con un tema delicado. Idesa fue fundada y es propiedad de la familia política de Javier Jiménez Espriú, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, quien a la vez, era consejero de la empresa en los años en donde se concretó la subasta y se firmaron los acuerdos que el Gobierno lópezobradorista al que perteneció hasta recientemente, asegura que se realizaron con subsidios y privilegios para las empresas. Lozoya aseguró en su declaración de hechos que la empresa mexicana tuvo beneficios económicos de ese proyecto.

Todos los imputados por Lozoya deberán ser citados a declarar por la Fiscalía General. López Obrador pidió ayer que Calderón fuera llamado a declarar, porque Lozoya lo había involucrado en posibles actos de corrupción. A menos que el Presidente sepa algo que no dijo Gertz Manero, Lozoya no lo imputó cuando habló de los beneficios por el contrato de Proyecto Etileno XXI, de cuya obra y detalles del contrato supo cuando fue director de Pemex.

Pero eso es lo que quiere López Obrador, que le regale Lozoya, que Calderón tenga que rendir cuentas ante un juez. Esto será posible solo si lo mencionó en su declaración, lo que no parece inquietar a Calderón, quien en una entrevista dijo que a él, López Obrador y Lozoya, “me van a hacer los mandados”.


12 Agosto 2020 04:04:00
El enigma de Louis Vuitton
Los videos de Emilio Lozoya que comprometen a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, y a políticos del PRI y del PAN, son hasta ahora el vellocino de oro para extirpar la corrupción que se vivió en anteriores administraciones. La existencia de los videos es popularmente conocida, pero se desconoce si existen y son parte del botín que recolectará la Fiscalía General dentro de la negociación con el exdirector de Pemex para que viva en libertad a cambio de información. Personas que han seguido las investigaciones no conocen de ninguna videoteca de corrupción, pero sí de uno o dos donde supuestamente hay imputaciones.

Hay un video al que se refieren varias personas, donde se escucha más de lo que se ve. En ese video, o mejor dicho audio, según una de las personas que conocen del tema, se menciona “LV” indistintamente como “Louis Vuitton”. Para entender el código, la “LV”, por la negociación de Lozoya con el fiscal Alejandro Gertz Manero y las acusaciones en uno de los documentos que le entregó como muestra para obtener el criterio de oportunidad y no ir a la cárcel, las siglas significarían “Luis Videgeray”, secretario de Hacienda cuando Lozoya encabezaba Pemex. Sobre “Louis Vuitton” nadie se confunde; es la casa francesa de productos de lujo.

Las referencias a “LV” o a “Louis Vuitton” están relacionadas con dinero, pero ninguna de las personas que saben de los audios precisaron si esos recursos tienen que ver con el financiamiento de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, como la Fiscalía General presupone como destino de los sobornos multimillonarios de Odebrecht a Lozoya, o de la compra de voluntades políticas para la aprobación de la Reforma Energética en 2014. El enigma es que este esquema, que parece claro, es mucho más complejo de lo que parece.

El criterio de oportunidad que negoció Lozoya para delatar a sus exjefes, no se aplicaría a Videgaray como secretario de Hacienda, porque no dependía de él, sino del secretario de Energía. Podría vincularlo como su jefe en la campaña presidencial, donde Videgaray era el coordinador general y daba órdenes al exdirector de Pemex. Pero el dinero, hasta donde se ha sabido a lo largo de los años, no lo manejaba Videgaray, sino otro “LV”, Luis Vega, secretario de Finanzas del PRI, por cuyas manos, como se publicó en este espacio desde enero de 2018, circulaba todo el dinero de las campañas, como el operador financiero de Peña Nieto desde que era gobernador en el Estado de México.

Peña Nieto hizo a Vega diputado para darle fuero, que le ha ayudado por ahora para no ser detenido, no por este caso de presunta corrupción, sino por lo que se refiere a la llamada “Estafa Maestra”, por lo cual le congelaron desde el año pasado sus cuentas. Este “LV” es uno de los grandes personajes del manejo irregular de recursos durante el peñismo, y también el gran ausente en la trama que se está desenvolviendo. Entonces, ¿quién es “LV”, ¿el “Louis Vuitton” estratega y director de orquesta, o el que manejaba el dinero?

Lozoya quiere acusar a Videgaray de corrupción, aunque en el entramado que se vivió en aquellos años, las líneas no son tan claras. Durante la campaña eran amigos y trabajaron sin mayores problemas, mientras Vega tenía como camarada en el PRI a la actual senadora Nuvia Mayorga, quien durante la campaña presidencial de Peña Nieto encabezó la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del partido, cuando su protector, Miguel Ángel Osorio Chong, era secretario de Operación Política, y el responsable de sumar apoyos de los gobernadores. En todo caso Mayorga, cualquiera de los dos “LV”, Osorio Chong y Peña Nieto, pueden descansar en este capítulo de dinero ilegal a la campaña de 2012, pues en junio del año pasado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determinó la prescripción de la acción legal por el supuesto financiamiento de Odebrecht a ella.

Ese fallo ubica en su justa dimensión toda la alharaca sobre dinero sucio de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto: no se trata de un asunto de orden penal, sino que se inscribe en el ámbito de la política. Podrá ser inútil lo que diga Lozoya para efectos de hacer justicia, pero electoralmente es un recurso útil para mantener la idea de la lucha contra la corrupción y buscar votos para Morena en 2021. Pero la hebra de “LV”, que abre puertas en la compleja investigación por las múltiples aristas que existen, conduce por un camino que hasta ahora no se ha explorado, la alianza de Lozoya con Osorio Chong.

Lozoya le ofreció a Gertz Manero identificar a quiénes dio dinero, supuestamente de Odebrecht, para la aprobación de la Reforma Energética. Esas entregas, prometió detallar, fueron en 2014, durante el proceso de aprobación de las leyes reglamentarias, que es cuando se dio su choque más fuerte con Videgaray, al cabildear por su parte para que salieran como quería, la discrecionalidad para realizar farm outs con quien deseara. Videgaray se le atravesó y lo impidió.

Durante esas negociaciones coincidió con Mayorga, que presumía en algunos círculos priistas que había recibido dinero que Odebrecht le había pagado a Lozoya por sus servicios y enlaces con la empresa hidalguense Construcciones Tapia, que subcontrató a dos empresas de Carlos Aniano Sosa para hacer trabajos en la refinería de Tula, según reveló Mexicanos Contra la Corrupción. Sosa es dueño de las dos casas donde ha vivido Osorio Chong en las Lomas de Chapultepec, y tanto él como Mayorga han negado cualquier irregularidad.

Todos los caminos en la nueva fase de esta semana conducen a “Louis Vuitton”. Ahora falta ver si del embrollo se abre la puerta correcta o se sigue por el mismo camino de mucho ruido, mucho descrédito y poca sustancia.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

11 Agosto 2020 04:00:00
La lucha por la narrativa
No le gusta nada al presidente Andrés Manuel López Obrador que los medios hablen de temas que le generan negativos y mala imagen. Con sólo rozarle la piel se enciende y ataca. Insulta y difama con total impunidad, queriendo inhibir y amedrentar mediante el hostigamiento sistemático que siempre acompaña la sevicia de los francotiradores a su servicio en las redes y los incondicionales. Que le señalen realidades lo descompone, como al arrancar esta semana que se le echó encima a la prensa por difundir el número de contagios y muertes por Covid-19.

¿Pero qué esperaba el Presidente? ¿Un silencio cómplice para ocultar la verdad al país, como quería el expresidente Enrique Peña Nieto cuando en los medios registraban el número de muertos por la violencia? A los líderes no les gusta verse en el espejo, pero cuando esa figura es egocéntrica y autoritaria, cuando alguien respira sin su autorización, lo que viene como consecuencia es el enfrentamiento, como cotidianamente ratifica su modus operandi López Obrador.

No le gusta que se publique que la cifra de muertos por Covid-19 supera los 50 mil y sigue ascendiendo, y que el número de contagios va corriendo hacia el medio millón. Se percibe desesperado al tratar de silenciar a mañanerazos a los medios. Pero frente a los números, su afirmación de haber domado la pandemia y enfrentar al Covid con motivos religiosos se vuelve ridícula, mientras que su dicho de que se ha manejado la enfermedad con “responsabilidad y profesionalismo”, cae por la frivolidad de sus palabras y las galimatías del zar del coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que sigue buscando pretextos para ocultar que su estrategia es un desastre.

En esto, López Obrador también es diferente al expresidente Felipe Calderón, quien no se dejó timar por el subsecretario en 2009 y lo relegó en el manejo de la pandemia del AH1N1, a diferencia del inquilino de Palacio Nacional que no vio que López-Gatell no estaba capacitado para manejar la pandemia –no basta ser epidemiólogo–, por su inexperiencia en situaciones de contención de emergencia. Un botón de muestra: mientras en China se confinaba a 11 millones de personas para frenar el contagio, en febrero, López-Gatell afirmaba que no se necesitaban hospitales especializados. Lo único que hay después de un yerro, con consecuencias.

La soberbia del subsecretario vio su alter ego en López Obrador, y en algún momento de tendrán que responder por el daño que han causado a centenas de miles de mexicanos con sus declaraciones a la ligera, poco responsables, nada profesionales y verdades a medias. Los números de Covid-19 contradicen sus dichos, al quedar como un resultado que escapa de la retórica, donde habita el Presidente.

Las cifras de contagios y muertes son minimizadas a partir del argumento de que la estrategia ha sido exitosa porque no hay desbordamiento de camas en los hospitales, y tampoco se ha dejado de atender a nadie. Es cierto, pero la afirmación es engañosa. Durante gran parte de la pandemia, 8 de cada 10 personas que fallecieron por Covid-19 nunca pisaron un hospital (la cifra ha disminuido en las últimas semanas de 6-7 de cada 10). La gente enferma no va al hospital hasta que están en un estado muy crítico, por lo que del 20 al 40% de quienes sí llegaron al hospital, el 42% de ese porcentaje murió.

No le gusta al Presidente que todos los días le muestren los medios la realidad, porque no puede borrar la realidad. En los primeros 90 días de la pandemia se registraron 78 mil casos, pero el número se duplicó en los siguientes 20 días (159 mil 793), y volvió a subir casi 100% en los siguientes 28 (317 mil 635). En el caso de fallecimientos, durante los primeros 90 días de la pandemia se registraron 19 mil 80, que casi se duplicaron en 14 días (28 mil 510), y casi se elevaron al doble en los siguientes 38 (52 mil 298).

Estos números, hay que aclarar, son los registrados en las instituciones de salud, pues aquellos que se enferman o mueren fuera del sistema no son registrados en la estadística oficial. Tampoco se conoce con precisión el número de personas portadoras del virus, porque la política del gobierno es no hacer pruebas. El argumento de López-Gatell es que no sirven para contener el virus, lo que es cierto, pero también es falso. Cierto, porque no sirve para contener la enfermedad; falso, porque no es esa la razón de las pruebas, sino para saber más cómo se comporta el virus y la velocidad y los patrones con los que avanza.

López Obrador explota cuando los medios publican los datos y quiere que atiendan otras narrativas –las suyas. Los payasos que coloca su equipo de prensa para que le hagan preguntas a modo en las mañaneras le permite ensayar distractores para desviar la conversación. Muchas veces tiene éxito, pero sus victorias son pírricas por efímeras. Ha saturado con conferencias de prensa el día para disparar temas como escopeta, y diseñado mensajes en YouTube los fines de semana para mantener ocupado el espacio público con sus temas.

Pero lo que antaño fue una estrategia a prueba de todo, ahora tiene horadado el blindaje. No tiene prácticamente a nadie en el gabinete que le ayude a desviar el interés de la opinión pública en su salud, y quien mejor proyección tenía, López-Gatell, ha perdido credibilidad y respeto por las contradicciones e intentos para responsabilizar a otros por los costos humanos de la pandemia. Al Presidente no le gusta que lo confronten con hechos, por lo que se victimiza y ataca. Está en su lucha por recuperar la narrativa, aunque en el caso de Covid-19 la tiene perdida.
10 Agosto 2020 04:06:00
Llegó el fuego a Osorio Chong
Miguel Ángel Osorio Chong renunció a la Secretaría de Gobernación en enero de 2018 para preparar su candidatura al Senado, que parecía una estrategia de dos caminos: seguir activo políticamente, y blindarse para cualquier acción que el siguiente gobierno quisiera emprender en su contra. La victoria de Andrés Manuel López Obrador, un cruzado contra el pasado, lo ha hecho guardar un bajo perfil como coordinador de la bancada del PRI, colaborando pusilánimamente salvo en momentos excepcionales. Su docilidad, empero, fue gratuita. Frente a las irregularidades de su gestión en Bucareli, el fuego se le está acercando.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong absorbió la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la convirtió en un apéndice de Gobernación, de donde se deriva parte de los problemas de la violencia que se viven en el país por su mala gestión, al colapsar el aparato policial por la incompetencia de quienes puso al frente de él, y despilfarrar los recursos para el fortalecimiento de la Policía Federal, que ocultó al reclasificarlos presupuestalmente en el rubro de seguridad nacional.

Para no dejar ningún cabo suelto, designó como secretaria general de la Policía Federal a Frida Martínez Zamora, su directora de Recursos Humanos y Adquisiciones de la Oficialía Mayor en Hidalgo cuando fue gobernador, y llevó a la administración de Peña Nieto como jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen. Martínez Zamora, pareja cuando menos en ese entonces, de Luis Eduardo, hermano de Osorio Chong, fue la responsable del manejo de miles de millones de pesos que se movieron en una caja negra, y que fue razón de quejas y denuncias desde el arranque del gobierno de López Obrador.

La molestia y crítica por la corrupción en compras de equipos que señaló desde febrero del año pasado López Obrador como una herencia maldita, también lo fue en la parte final del gobierno peñista. En la entrega-recepción del equipo de Osorio Chong al de su relevo, Alfonso Navarrete Prida, las cosas no fueron tersas, sino tensas, y en algunos casos, de choque. El más notable fue en la Oficialía Mayor que ocupaba Jorge Márquez, el principal operador político y financiero de Osorio Chong, a quien no le recibieron la oficina por un faltante de 20 mil millones de pesos. El sexenio terminó sin que se aclarara ese extravío, lo que subraya el tipo de conflicto que se vivió en la agonía del anterior gobierno por la opacidad.

La realidad finalmente alcanzó a Osorio Chong, quien este fin de semana pudo comprobar a través de la prensa que la pista de los desvíos de recursos presupuestales en Gobernación, tocó a su puerta por la vía de la solicitud de órdenes de aprehensión contra varios de sus colaboradores, donde sobresale Martínez Zamora, que ha sido como parte de su familia durante casi tres lustros, y quien es el escalón previo para llegar a Márquez, de quien dependía, no formal, pero sí para todos los efectos prácticos.

Las informaciones periodísticas –no desmentidas– tienen que ver con las investigaciones que durante más de un año ha hecho la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2018, donde halló irregularidades en el ejercicio de recursos públicos de la Policía Federal por alrededor de mil 500 millones de pesos, y que están relacionadas principalmente con la partida presupuestal para Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que manejaba Zamora Martínez. En esa revisión aparecen tres contratos de los que no se tenía conocimiento hasta ahora:

1.- El pago de 170 millones de pesos por diversos equipos, sin que el proveedor cumpliera con la entrega de los equipos adquiridos.

2.- La inexistencia de documentación que soporte gastos de seguridad pública y nacional entregados por la Policía Federal a diversos funcionarios por 42 millones de pesos, donde tampoco se presentaron informes sobre los resultados de la operación o investigaciones realizadas por el personal de esa dependencia que recibió esos recursos.

3.- Irregularidades por 800 millones de pesos al no comprobar la Policía Federal que se llevaran a cabo servicios de patrullaje y vigilancia extraordinaria –que no se especifican– que fueron contratados –a un privado.

La Auditoría Superior de la Federación encontró también un desvío de la Policía Federal por 500 millones de pesos a empresas extranjeras con quienes no se tenía contrato. El recurso fue solicitado para adquirir un sistema llamado “Solución Integral de Inteligencia de Monitoreo de Redes Sociales y Localización Inteligente”, que se compró sin tener un estudio de mercado y sin garantizar las mejores condiciones, que la ASF, afirma, estimó con un valor real de 20 millones.

Este fue uno de los primeros hallazgos que encontró la Auditoría Superior de la Federación, que provocó que en marzo de este año, Patricia Trujillo Mariel, que era la coordinadora operativa de la Guardia Nacional, fuera dada de baja. Trujillo Mariel era la jefa de la Policía Cibernética de la Policía Federal durante el gobierno de Peña Nieto, y la presunta responsable de haber adquirido a sobreprecio un programa de la empresa israelí Cyberglover LTD, mediante la Comercializadora Diozal, desde donde se dispersaron los recursos a empresas extranjeras ajenas al supuesto proveedor.

Son miles de millones de pesos los que están bailando y hundiendo al entorno más cercano de Osorio Chong, sobre quien hay investigaciones en curso en la Secretaría de la Función Pública que apuntan a un enriquecimiento inexplicable. Esto ya no va a parar. Una acusación penal está en su horizonte, pero dependerá si su círculo más íntimo, enfrentado con evidencias sobre su culpabilidad, se apega al criterio de oportunidad para evitar sanciones mayores, y comienza a hablar de qué tan arriba llegaron las órdenes para el desvío de dinero que supuestamente debía haberse utilizado en combatir criminales.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.











07 Agosto 2020 04:15:00
La bala de plata de Odebrecht
La Fiscalía General de la República aseguró que el conglomerado brasileño Odebrecht apoyó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. También afirmó que inyectó recursos en la campaña para gobernador de Tamaulipas de Rodolfo Torre Cantú, a quien asesinaron una semana antes de la elección. Se oye espectacular, pero está apuntando chueco, al citar como fuente madre para sus imputaciones a un ejecutivo de Odebrecht que no dijo lo que manifiestan que dijo.

Los fiscales se han basado en el testimonio de Luis Alberto de Meneses Weyll, quien era el director para México de Odebrecht, ante las autoridades de su país en Brasilia y ministerios públicos de la entonces Procuraduría General de la República, en 2017. En su declaración de 46 páginas, como se publicó en este espacio hace tres semanas, De Meneses Weyll asegura que la única campaña a la que inyectaron dinero fue a la de Javier Duarte en Veracruz, en 2010.

Pero no todo está perdido. Con un poco más de esfuerzo, los fiscales pueden reenfocar su caso, si en realidad quieren llegar a la campaña presidencial de Peña Nieto, a partir de otro testimonio, el de Marcelo Bahía Odebrecht, el entonces presidente de la empresa que lleva el nombre de su familia, también ante fiscales brasileños y ministerios públicos mexicanos, quien está cumpliendo una condena en su país y que narró de manera descarnada el camino de los sobornos para obtener respaldos gubernamentales.

“En la hora que usted empieza a demandar un apoyo del gobierno... el gobierno tendría que apoyar una empresa con la cuestión del sindicato, con la cuestión de infraestructura –dijo–, naturalmente crea una expectativa de que va a apoyar el proyecto político de aquella persona. Entonces existe ese tipo de pago. Existe también la cuestión de que usted quiere apoyar candidatos políticos que estén mucho más alineados con su interés… En el caso de México, la única cosa que yo sé, es que nosotros con seguridad apoyamos con toda certeza. Si me pregunta, las elecciones de Veracruz con certeza. Nuestras empresas apoyaron a los candidatos… y en general más de uno, porque usted quiere tener relación con todos ellos”.

El testimonio del expresidente de Odebrecht es difícil de entender por la forma entrecortada con la que hablaba, sin contexto, pisando sus propias frases, muchas de ellas en portuñol. Pero la bala de plata que deberían de estar puliendo los fiscales mexicanos en lugar de disparar para otro lado, se encuentran en las páginas 19 y 20:

“Con certeza las elecciones presidenciales. Con toda certeza hasta por la dimensión nuestra, empezó a haber participación… a pesar de no saber el valor (monto) o cómo se dio… Yo no sé si hubo pagos específicos para un (ininteligible). Lo que yo dije, lo que yo sé, es que hubo. La gente apoyó políticamente (…) los candidatos. Si eso involucraba pagos específicos, no sé”.

Marcelo Odebretch conoció a Lozoya en Río de Janeiro, cuando el capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial, que presidía el exdirector de Pemex, reunió en la capital carioca a varios líderes regionales, entre los cuales se encontraba Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. En su testimonio, aparentemente cuando le preguntan sobre los sobornos que le dio la empresa a Lozoya, se dice traicionado, si verdad se dieron, acotó, porque lo consideraba su amigo.

“El nunca (lo) mencionó conmigo; mi director nunca me (lo) mencionó”, agregó, al referirse a Lozoya y a De Meneses Weyll. “La única cosa que él si me mencionó, es que había dado un apoyo a la campaña presidencial y Emilio Lozoya me agradeció el apoyo en una oportunidad que estuve allá, antes del Presidente asumir su cargo. Entonces yo sé que fue dado este apoyo”.

Sin embargo, lo que parece claro, no lo es tanto. ¿Apoyo era igual a soborno? Odebrecht añadió: “Ahora, los pagos ilícitos, los nuestros, (a) esas personas allá… Luis Weyll puede indicar quién sería; ellos pueden indicar los pagos que hubo, y esos registros van a estar en las pruebas de colaboración de ellos”.

En la declaración confidencial, de la que se tiene una copia, un interlocutor no identificado aparentemente Ministerio Público de la PGR, le hace una pregunta que no se registra por estar lejos del micrófono, a lo que Odebrecht responde refiriéndose a Lozoya: “No. Agradece el apoyo que nosotros dimos a la campaña del Presidente”.

Una segunda pregunta que tampoco se registró, ocasionó esta respuesta: “No sé. Ahí Luis Weyll, él sólo me agradeció: ‘Marcelo, yo quería agradecer el apoyo que ustedes dieron’. Yo no busqué saber quién pagó, quien debe saber en ese caso específico… Luis Weyll”.

De Meneses Weyll aseguró que a la única persona que sobornó en México –10.5 millones de dólares en total–, fue Lozoya. Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Fiho, quien era el director de Operaciones Estructuradas, la oficina de Odebrecht responsable de pagar los sobornos, lo corroboró. “El pago fue para el presidente de Pemex, Emilio”, dijo. Para armar la ingeniería financiera de esos pagos, agregó, viajó a México con Rodrigo Durán, el abogado español responsable de esa tarea, quien determinó con Lozoya la apertura de una cuenta en un paraíso fiscal, la forma como se iba a pagar y a qué institución.

Según De Meneses Weyll y Mascarenhas, ningún otro mexicano fue sobornado, ni hubo dinero a campaña alguna salvo para la de Javier Duarte en Veracruz, para gobernador, en 2010. Al decir otra cosa, los fiscales de Gertz Manero están mintiendo. No pueden construir un caso sobre falsedades porque se va a caer, pero tienen en la declaración de Odebrecht, pese a lo débil y contradictoria que es, una pequeña puerta para evitar que su caso madre de corrupción contra el pasado, resulte en un fiasco.

06 Agosto 2020 04:00:00
Apretones a Lozoya
La negociación de Emilio Lozoya con el fiscal general Alejandro Gertz Manero comenzó hace bastante tiempo, antes de que el exdirector de Pemex se fuera de México. Hablaron en la oficina del fiscal con un compromiso previo, acordado a través de altos funcionarios que sirvieron de intermediarios: Gertz Manero no lo detendría en ese momento –aún no había orden de aprehensión–, pero Lozoya tendría que aportar información útil para el caso que estaba construyendo. Gertz Manero lo escuchó 20 minutos y lo interrumpió. Hasta ese momento, le dijo, no le había dicho nada que no supiera. Ochenta y cinco minutos después, el fiscal acabó la plática. Que no le quitara el tiempo, le dijo, y lo despidió.

Gertz Manero presionó a su abogado, Javier Coello Trejo, para que dejara la defensa de Lozoya, y ante la negativa se reactivaron casos penales para obligarlo a ello a través de su familia. No funcionó con él, pero repitió la táctica con Lozoya. Mientras se escondía, inició procesos contra su madre, su hermana y su esposa, a quienes se les giraron órdenes de aprehensión. Lozoya, presionado por su padre, aceptó terminar la negociación truncada con Gertz Manero, pero al llegar a México, siguió sin dar la información prometida.

Gertz Manero se deshizo de Coello Trejo de manera indirecta. El abogado de Lozoya se negó a participar en el montaje que había negociado su padre para que se entregara a cambio del criterio de oportunidad que le permite la ley para cambiar su libertad si declara contra quienes fueron sus jefes. Entre los puntos centrales que había aceptado con la Fiscalía General, fue que denunciaría ante el ministerio público al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Gertz Manero le quiere transferir la carga de la prueba a Lozoya, y darle una salida al presidente Andrés Manuel López Obrador de enjuiciar a su antecesor a través de la denuncia de un tercero. Él no incumplirá su palabra al no perseguir a Peña Nieto, pero tampoco pagará el costo político de no hacer nada en su contra.

Lozoya no ha cumplido lo pactado, aunque por la parte del gobierno las cosas avanzaron como quedaron. Salió a la libertad condicional directo del hospital donde lo trataban de una anemia, aunque el exdirector de Pemex carga bastantes kilos más de los que tenía en sus mejores épocas.

Hasta ahora, ni pruebas, ni denuncia ante el ministerio público, lo que ha generado molestia en la Fiscalía General por la palabra incumplida, y preocupación porque no tienen todavía nada sobre lo que puedan trabajar. Lozoya estaba jugando con Gertz Manero, pero el fiscal ya le reviró. Por petición suya, la policía alemana hizo un cateo la semana pasada en la casa donde viven su esposa y sus hijos en Alemania. Se desconocen las razones y los resultados del cateo, pero sirvió como recordatorio a Lozoya de que tiene que cumplir para que recupere su libertad plena. Tampoco le han quitado las acusaciones a su madre y a su hermana.

La pelota está del lado de Lozoya, por lo que toca a la Fiscalía, pero entrará en otro terreno. En el momento en que empiecen las denuncias y el juez llame a declarar a los imputados, el ex director de Pemex comenzará a enfrentar a los abogados de los señalados, que irán por su cabeza. Jurídicamente será un momento muy importante, y puede entrar en un terreno de fuerte turbulencia, más allá de probar sus dichos con hechos.

Un alegato posible es la improcedencia del criterio de oportunidad negociado con Gertz Manero, al haberse aplicado sin que mediara la sentencia de un juez. La vida alegre de Lozoya de la que goza, en el entendido que la alternativa era estar encerrado tras las rejas, puede acabarse.

Si esto llegara a suceder y Lozoya se ve desprotegido, ¿cómo podría reaccionar ante la Fiscalía General que estará a punto de despellejarlo por romper el pacto acordado? Una posibilidad, argumentando violación al proceso. Para efectos legales, podría alegar privación de su libertad. Hasta el día de la audiencia el 28 de julio, no se sabía realmente dónde estaba el exdirector de Pemex. Se supone que llegó el 17 de julio y fue directo al hospital, pero no hay registro de ello. Por ocho horas entre su detención y su presentación ante la autoridad judicial, el caso de Florence Cassez provocó un conflicto internacional y descrédito al gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo se vería entonces un caso donde ese proceso tardó 11 días?

La defensa de Lozoya tiene elementos para enjuiciar a quien lo está enjuiciando, mientras se defiende de lo que lo acusen los imputados que señalará ante el ministerio público, cuando decida acudir al ministerio público a cumplir su parte del compromiso. Este es un escenario crucial para el caso, si al final Lozoya reconoce lo negociado, por lo que el problema se transferirá a quien quizás no lo está viendo de esta manera en estos momentos, el Poder Judicial.

López Obrador, que siempre dice lo que piensa y normalmente anticipa públicamente lo que sucederá, le ha dado toda la credibilidad a Lozoya como el ariete contra un pasado corrupto, y señalado que la gente no debe fijarse en lo que suceda en los tribunales –o sea, la ley no es el referente–, sino erigirse en un jurado popular y sentenciar a los imputados como culpables. La ley es secundaria en su caprichosa racional para erradicar la corrupción.

Las cosas están claras, y la anulación del Poder Judicial que se ve en el horizonte, debería ser motivo de preocupación de la cabeza del mismo, Arturo Zaldívar, un apologista del régimen que debería ver que quieren acabarlo. El apretón a Lozoya, también es a él.
05 Agosto 2020 04:00:00
El fracaso de la Guardia Nacional
La Guardia Nacional no es como la Carabina de Ambrosio, pero está cerca de serlo. Ha sido el mayor fracaso del gobierno frente a las expectativas que había generado para enfrentar la inseguridad y reducir los niveles de violencia en el país. Las promesas de pacificación nacional con ese cuerpo integrado por militares y policías, se quedaron en buenos deseos, y en sangre vertida como nunca en tiempos de paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy insatisfecho con la gestión civil de la Guardia Nacional, y ha puesto de cabeza a Palacio Nacional para que le preparen una propuesta que incomodará a muchos: que la Secretaría de la Defensa Nacional la absorba.

La Guardia Nacional fue la propuesta innovadora del gobierno para desaparecer a la Policía Federal, como muchas otras instituciones, a rajatabla. El argumento fue que estaban infectadas con corrupción, pero sin un diagnóstico serio en las manos se pensó que la corrupción de individuos se resolvía extirpando la institución del combate a la delincuencia. Mala fue la asesoría al presidente Andrés Manuel López Obrador, vendiéndole cuentas de vidrio y timándolo con generalizaciones. La Policía Federal tenía muy probablemente elementos mafiosos incrustados, pero como cuerpo civil, cuya construcción llevó más de 20 años, era sólida y eficaz.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, fue el primer engañado. El diagnóstico que recibió para la reconstrucción de lo que iba a ser la Policía Federal se lo hizo Manuel Mondragón y Kalb, quien como comisionado Nacional de Seguridad en la primera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el responsable de la demolición de la infraestructura de la institución. Durazo, que sabía poco del tema, elogió el trabajo de Mondragón y Kalb y puso manos a la obra. La Guardia Nacional fue su proyecto y su desgracia, si a resultados nos atenemos.

En los primeros 18 meses de gobierno de López Obrador, de acuerdo con las gráficas de la consultora TResearch, el número de homicidios dolosos –el delito por el cual se está midiendo popularmente el éxito o el fracaso de la estrategia de seguridad– sumó 57 mil 534. En ese mismo periodo, durante el gobierno de Felipe Calderón al que los propagandistas del gobierno llaman “asesino” por el número de muertes en su mal llamada “Guerra contra las Drogas”, totalizaron 19 mil 571, lo que significa 194% menos de lo que lleva la actual administración. La variación negativa con el gobierno de Peña Nieto también es notable -90%-, al superar el de López Obrador a su antecesor por más de 27 mil homicidios dolosos.

La Guardia Nacional no resolvió lo que le prometieron al Presidente, cuyo discurso se está agotando. En la última encuesta de aprobación presidencial publicada este lunes en EL FINANCIERO, el 55% consideró que es mala la forma como el gobierno está enfrentando a la delincuencia, mientras que el 68% le preocupa mucho el crimen organizado, y el 71% piensa que está fuera de control. No deja de llamar la atención en el mismo estudio, que la aprobación de la Guardia Nacional se mantenga estable (67%), lo que sugiere que la gente no ha conectado que todo aquello que tanto teme, es resultado del mal trabajo de ese cuerpo civil.

López Obrador sí sabe del fracaso, y ordenó que se prepare una propuesta para que la Guardia Nacional deje de ser parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para ello se tiene que reformar básicamente el artículo 21 constitucional, que señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen:

• La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

• La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública.

A la luz de los resultados, la Guardia Nacional, que encabeza el general de brigada, Luis Rodríguez Bucio, ha incumplido con el mandato constitucional e impedido la pacificación prometida por el Presidente, sin olvidar que el momento más difícil y vergonzoso del gobierno, el culiacanazo, cuando dejaron en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, al que detuvieron por más de dos horas en cumplimento de una petición de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos, tuvo en el comandante del cuerpo paramilitar, uno de los principales responsables –si no el que más–, de la fallida estrategia de captura.

A López Obrador no parece importarle que en los hechos se confirme que la seguridad pública sería una responsabilidad oficial y legal de los militares, y que esto generará críticas internas y en el mundo por entregarle al Ejército esas funciones, juntando seguridad nacional con seguridad interna y seguridad pública. Esas tareas ya no tendrían divisiones institucionales ni contrapesos. Toda la seguridad se manejaría desde Lomas de Sotelo.

Pero además, si sale la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública, donde tiene el 70% de su presupuesto y realiza las funciones principales asignadas a esa dependencia, será asimismo, el fin de esa secretaría, que quedaría reducida a su máxima expresión y sin responsabilidades sustantivas que realizar. No sería, como en el gobierno de Peña Nieto, cuando la Secretaría de Gobernación absorbió la de Seguridad Pública, sino que este país se quedaría sin un cuerpo civil federal responsable del combate a la delincuencia.

Los militares darían un paso más hacia el control de la vida civil del país, construyendo un andamiaje que no se ve en democracias, sino en dictaduras.




















04 Agosto 2020 04:17:00
Omar se tiene que ir
Omar García Harfuch se convirtió en un héroe en la Ciudad de México tras haber sobrevivido un atentado en su contra, el 26 de junio. Aunque él responsabilizó desde el principio –minutos antes incluso de entrar a cirugía– al Cártel Jalisco Nueva Generación, persisten dudas en las áreas de seguridad del gobierno federal sobre si puede adjudicarse a esa organización criminal el ataque, o hay otras fuerzas oscuras que quieren cobrarle viejas facturas. Lo que sí tienen claro todos es que alguien quiere matar a García Harfuch de una u otra forma, ahora o después. Sobre su cabeza hay una sentencia de muerte que en estos momentos, ni él ni nadie en el gobierno federal, sabe exactamente quién la dictó.

Dos videos donde amenazan directamente a García Harfuch han aparecido en las redes sociales. En ninguno aparece insignia alguna del Cártel Jalisco Nueva Generación, ni tampoco se hace referencia a que los ataques contra él tengan que ver con un problema institucional de afrenta al Estado. En ambos casos han sido mensajes personalizados que se remontan a una parte específica de su carrera policial, cuando estuvo como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero, en los años del surgimiento y consolidación de Guerreros Unidos y Los Rojos, cuyos enfrentamientos desembocaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el primer video, difundido cuatro días después del atentado, le dicen: “A ti se te olvidó que con un grupo de la familia nos mataste familia”. Implícitamente se refieren a un evento donde lo relacionan con La Familia Michoacana, que sobrevivió su desaparición en Michoacán, bajo el liderazgo de Johnny Hurtado Oscaloaga, apodado El Fish, y su hermano José Alfredo, apodado El Fresa, escondidos en Arcelia, Guerrero, o en su santuario paramilitar en Tejupilco, Estado de México.

No obstante, hay algunas inconsistencias en lo que se afirma en el video. Señalan a García Harfuch de haber actuado con la Marina en acciones contra ese grupo, y que ha apoyado al exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, apodado Z-40, para que no sea extraditado.

La Marina efectivamente trabajó durante los años que estuvo García Harfuch en Guerrero en toda la zona de Tierra Caliente, particularmente en el corredor de Arcelia a Valle de Bravo, en el Estado de México, para acabar con el secuestro, controlado por El Fish. El Z-40 tampoco era aliado de La Familia Michoacana, por lo que la red de relaciones que le adjudican es con grupos rivales que se peleaban la región.

Sin embargo, en los videos hay información que sólo podría haber salido de las corporaciones de seguridad. Hay algunas relaciones personales que le señalan, que son conocidas dentro del gobierno capitalino y federal, pero no son algo que circule públicamente. Hay otras vinculaciones imprecisas. Sus agresores lo han relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente preso en una corte federal en Nueva York, aunque en la realidad, ha confiado García Harfuch, sólo una vez tuvo contacto con él, cuando lo saludó en un evento.

Con quien tiene una fuerte relación es con Luis Cárdenas Palomino, que fue uno de los hombres más cercanos a García Luna, y que recientemente fue sumado al proceso contra el exsecretario en Nueva York. Cárdenas Palomino fue quien lo invitó a la Policía Federal en 2008, como jefe del Departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito, y se hicieron amigos. La difusión del segundo video coincidió con el anuncio en Estados Unidos que habían acusado a Cárdenas Palomino dentro del caso que están construyendo contra García Luna.

El caso Ayotzinapa está presente en los videos, en donde indican que hay una relación de su papel como coordinador de la Policía Federal en Guerrero y la desaparición de los normalistas. García Harfuch ocupó ese cargo de diciembre de 2012 a agosto de 2014, un mes antes del crimen contra los estudiantes, pero participó en la mesa de seguridad estatal donde se llegó a mencionar la corrupción de policías federales y su involucramiento con Guerreros Unidos. Aunque siempre lo ha negado, el gobierno federal lo está investigando por una probable responsabilidad en la desaparición de los normalistas.

Desde el primer día del atentado, funcionarios federales cuestionaron la veracidad de su acusación al Cártel Jalisco Nueva Generación, sino del ataque en sí mismo. García Harfuch insiste que fue consecuencia de su trabajo en la Ciudad de México, pero cada vez se sostiene menos esa afirmación. En cambio, cada vez emerge más información que el ataque fue por razones que no tenían que ver con su actual gestión en la capital federal.

El secretario parece estar anteponiendo razones personales a las institucionales, al insistir que el ataque obedeció al combate a la delincuencia en la capital, pero sin haber aportado todavía datos que lo prueben. Está aferrado al cargo porque de palabra le ofrecieron que sería el sucesor de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad federal, cuando éste se vaya a buscar la gubernatura a Sonora a fines de año. Está claro que ya sea por esa razón o por un viejo problema, le estorba a alguien, y la falta de información sobre quién está detrás de las amenazas, no le ayuda.

En las condiciones actuales, García Harfuch debe renunciar al cargo y establecer la separación entre un asunto personal y uno institucional, pues sería irresponsable esconder lo primero en lo segundo. Su salida no tendría que ser al vacío, y mientras se aclaran las amenazas y se deslinda del caso Ayotzinapa, el Estado mexicano tiene la obligación de protegerlo, enviándolo, por ejemplo, al exterior. Por ahora se ha quedado sin otras opciones. Lo quieren matar, y tarde o temprano, de seguir en la primera línea de fuego, lo conseguirán.

18 Diciembre 2019 04:09:00
García Luna: la geopolítica
En los últimos días, el Gobierno dio pasos para atrás en el linchamiento del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido la semana pasada en Dallas, acusado por la Fiscalía de Brooklyn de vinculación con el cártel de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó de llamarlo corrupto y señalarlo como culpable de delitos que aún faltan por probarse, rectificó en la purga de funcionarios que hubieran trabajado con él, y lo más relevante, anunció que no habrá investigación en México en su contra. Un giro de 180 grados en cuestión de horas, que lleva a pensar qué sucedió en Palacio Nacional. Fue una decisión inteligente, por prudente. Este caso es extraño y no se sabe con certeza la motivación detrás de la acusación.

La acción del Departamento de Justicia en contra de García Luna es un misterio, empezando por las dialécticas internas en la comunidad de inteligencia estadunidense. Un dato es que lo capturaron alguaciles federales –U.S. Marshalls– con quien García Luna no tiene buena relación. ¿Temía el Departamento de Justicia que si se apoyaban con la DEA o el FBI podría haber una filtración? Los nexos de García Luna con la comunidad de inteligencia mundial se extienden por más de 30 años, y sus socios en la consultora Glac incluyen a quien encontró a Osama bin Laden en Pakistán, y a quien destruyó el cártel de Cali y formó parte de la unidad que abatió a Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín.

El porqué del uso de alguaciles obliga a no soslayar que la comunidad de inteligencia con la que compartió información secreta, es la misma a la que el presidente Donald Trump maltrató cuando llegó a la Casa Blanca. La comunidad, se puede argumentar, le pasó la factura al denunciarlo como traidor por violar la secrecía del cargo e involucrar a Ucrania en las elecciones presidenciales de 2020. ¿Acaso la detención de García Luna sería la respuesta de Trump? Difícil saberlo ahora, pero la imputación en sí misma parece una critica a la comunidad de inteligencia, que nunca se dio cuenta, sería el argumento, que con quien compartió información, trabajaba para narcotraficantes.

La acusación de la Fiscalía parte de una declaración ante un Gran Jurado de Luis “El Rey” Zambada –que no ratificó en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán– donde afirmó que le había entregado de 3 a 5 millones de dólares a García Luna de parte de su hermano, Ismael “El Mayo” Zambada. Esa imputación la había hecho en 2009, luego de que el equipo de García Luna lo detuvo en la Ciudad de México, y antes que lo extraditaran a Estados Unidos, lo que originó una investigación de la DEA y el FBI sobre el exsecretario, que duró dos años, y a cuyo término lo exoneraron de toda culpa. Es decir, la acusación de la Fiscalía ya fue investigada en Estados Unidos. No le perdieron la confianza a García Luna, y siguieron trabajando coordinadamente, compartiendo información sensible.

Al terminar el Gobierno del presidente Felipe Calderón, donde fue un secretario súper poderoso, se fue a vivir a Estados Unidos. Lo contrató el Departamento de Estado para construir un modelo de seguridad pública en varios países de América Latina, y al fundar Glac, la consultora en seguridad, requirió un permiso especial del Pentágono y la CIA porque sus sistemas estaban conectados a sus bases de datos. Esto hace inverosímil las acusaciones de la Fiscalía, cuando menos hasta este momento, y habrá que esperar el juicio y que presente sus evidencias. Pero, para efectos de argumentación, si en realidad hay suficiente material para inculparlo, García Luna probablemente declarará bajo juramento. Dependiendo de lo que le pregunten, deberá decir lo que sabe. Y en esta disyuntiva, hay dos escenarios.

El primero es que la CIA, como sucedió a fines de los 70 contra el entonces jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nassar Haro, acuda ante el juez y pida sobreseer el caso por razones de seguridad nacional. La otra es lo que el Gobierno mexicano y sus voceros, deben considerar: García Luna fue el responsable de la contrainteligencia del Estado Mexicano durante varios años, y más adelante construyó la base de datos criminal más importante de América Latina. Su trabajo constituyó en vigilar lo que hacían las agencias de inteligencia extranjeras, y más adelante investigar las redes criminales en México y sus vinculaciones en el extranjero, que lo llevó, como se vio en sus años al frente de la policía, a descubrir diversas redes de protección institucional.

La información que tiene es de seguridad nacional para los dos países y ha guardado secretos de Estado que, de obligarlo a declarar en Brooklyn, podría revelar acciones y operaciones que comprometan a las agencias de inteligencia. García Luna siempre ha sido hermético en lo que sabe, pero varias operaciones que realizó durante más de tres décadas ocupando altos mandos de seguridad e inteligencia, que son públicas, conectan con políticos, empresarios y periodistas vinculados o presuntamente vinculados con los cárteles de la droga, sobre todo con el de Sinaloa y su escisión, los hermanos Beltrán Leyva.

Varios funcionarios del Gobierno de López Obrador trabajaron en paralelo con él –no los que estuvieron bajo su mando– y algunos se vieron involucrados en acciones irregulares, al menos, o fueron vistos con sospecha por sus relaciones demasiado cercana con narcotraficantes. La idea que tiene el Gobierno es que García Luna podría aportar información contra expresidentes, sobre todo Calderón. En realidad, Estados Unidos no lo necesita para obtener información delicada contra los expresidentes. Ya la tiene. Si no son ellos, ¿quién sería una persona de interés? Cada quien que saque sus conjeturas.
17 Diciembre 2019 04:09:00
El espía de Andrés Manuel
Fuera formas y debido proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió extender la presunción de inocente –no de culpable–, no solo al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sino a todos aquellos que hubieran colaborado con él, a fin de realizar una purga dentro de su Gobierno.

“No se va a tolerar la corrupción y la impunidad ni de mi familia”, dijo el Presidente. “Para afuera, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas”. Como sucede normalmente con él, escala las cosas. Inicialmente, dijo que García Luna tenía derecho a un juicio y que era presunto culpable al que le tenían que probar las acusaciones de corrupción. Después ya lo señaló culpable, y más adelante barrió con quienes trabajaron bajo él.

La prensa publicó los nombres de varios de ellos, y parecía hasta el domingo que su destino sería la destitución. Habría sido una violación a sus derechos humanos, aunque el Presidente de cualquier manera los vulneró al establecer que habían sido partícipes de actos de corrupción. Al Presidente le gana el rencor y no se contiene. Su hábitat es la tensión y la confrontación.

El lunes, sin embargo, rectificó. No cesará a nadie relacionado con García Luna. Pero una vez que abrió el tema del pasado en las áreas de seguridad, hay una persona que podría ser de su interés, el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Su nombre fue señalado por el periodista Ciro Gómez Leyva el viernes como colaborador del exsecretario, y le respondió Rodríguez Bucio al escribir el sábado en Twitter: “Agradeceré mucho al [email protected] verificar la información que dio anoche en su programa televisivo. Jamás en mi tiempo de servicios he tenido que reportar sobre mi trabajo al Sr. Genaro García Luna”.

El general Rodríguez Bucio sí colaboró con García Luna, quien lo tuvo bajo su mando varios años desde 1994, cuando nació el llamado GAT, un esfuerzo de coordinación institucional que se integró tras una serie de atentados, que se consideraron “terroristas” en ese momento, en instalaciones estratégicas del país que buscaban colocar bombas en plantas de Pemex, hidroeléctricas, presas y telecomunicaciones.

Su creación se debió a la falta de un organismo que concentrara atribuciones y capacidades, que por instrucciones del presidente Carlos Salinas recayó en el Cisen. Bajo el paraguas del Cisen se incorporaron miembros de otras dependencias, de la Procuraduría General de la República, del Gobierno del entonces Distrito federal, del Gobierno del Estado de México, y de las secretarías de la Defensa y la Marina.

Se nombraron “enlaces”, incluidas las entidades, porque fue donde más actos de tipo terrorista se habían registrado, así como de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Más adelante se incorporaron al GAT “enlaces” de los gobiernos de Chiapas, Guerero e Hidalgo.

El GAT tenía reuniones de balance operativo cada semana y estratégicas cada mes, y fue precursor de los grupos de coordinación estatales, llamadas hoy Mesas de Seguridad. El mando lo tenía el Cisen, cuyo director general era Jorge Tello Peón, y el director de Protección, actualmente almirante, era Wilfrido Robledo.

Se crearon niveles de mando ejecutivo y operativo, y este último coordinó todas las acciones hasta que el GAT cambió de dependencia durante el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, cuando pasó a la naciente Policía Federal Preventiva, cuyo primer comandante fue Robledo, abajo del para entonces subsecretario de Seguridad Pública, Tello Peón.

Rodríguez Bucio dice en su biografía que llegó al Cisen en 1994, pero omitió que fue como parte del GAT, con la responsabilidad operativa de los elementos de la Secretaría de la Defensa. Aunque el comandante de la Guardia Nacional le reportaba al general Javier del Real Magallanes, y este a su vez al secretario de la Defensa, Enrique Cervantes, recibía instrucciones dentro del GAT del responsable operativo, Genaro García Luna. El general también fue parte del traslado del Cisen a la Policía Federal Preventiva, bajo el mismo mando.

La creación del GAT se dio en el contexto del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tuvo como respaldo militar en sus primeros días las acciones del Procup –más tarde EPR– de un poderoso coche bomba en Plaza Universidad y el intento de tirar torres eléctricas que abastecían de energía a la Ciudad de México.

Pero la preocupación no eran solo los movimientos armados, sino la posibilidad que grupos terroristas aprovecharan el contexto de agitación social. En el GAT se determinó que para acompañar las tareas de inteligencia y contrainteligencia, se haría seguimiento a políticos para determinar si tenían contacto con guerrillas o terroristas.

Ese trabajo de seguimiento permitió descubrir que varios perredistas tenían vínculos con el EZLN y el Procup, pero no más allá. El seguimiento se dividió entre los políticos más prominentes de la época, a quienes se les asignaban elementos con experiencia.

Había otros políticos en la segunda línea que también eran de interés. Uno fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le asignaron un elemento de baja experiencia. Ese hombre fue Rodríguez Bucio, el primer “espía” que trabajó como sombra del entonces líder político en Tabasco.

La información obtenida por Rodríguez Bucio nunca mostró a López Obrador como una amenaza para el Estado, y tampoco se utilizaron sus datos personales durante sus campañas presidenciales.

López Obrador siempre ha criticado al Cisen, y se ha quejado que lo espió, y paradójicamente, en Rodríguez Bucio se resumen sus dos anatemas: fue quien lo “espió”, y trabajó con García Luna. Ya no lo despedirán por esto último, pero debe explicaciones sobre su rol en “El Culiacanazo” y aclarar porqué mintió en su biografía –razones suficientes para que lo cesaran–.
16 Diciembre 2019 04:07:00
A periodicazos traen a Palacio Nacional
El martes 10 de diciembre fue el mejor día del joven sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si firmaron los protocolos del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que facilitaría la ratificación en el Capitolio en Washington y el Parlamento en Ottawa, y se detuvo en Dallas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Día feliz para el Presidente. Inyectaría algo de certidumbre a las inversiones y tenía el argumento perfecto para disfrazar su desastre en materia de seguridad pública echando la culpa de todo al pasado y, de paso, buscar el aniquilamiento político de su principal enemigo, el expresidente Felipe Calderón, con quien García Luna trabajó estrechamente. Todo lucía perfecto hasta que comenzó a salir información de que aquella jornada, más bien, podrá ser una más de ignominia.

De la secuela de ese día se recoge la conferencia del subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, responsable de la negociación, quien después de la ceremonia en Palacio Nacional donde los tres países firmaron los protocolos con el Presidente de testigo, dijo que se “acababa de enterar” que Estados Unidos nombraría cinco agregados laborales en su Embajada en México para supervisar la implementación del acuerdo en ese capítulo, que no había sido consultado con México.

Seade mintió o sencillamente nunca supo qué estaba firmando. Pero no es un novato en negociaciones comerciales, y extrañamente excluyó a todos, Embajada y sector privado, del tramo final de la negociación de la concesión.

El mismo martes 10 de diciembre, horas antes de que se firmaran los protocolos en Palacio Nacional, el Comité de Procedimientos y Arbitrios de la Cámara de Diputados, por donde pasan las legislaciones para implementar el acuerdo en Estados Unidos, dio a conocer públicamente un resumen ejecutivo de lo que se había negociado, en cuyo primer capítulo, referido a la vigilancia sobre México, en donde decía textualmente: “Los attachés (agregados) laborales tendrán como base México y proveerán información in situ sobre las prácticas laborales en México”. Nada para decirse engañado.

Si Seade no entendió ni explicó, por lo que ahora el Gobierno se dice sorprendido, también hay responsabilidad del Presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y todos aquellos que por omisión, comisión o ignorancia, aceptaron las exigencias demócratas anunciadas en Washington.

La mañana del mismo día, la captura de García Luna provocó reacciones a lo largo de la intensa jornada. El mensaje que se daba era que venían acompañando la investigación, reforzada por informaciones de funcionarios federales que empezaron a señalar que el Gobierno de López Obrador había sido informado con anterior de la captura. Como en el caso de Seade, no es cierto, pero a diferencia del tema comercial, en el caso de García Luna sí fue mantenido el Gobierno mexicano totalmente al margen de la investigación.

Tras una reconstrucción de lo que sucedió aquel día en Palacio Nacional, se puede afirmar que el Gobierno mexicano no tenía absolutamente ninguna idea de lo que se cocinaba en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Embajada de México nunca fue informada de lo que venía hasta minutos antes de que se diera la detención en Dallas.

No es un procedimiento usual que informen de ello, por lo que esto no debe extrañar –la embajadora Martha Bárcena, incluso, iba volando a la Ciudad de México cuando se realizó la detención– pero recibir una comunicación del Departamento de Estado minutos antes de que se concretara la acción en Dallas, no puede se tomado como una consideración. La captura sacudió al Gobierno, que apenas ese día, por el comunicado de prensa de la Fiscalía de Brooklyn, en Nueva York, supo que la orden de aprehensión se había girado desde el 4 de diciembre.

La cancillería mexicana se puso en contacto con el área de vinculación del Gobierno de Estados Unidos para pedirles información, pero les respondieron que al ser un asunto de política interna, no podían compartir las investigaciones.

El secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo con funcionarios federales, le informó al Presidente por teléfono, y López Obrador convocó al día siguiente a una reunión a Ebrard, Gertz Manero, Nieto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico, Julio Scherer.

En esa reunión, dijeron los funcionarios, el Presidente expresó que no podrían mantenerse al margen, e instruyó al fiscal y al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera qué acciones podrían para informar a la prensa.

Nieto informó que se habían congelado sus cuentas “esta semana” y esperaban la respuesta de los bancos para conocer el monto, mientras el fiscal general, Alejandro Gertz Manero había anticipado que tenía abierta una investigación en su contra, por lo que se pediría la extradición. Para reforzarlo, se sugirió tomar contacto con periodistas que habían mostrado animadversión con García Luna para hacer “un frente común”.

Ebrard y Sánchez Cordero fueron instruidos para que buscaran que el Gobierno de EU colaborara con México en la integración de una carpeta de investigación por temas relacionados con corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y narcotráfico, aunque ya habían tenido información desde el mismo 10 de la forma como estaban siendo vistos en Washington.

Incluso, un mensaje que dijeron funcionarios le hicieron llegar a Ebrard desde Washington decían cáusticamente: “Quieren información los que no quieren colaboración”.

El Gobierno quedó desubicado. García Luna rechazó el ofrecimiento de ayuda consular, y lo más cerca que está el Gobierno del caso es como observador en la corte en Dallas. Aquel 10 de diciembre glorioso y espectacular para el Gobierno, se ha venido desmantelando ante las evidencias que al reloj que marca el tiempo a la vida en México, se le da cuerda en Washington.

13 Diciembre 2019 04:07:00
Ajustan la estrategia de seguridad
La captura en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le abrió un enorme e inesperado espacio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el 17 de octubre, cuando sucedió el culiacanazo, había perdido su magia por la mala estrategia en el combate a los cárteles de la droga. La caída de García Luna proporcionó la excusa ideal. “Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad del pasado”, escribió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en su cuenta de Twitter. “La detención… la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de (Felipe) Calderón al cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia”.

Los datos no le dan la razón al secretario Durazo, pero eso no es lo importante en este momento. Tampoco la narrativa política para justificar el fracaso del Gobierno en el combate a los cárteles de la droga, ni la política laxa que ha llevado a México a una Pax Narca. Menos aún la discusión sobre García Luna, que deberá defenderse ante las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn y probar que las imputaciones son falsas. Lo que es importante, porque apunta en la dirección correcta, es lo que sucedió en las vísperas, un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para ajustar la estrategia de seguridad.

La visita del procurador general estadounidense, William Barr, la semana pasada a México, y su plática con López Obrador, selló ese acuerdo. Los detalles permanecen ambiguos, perdidos en los espacios de opinión pública. Un comunicado del Departamento de Justicia, indicó que Barr había discutido con el Gobierno mexicano el combate a las organizaciones criminales trasnacionales, y un fortalecimiento en la cooperación bilateral para llevarlas a tribunales. El comunicado del Gobierno mexicano aportó un dato adicional, al informar que se reforzaría el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, integrado en agosto pasado sin que hubiera dado señales de vida.

Los acuerdos a los que llegó Barr con el Gobierno de México hicieron que el presidente Donald Trump se desistiera de clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Reactivar un grupo de coordinación bilateral no habría sido suficiente para que reculara Trump, pero frente a la vorágine de información sobre las negociaciones de último minuto del acuerdo comercial norteamericano, nadie reparó en ello. La postura de Barr, como todas las que han mantenido en situaciones críticas con el Gobierno de López Obrador, fue inflexible.

El presidente había anticipado pocas horas antes de recibir al procurador, que analizarían un documento que iba a presentar. El plan que llevó Barr tenía una exigencia, la de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, y trabajar conjuntamente con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General, para combatir a los cárteles de la droga. Abrazos no, y balazos cuando fuera necesario para someter a las organizaciones criminales. No importaría el discurso que quisieran usar el Presidente y el Gabinete de seguridad, porque en todo caso sí se haría el ajuste exigido por Trump para impedir que su amenaza se concretara.

No esperaríamos un cambio de narrativa. Si López Obrador la pudo mantener, aunque con gran desgaste, en los momentos más difíciles de su Gobierno en la materia, el culiacanazo y la matanza de la familia LeBarón, tras la captura de García Luna, de la cual fue notificado el Gobierno mexicano pero no fue producto de una negociación, esa retórica le podrá dar frutos renovados y fortaleza política. Para efecto de la seguridad de los mexicanos, no importa. La pusilanimidad ante las organizaciones criminales y la pérdida de Estado ante su violencia, tendrá un corrector que en un principio difícilmente se verá, pero que deberá funcionar.

Lo fundamental es detener el avance territorial de los cárteles y la colonización de las instituciones. Previamente a la visita de Barr, pero tras la experiencia de Culiacán, se reactivaron diversos sistemas de inteligencia en el viejo Cisen, llamado actualmente Central Nacional de Inteligencia, que fueron apagados al llegar el Gobierno de López Obrador. Igualmente, se ha comenzado a recuperar inteligencia y equipos tácticos de la Marina para trabajar en el desmantelamiento de las bandas criminales en la Ciudad de México. Un reciente trabajo en ese sentido, de acuerdo con funcionarios federales, permitió que volvieran a acercarse a José Antonio Yépez, “El Marro”, jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, renaciendo la posibilidad de que capturen al rey del huachicoleo en El Bajío.

Aunque producto de un desastre y tragedias, lo que está sucediendo por fuera del escrutinio público en materia de seguridad, es positivo. La rectificación que se está haciendo ayudará al Gobierno a ir recuperando la paz, aunque ciertamente, pronto, si se empieza a confrontar a los cárteles de la droga, se empezarán a notar bajas en las fuerzas federales. Sólo no combatiendo se evitan víctimas en el Ejército y la Guardia Nacional. Sólo enfrentándolos, la promesa de recuperar la paz y la tranquilidad nacional, de mantener la nueva estrategia, va a ser una realidad.

Tras el respiro que le dará a la economía la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, frenar el alza de los índices delictivos y el incremento de homicidios dolosos, debe ser el siguiente objetivo. López Obrador no perderá cara. Sólo necesita no a empatar en términos definitivos su discurso y la narrativa sobre el fenómeno, con las acciones. El Presidente ha demostrado su pragmatismo y que está dispuesto a tomar riesgos aun mediante políticas en las que ideológicamente no cree. Enfrentar criminales es una de ellas, y lo que está haciendo es encomiable.

12 Diciembre 2019 04:07:00
García Luna, ¿primero en la lista?
El martes, una noticia opacó el final de la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá: agentes federales habían detenido en los suburbios de Dallas a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón. El fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde se juzgó a Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo acusó de recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa y de conspiración con el narcotráfico.

Donoghue dijo que era por lo que se había señalado en su contra en la Corte de Brooklyn y en otros tribunales. Es decir, la acusación no solo se sustentaba en lo que esa Fiscalía había investigado, sino en testimonios de diferentes cortes. Sin embargo, el fiscal dejó entrever que una parte importante de la acusación se había hecho durante el juicio de “El Chapo” Guzmán. La hizo Jesús Zambada, “El Rey”, hermano del jefe del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, en una declaración ante el Gran Jurado, que se usó en Brooklyn.

En el quinto día del juicio, su abogado recordó que Zambada, que no quiso ratificar ante ese tribunal su declaración por el riesgo de no poderla respaldar con pruebas y perder su calidad de “testigo protegido”, había afirmado que le entregó una maleta a García Luna en un restaurante con 3 millones de dólares –que caben en tres cajas si los billetes son de 100 dólares– a nombre de su hermano. Un despacho del corresponsal de la agencia Reuters, detalló más imputaciones:

“Un testigo en el juicio sobre la acusación de tráfico de drogas en Estados Unidos del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, testificó que pagó un soborno multimillonario a un subordinado del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en 2005. El vocero de López Obrador no respondió inmediatamente la llamada, ni el mensaje de texto en busca de su comentario… Zambada dijo que pagó “unos cuantos millones” de dólares a un funcionario del Gobierno de la Ciudad de México mientras López Obrador era Jefe de Gobierno, porque creía en ese momento que iba a convertirse en el próximo secretario de Seguridad Pública”.

En enero, dentro del mismo juicio, Alex Cifuentes, quien se identificó como secretario personal de Guzmán a finales de la década pasada, testificó que le había pagado un soborno de 100 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto en 2012. Otros nombres de personas relevantes en México empezaron a salir, como el del expresidente Felipe Calderón, a quien los testigos protegidos acusaron también de recibir dinero del narcotráfico, que llevó a la Casa Blanca a solicitar al juez que aquello que no tuviera sustento ni fuera motivo del juicio, no se hiciera público. Pero el batidero estaba hecho. Gobernadores, políticos, militares y policías aparecieron durante el juicio como parte de lo que se dibujó como una corrupción sistémica en México.

En una columna publicada a mediados de noviembre del año pasado, se señaló que si todas las afirmaciones que hizo “El Rey” Zambada fueran ciertas, desde hace décadas México sería un narcoestado. Pero eran tan extraordinarias las imputaciones, que pese a no haberlas ratificado en la Corte, habría que preguntarse qué estaba persiguiendo la Fiscalía en Brooklyn, y continúa buscando, al seguir utilizándolas en otros casos. La acusación de Zambada no era nueva. La hizo por primera vez tras ser detenido en 2008, cuando señaló que García Luna y su equipo, que trabajaban en el desmantelamiento del cártel de Sinaloa, habían recibido dinero del cártel de Sinaloa.

El entonces procurador, Eduardo Medina Mora, buscó evidencias contra García Luna, sin encontrar alguna, pero a un miembro clave de su equipo, el comisionado de la Policía Federal, Gerardo Garay, apoyado en una declaración de Edgardo Bayardo, un mando medio de la Policía Federal detenido por García Luna al comprobársele que recibía 25 mil dólares mensuales del cártel que convirtió en testigo protegido, lo metió a la cárcel. Cuatro años después, Garay fue exonerado de todas las acusaciones.

Zambada fue extraditado a Estados Unidos y se convirtió en uno de los testigos importantes en el juicio contra Guzmán, que como se publicó hace más de un año, tenía un alcance mayor. Todo el Estado mexicano fue puesto a juicio en Brooklyn, y las imputaciones de Zambada, contra lo que se propuso en esta columna, no se tomaron con cuidado por los antecedentes sobre la calidad de los testigos protegidos, y el daño reputacional que hacían.

Un testigo protegido de la DEA acusó a Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, de haber estado involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y pese a que años después se desmoronaron todas sus imputaciones, el daño quedó sobre el actual director de la Comisión Federal de Seguridad. Dos testigos protegidos de la DEA acusaron a Raúl Salinas de recibir dinero del narcotráfico, y sin importar que fueron expulsados del programa porque nunca pudieron probar las imputaciones, la mancha quedó sobre el hermano del expresidente.

Hoy, una vez más, los fiscales en Estados Unidos le dan credibilidad a un testigo protegido. García Luna es la primera víctima del Estado mexicano del juicio contra Guzmán. Ya deberá probar la Fiscalía la solidez de su caso, y si es contundente, la lista que sigue incluye a Peña Nieto y a Calderón, junto con personas vinculadas al Gobierno de López Obrador. Haber pactado con Estados Unidos el nuevo esquema de seguridad –del que se hablará más adelante– no blinda al Presidente de un ataque futuro; que no se le olvide la captura del exsecretario, laureado, reconocido y muy aplaudido por los estadunidenses, es el mejor ejemplo.
11 Diciembre 2019 04:07:00
Qué cedió México
Ceder, en una negociación, no es necesariamente perder. De hecho, en una negociación se cede para poder avanzar y el resultado óptimo es cuando todas las partes ganan. En el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, México tuvo que ceder. Mucho en este caso, para que los demócratas y los sindicatos, que son su base electoral, estuvieran de acuerdo en ratificarlo. Los demócratas se han adjudicado una gran victoria política, quitando reflectores a Trump, que finalmente cumplió su promesa de campaña de acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y remplazarlo con un acuerdo que presume superior. El presidente Andrés Manuel López Obrador podrá sentirse tranquilo, pese a aceptar los chantajes demócratas que llevaron a su Gobierno a perder soberanía. A cambio, gana certidumbre ante el mundo, recupera parte de la confianza perdida en su liderazgo y, sobre todo, le da una viabilidad económica a su Administración y al país. Aislar a México del mundo, como su retórica machaca, era irreal.

La negociación de este acuerdo comercial duró dos años, y la comenzó el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La continuó el de López Obrador bajo el mismo modelo, que también se usó durante la negociación del TLCAN hace un cuarto de siglo, dejándose acompañar por el sector privado. Pero en la última semana, cuando los negociadores estadunidenses, forzados por los demócratas y con la urgencia de Trump por concluirlo, presionaron a los mexicanos como no lo habían hecho antes, sacaron al sector privado de la negociación y lo mantuvieron en la oscuridad sobre lo que estaban discutiendo. De otra manera, no podrían haber aceptado las condiciones que les planteó el representante comercial de la Casa Blanca, Roberto Lighthizer. La molestia empresarial por la marginación en el último tramo de la negociación, será acicalada cuando terminen de estudiar las adendas que aceptó México.

No habrá intervención dentro de las empresas, pero en realidad sí habrá, utilizando un término diplomático: attaché laboral. Los attachés, en el argot diplomático, son los agregados en las embajadas. En este caso, no estarán dentro de la Embajada de Estados Unidos, pero serán representantes de los sindicatos en México que “proveerán información in situ sobre las prácticas laborales” en este país. Es decir, sí habrá una supervisión indirecta dentro de las empresas, que forma parte de lo que le llamaron “un monitoreo robusto” que hará las veces de un instrumento de certificación estadunidense de que las reformas laborales se están aplicando tal y como lo prometieron. Esta era una de las quejas que tenía el líder de la AFL-CIO, Richard Trumpka, quien le dijo a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en septiembre, que sólo querían que se aprobara el acuerdo para no hacer nada. No les creemos,afirmó.

La presión demócrata se trasladó al Gobierno mexicano, que al final aceptó la creación de un comité interagencias que vigilará la reforma laboral, y que estará informando al Congreso de Estados Unidos, así como el establecimiento de metas y objetivos que deben implementar los mexicanos para la reforma laboral. De incumplirlo, se aplicarán las medidas y sanciones que se añadieron al acuerdo, y que contemplan los mecanismos reforzados para resolución de disputas. Una de las grandes innovaciones impuestas fueron lo que llaman “reglas de evidencia”, que le permitirá a Estados Unidos litigar “exitosamente” temas laborales, de medio ambiente y otros temas de alta controversia.

Estos mecanismos reducen significativamente las capacidades mexicanas para litigar en los paneles de resolución de disputas, que hubieran tenido objeciones y observaciones por parte del sector privado. Junto con ello, en un punto que modifica por completo los equilibrios que se habían logrado, es un cambio de lenguaje en el texto, donde removieron el fraseo que permitía ambigüedades en las garantías de protección de violencia a los trabajadores. Mediante el fortalecimiento de estas reglas, “se crea la presunción que las violaciones laborales afectan al comercio y la inversión y requerirá que las otras partes prueben lo contrario”. Es decir, México sería culpable hasta demostrar lo contrario, y una violación laboral no se restringiría al capítulo laboral, sino que impacta en el conjunto del acuerdo. De esta manera, el costo de una violación laboral lleva a litigio todo el acuerdo comercial.

Los demócratas impusieron una serie de incisos en el tema de propiedad intelectual que difícilmente el sector privado habría aceptado sin resistencia, particularmente la industria químico farmacéutica, y presionaron a Trump para remover las provisiones que llevaban a medicinas más caras, revelado la semana pasada en el Financial Times, pero mantenido en secreto al sector privado por parte de los negociadores mexicanos. Esto llevó dentro del acuerdo a la disminución de la exclusividad de las patentes en medicinas y de la información clínica de las medicinas, empleadas por la industria, alegaron los demócratas, para retrasar la competencia y el acceso a medicinas a buen precio. La puntilla fue tender hacia una homologación en los criterios legales entre Estados Unidos en México, para balancear la competencia y los incentivos por innovación, como establece la ley en aquel país, que no se reflejaba en el acuerdo.

Las adendas, como lo está planteando el Gobierno de México, significaron la apertura de casi el 10% del acuerdo que estaba cerrado, que el Senado había ratificado y que el sector privado estaba en contra de que se reabriera. Lo hizo el Gobierno de López Obrador porque no vio alternativa real para poder sacar un acuerdo sin las concesiones que exigían los demócratas. En las condiciones políticas en las que se encontraba Estados Unidos, en medio del inicio del juicio político contra Trump y el arranque de las elecciones federales en enero, era lo mejor de lo peor.
10 Diciembre 2019 04:07:00
Rebelión silenciosa
Ricardo Valero entró al túnel que conducirá a su cese como embajador de México en Buenos Aires. Ante un video que captura el momento donde aparentemente se roba un libro en una librería del barrio porteño de La Recoleta, que hizo viral una noticia vieja, el Gobierno tuvo que admitir su derrota política. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anticipó el domingo que lo llamarían a México y que el Comité de Ética revisaría su caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió el lunes no hacer un linchamiento, pues es un error –robar– que todos podemos cometer. No en este caso. Si el embajador robó, tiene que rendir cuentas porque representa a una nación. Pedir que se anteponga su carrera diplomática para soslayar que delinquió, no habla bien de quien apuntaló en la honestidad su lucha por la Presidencia. Pero la defensa presidencial no parece responder a un hecho en lo particular, sino a lo que significa para su Gobierno que pillaran a su embajador.

El escándalo de Valero hay que verlo con cuidado, no en cuanto al hecho delictivo, sino sobre el porqué de una información reciclada se ha desbordado. Cuando el 26 de octubre se robó el libro de El Ateneo, sucursal de la famosa librería argentina, según el sumario 672051/2019 de la policía bonarense, que presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, encabezado por Julián Ercolini, no se le sentenció por tener inmunidad diplomática, pero tampoco se mantuvo en sigilo. En aquella ocasión, al hacerse público el robo, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo llamó y Valero se presentó en la Cancillería para dar explicaciones. Les parecieron suficientes en su momento, porque regresó a sus actividades normales.

El video filtrado a Infobae, un portal argentino con presencia en México, cambió el metabolismo del caso y prácticamente fue la sentencia para el cese. ¿Qué sucedió en cuestión de semanas? Cómo y por qué se viralizó algo viejo no es algo inusual. Así son algunos ciclos informativos, donde a veces pasan desapercibidos asuntos importantes que luego toman relevancia al modificarse el contexto. En este caso, al menos como hipótesis de trabajo, se puede argumentar que existe algo más de fondo. Cuando surgió por primera vez la información a finales de octubre, personas cercanas a Valero comentaron que se debía a intrigas dentro de la Cancillería. “Fuego amigo”, dijeron en ese entonces, de personas cercanas a la exembajadora ante la Casa Rosada, Mabel del Pilar Gómez, actualmente embajadora en Marruecos, y que se encuentra en la órbita de protegidos del subsecretario del ramo, Julián Ventura.

Los dos son miembros del Servicio Exterior Mexicano, el cual en apariencia ha sido fortalecido por Ebrard, aunque en realidad ha sido maltratado por el Gobierno de López Obrador. La reducción de salarios, sin tomar en cuenta el costo de la vida en los países que representan y las etiquetas de privilegiados que les endosó el Presidente, fueron tomados como agresiones sin fundamento y descalificaciones injustas. Internamente, Ebrard conformó un equipo a partir de su grupo político, donde dio atribuciones extraordinarias a cercanos, que en el trabajo diario provocó desplazamientos. Uno de ellos fue precisamente Ventura, quien pese a ser el subsecretario más importante, las tareas estratégicas las lleva Ebrard con la subsecretaria Martha Delgado. Otra ha sido la embajadora en Washington, Martha Bárcena, con quien hay un enfrentamiento abierto y directo desde antes incluso que comenzara a funcionar el nuevo Gobierno.

Precisamente, la embajadora Bárcena autorizó la semana pasada el envío de un comunicado a Roberto Valdovinos, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, criticándolo por intentar revivir de manera unilateral el Consejo Consultivo, que fue de-saparecido en 2017 por no servir para los fines deseados. Valdovinos creó la iniciativa Migrante Vota, diseñada para promover el voto de los mexicanos en el exterior, y desde Nueva York, donde estudió y residía hasta antes de integrarse al Gobierno, ayudó en la construcción de los comités de Morena en Estados Unidos, y promovió la candidatura presidencial de López Obrador con organizaciones y sindicatos defensores de derechos de migrantes, en coordinación con el padre Alejandro Solalinde.

La comunicación de la Embajada en Washington, respaldada por los cónsules de las principales ciudades con población mexicana en Estados Unidos, se originó por su petición a los cónsules para realizar reuniones con los líderes de sus comunidades antes del 20 de diciembre. La semana pasada El Universal publicó detalles de la comunicación, donde señala que la convocatoria era precipitada y era necesario llevar a cabo una consulta al interior de la Cancillería, que podría ser discutida durante la próxima reunión de embajadores y cónsules en enero próximo en la Ciudad de México. Además, no pidió opinión de los consulados.

Lo que se está viendo hacia el interior de la Cancillería es una rebelión silenciosa del Servicio Exterior Mexicano en contra no solo de Ebrard, sino contra el presidente López Obrador. La forma como han ido supliendo a los profesionales con operadores políticos y la manera como han visto que quieren utilizar los instrumentos de la Secretaría con fines político-electorales, activó los anticuerpos de una diplomacia con oficio y trayectoria, sólo comparada en América Latina con la cancillería brasileña.

Reciclar el presunto delito de Valero y arrinconar al Gobierno forma parte, coordinadamente o no, de la insurgencia en la Cancillería, y las reticencias a ser colonizada como pasa con el servicio civil de carrera y los órganos autónomos. No quieren un canciller que opere políticamente a costa de la diplomacia y que se presta a los intereses electorales de López Obrador. Menos aún que sea la política electoral, no la de Estado, la que rija la política exterior.
09 Diciembre 2019 04:07:00
Llegaron los coches bomba
Ahora, una nueva modalidad de ataque criminal quiere anidarse como estrategia de terror: los coches bomba.

Tras “El Culiacanazo”, el empoderamiento del cártel de Sinaloa ante la laxitud del Gobierno federal en el combate al crimen organizado, provocó que organizaciones delincuenciales en otras latitudes decidieran seguir el ejemplo para el sometimiento de las autoridades mediante la vía del miedo.

El primero en modificar y ampliar su modus operandi ha sido el cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en El Bajío y controla el robo de combustible.

Después del “Culiacanazo”, los servicios de información del Gobierno federal interceptaron una llamada de José Luis Yépez, “El Marro”, el elusivo jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, donde hablaba de planear una nueva forma de defensa de las autoridades, mediante acciones ofensivas, donde los coches bomba eran parte importante de la nueva estrategia. Poco después, un coche bomba explotó en Irapuato, zona de influencia de esa organización criminal.

El miércoles pasado, en una colonia residencial de esa ciudad guanajuatense, un grupo de hombres armados dejaron estacionada una camioneta Honda con varias cargas de explosivos que estalló en la madrugada, sin causar víctimas pero dañando al menos una treintena de casas.

La Fiscalía General del Estado informó que la explosión en el auto fue porque le aventaron dos granadas, y no porque fuera un coche bomba. Desde un principio, las autoridades de Guanajuato han dicho que fueron granadas, aunque los primeros reportes de la Guardia Nacional mencionaron “coche bomba”.

Las fotografías de la camioneta Honda donde se dio la explosión no dejan duda: no fueron granadas. La destrucción de poco más de la mitad de la camioneta no fue producto de ese tipo de proyectil.

Las explosiones con granadas, si se revisan incidentes con ese tipo de arma, no provocan la destrucción total de amplias partes del vehículo, y solo lo dañan en su interior.

Las fotografías del Honda muestra cómo la parte trasera del vehículo, así como el techo, perdieron su forma, y la carrocería se redujo a fierros abiertos en racimo, doblados caprichosamente.

Si se comparan las fotografías de la camioneta en Irapuato con coches bombas del Estado Islámico, se ven las similitudes. Aún si la potencia del explosivo es diferente, se puede apreciar que los coches bombas destruyen completamente una parte importante del vehículo, dejando el resto con muchos menores afectaciones. Las granadas, aún causando grandes efectos, no hacen de las carrocerías reguiletes de fierro.

Los coches bomba son utilizados en muchas partes del mundo como vehículos suicidas, al convertirse en un arma muy versátil y poderosa contra objetivos específicos. En Colombia y ahora en México, no han servido esos propósitos sino para aterrorizar y enviar mensajes a gobiernos y enemigos.

La activación de bombas dentro de un vehículo requiere de manos expertas, no solo para su armado sino para el tipo de daño que quiere hacerse. Si uno revisa las imágenes de coches bomba suicidas, las cargas de explosivos se colocan sobre los costados, para maximizar el daño al objetivo.

Si uno ve el Honda en Irapuato, la carga explosiva se colocó de una forma para que la energía saliera despedida por el techo, donde la fuerza se iría desvaneciendo en el aire, minimizando el daño indiscriminado que podría haber causado víctimas. En cualquier caso, los coches bomba son considerados como armas de guerra.

No se ha informado sobre los peritajes del explosivo en el vehículo en Irapuato, que permita tener más información.

Sin embargo, dada la forma como lo ha manejado la Fiscalía de Guanajuato y el silencio de las autoridades federales, todo indica que quieren dejar que pase como granadas en Irapuato.

Está bien en función de no alterar más a una sociedad bastante nerviosa por el resurgimiento poderoso de los cárteles de la droga este año, pero al mismo tiempo, la falta de información no sensibilizará a la sociedad sobre la gravedad de la escalada en la calidad de la violencia de las organizaciones criminales.

La política de la avestruz no funciona en estos casos, como sucedió durante los primeros ocho meses del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La utilización de coches bomba en México no es

inédita, pero nunca ha sido un método regular. El 8 de enero de 1994, en apoyo al alzamiento del EZLN días antes, el Procup, que dos años después nació como EPR, estalló un coche bomba en el estacionamiento de Plaza Universidad, cuyo impacto alcanzó a tiendas en el segundo piso del centro comercial.

En junio de ese año explotó un Grand Marquis en las afueras del Hotel Camino Real de Guadalajara, donde se celebraba una boda de familias relacionadas con Rafael Caro Quintero, exjefe del cártel de Guadalajara.

En julio de 2008 en Culiacán, hubo una explosión de un auto y se encontraron varios vehículos con cilindros de gas butano y detonadores. El entonces procurador general, Eduardo Medina Mora, negó que fueran coches bomba. Durante 2010 y 2011 los años en los cuales comenzó a invertirse el poderío de los cárteles y empezaron –en mayo de 2011– a reducirse los índices delictivos, hubo vehículos que estallaron en varias ciudades del norte del país, pero no fueron clasificados como coches bomba.

Nunca en México se ha utilizado ese tipo de método como parte de la estrategia de los cárteles de la droga, pero la llamada interceptada a Yépez señala que este recurso eficaz –el costo es bajo, las posibilidades de detención a quienes dejan el vehículo en el objetivo es casi nula, y el impacto de terror es grande–, ha llegado por la puerta de atrás de la nula estrategia contra el crimen.

06 Diciembre 2019 04:07:00
Motocicletas asesinas: una réplica
La columna “Motocicletas Asesinas” publicada este miércoles levantó críticas entre sectores de la industria y aficionados a ese tipo de vehículo. Socializar el fenómeno creciente del sicariato motorizado fue visto como la estigmatización de los motociclistas, y prendió alertas ante un eventual nuevo orden normativo porque encarecería “un sector dinámico y estratégico” de la economía nacional. La columna mencionó en términos generales las dificultades que enfrentarían las acciones para evitar que las motocicletas se conviertan en transporte de asesinos, como está sucediendo, por razones económicas y de movilidad, cuya complejidad, ante las críticas recibidas, muestra que el tema es sensible, importante y de difícil solución.

La reacción de la industria es importante, y ayuda a ubicar el fenómeno. La regulación sobre la motocicleta no resuelve el problema de la inseguridad, argumenta, sino por el contrario, afecta a un sector de la sociedad. Tiene un punto importante. La regulación en este país ha sido fuente de corrupción, por lo que una acción de esa naturaleza, la política pública correcta, en las condiciones actuales mexicanas, entraña el alto riesgo de no resolver el problema y estimular el mercado ilegal de las policías. 

Lo único que puede resolver cualquier tipo de crimen, agrega, sin importar que sea cometido desde un automóvil, una motocicleta o cualquier otro vehículo, es la acción policiaca efectiva. El alegato es correcto, pero insuficiente. Una buena acción policiaca no blinda que no haya asesinatos desde una motocicleta, como se viene dando en México y ha sucedido en otros países desde hace años. Lo que es impecable en el argumento de la industria es la impunidad, como estimulador y detonador del delito. 

La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, señala que de cada 100 victimizaciones que ocurrieron en 2018, solamente 10% presentó denuncia ante las autoridades -punto de partida de la debilidad del sistema judicial-, y únicamente en tres de cada 100 casos, la investigación tuvo algún resultado. Vistas las estadísticas bajo una óptica distinta: 90 de cada 100 víctimas no presentaron denuncia alguna en 2018, y de las 10 que sí lo hicieron, en siete casos el delito quedó impune.

La reacción a la columna “Motocicletas Asesinas” generó una serie de proposiciones interesantes, que se suma a lo planteado en el texto de que la solución no podría ser lineal por la complejidad del tema, y porque una acción como la tomada en otras naciones, muchas veces revertidas, tenía implicaciones económicas y de movilidad en este país. 

De hecho, coincide el análisis de la industria con la columna en que la motocicleta “es una solución de movilidad y aliada en el desarrollo económico”. Hay datos para soportar la valoración. Una encuesta realizada por la agencia Las Quince Letras entre mil 500 usuarios de motocicletas, reveló que 83% la utilizaba para su actividad económica y herramienta de trabajo. La misma encuesta mostró que 65% de los usuarios pertenecía a clase media y baja, por lo que se había convertido en un vehículo accesible a la población menos favorecida, y explica el porqué del incremento dramático en la venta de motocicletas.

La criminalización de los motociclistas sería no solo injusta, sino un error. No puede haber una política pública que centre en ello la solución a un fenómeno violento que está creciendo. Es ese sentido, como dice el análisis de la industria, “culpar a la motocicleta es eludir la responsabilidad y quitar el foco del fondo real de la problemática”. No puede haber una política preventiva contra el sicariato motorizado que afecte la micromovilidad, como alega la industria, pero tampoco no hacer nada a fin de no estigmatizarla, lo que se está vinculando de manera incorrectamente y automática.

El fenómeno de la violencia utilizando a motocicletas es una realidad y crecerá en México, como proliferó en otras ciudades de América Latina. Si no se ataja el fenómeno, podrá convertirse en un serio problema de seguridad que afecte a quienes hoy piden con justicia que no se les estigmatice, y orille a soluciones radicales porque el costo de hacerlas será menor que el beneficio, la tranquilidad y certidumbre ciudadana.

La política pública para evitar el florecimiento de esa tipología de delito no es un asunto meramente punitivo. Se requiere una política preventiva, por lo que antes de pensar en la regulación, el Gobierno debe revisar sus capacidades de investigación y de inteligencia. Para eso sirve la tecnología. Por ejemplo, si todas las motocicletas están emplacadas y los motociclistas teóricamente tienen una licencia de conducir -de automóvil o motocicleta-, las bases de datos criminales, como Plataforma México -destrozada en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto- y que está tratando de restablecerse, deben trabajar coordinadamente con los centros de inteligencia policial -C-5 o C-4- para actuar en tiempo real contra el crimen, en motocicletas o en otra modalidad.

Esa es una acción policial que no será suficiente si persiste la impunidad vigente. De acuerdo con datos de la industria, durante el primer semestre se cometieron 95 mil 153 delitos de todo tipo en la Ciudad de México, que equivalen a 529 delitos diarios. Tres de ellos, 0.6%, fueron cometidos a bordo de una motocicleta. Cuando se ve el fenómeno en lo particular, esos argumentos tienen que matizarse, porque la contraposición sería no mencionar el fenómeno porque afectaría a un grupo inocente. El fenómeno tiene que ser atajado por la autoridad, mejorando y ampliando sus capacidades técnicas y de investigación. No hay otro saque posible, y la inacción podría producir un problema nuevo con una sociedad llena de ansiedad e impotencia ante una violencia que sienten nadie contiene.  
05 Diciembre 2019 04:06:00
Violencia, la terca realidad
El martes por la tarde fue de locos en algunas ciudades del norte del país. Por horas circuló en chats en Culiacán que en el norte de la ciudad había grupos armados que preparaban las armas ante una ruptura entre Ismael El Mayo Zambada, e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En Monclova, Coahuila, corría la especie de presencia de camionetas del cártel del Noreste, y que estaban evacuando el centro de la ciudad y la Presidencia Municipal. Las versiones eran verosímiles. En Culiacán manda el cártel de Sinaloa, y en Coahuila, el cártel del Noreste está estirando su músculo.

Los rumores forzaron al Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a informar a través de Twitter que era falso, y que la policía estatal lo había corroborado en recorridos que hicieron para corroborar las versiones. En Monclova, de acuerdo con personas con acceso a información, se debió a un desalojo en la Fiscalía estatal por una amenaza de ataque, que llevó a las autoridades a cerrar las calles como prevención y a desplegar policías municipales armados sobre los techos.

La sicosis de apoderó de esas ciudades norteñas. El metabolismo parece haber cambiado desde el 17 de octubre, “el jueves negro”, como lo recuerdan los culichis, o “El Culiacanazo”, como se le conoce en el resto del país. Desde aquel día, la situación de la inseguridad se ha deteriorado, no únicamente en percepción. Después de la derrota de las fuerzas federales ante poco más de un centenar de paramilitares al servicio del cártel de Sinaloa, en la frontera de Sonora con Chihuahua, una célula de la organización criminal La Línea, que fue brazo armado del cártel de Juárez, asesinó a tres mujeres y seis de sus hijos de la familia LeBarón, con una saña que no se había visto.

Las autoridades no tienen ningún detenido que haya participado en “El Culiacanazo”, ni el Ejército, que tomó la derrota como personal se sintió agraviado porque detuvieron a militares como presión para que el Gobierno cancelara la detención de Ovidio Guzmán López, ha retomado la línea de recaptura. A la Marina, a la que se le encargó hace meses de detener a José Antonio Yépez, “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, que se dedica al huachicol en El Bajío, se le escapó hace dos semanas, después de haberlo tenido cercano en octubre. La investigación sobre la matanza de la familia LeBarón ha resultado tan deficiente, que aún no terminan los peritajes balísticos, ni han podido judicializar a los criminales de La Línea que detuvieron.

Todo esto parece la crónica de un colapso del Estado Mexicano, el del Gobierno en materia de seguridad, y la victoria de las organizaciones criminales que, además, empiezan a batirse para arrancarse plazas y ampliar su control territorial. Las autoridades parecen floreros parlantes que tratan de ocultar la violencia con una frase, pero los índices de violencia suben cada mes. Un análisis de la consultora Glac sobre los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, volvió a romper los niveles históricos en octubre. De ocho delitos, solo el secuestro del fuero federal mejoró. El homicidio doloso subió 2.19%, el homicidio doloso con arma de fuego 2.91%, el feminicidio 11.96%, el secuestro del fuero común 9.35%, la extorsión 35.23%, las lesiones dolosas 6.57%, y los delitos patrimoniales 35.32 por ciento. En el total, la incidencia delictiva subió 8.77 por ciento.

El debate sobre los datos de incidencia delictiva en el cual está enfrascado el Gobierno con los expertos y los medios, contaminó a la economía. La última encuesta del Banco de México entre especialistas del sector privado, donde se recortó la expectativa de crecimiento para este año, muestra por primera vez el realineamiento de las tres principales razones de la incertidumbre a aspectos directamente asociados con la gobernanza. El 21% de las respuestas consideró como razón de la baja en el crecimiento la incertidumbre política interna, el 18% de las respuestas identificó a la inseguridad pública, y el 15% la incertidumbre sobre la situación económica interna.

El estilo vertical y personalísimo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador genera la incertidumbre en todos los frentes. Cuando una sola persona decide la suerte de 130 millones de personas, los riesgos de que se equivoque en la decisión se multiplican tanto como el impacto que puede tener sobre el colectivo. Esa verticalidad en la decisión cruza todas las variables sobre la certidumbre del liderazgo, una de las cuales está en entredicho y cuestionada, es la estrategia de seguridad.

El Presidente se mantiene inamovible. Dice que las cosas van bien y que su política de seguridad es la correcta. Su postura es desde un punto de vista moral, que no es parte de las variables con la que se mide el funcionamiento y los resultados de un Gobierno. Pero es inútil discutir con el Presidente sobre la base de las razones, porque en automático llueven las descalificaciones. Si las cosas le salen mal, es culpa del pasado, como dice de la seguridad, o de los gobernadores que no hacen nada por combatirla, como perfiló esta semana sus nuevos enemigos.

Al final podrá seguir predicando sobre lo que ya no es para ocultar sobre lo que es. Y esto es el avance de los cárteles de la droga para control territorial en el país, incertidumbre social ante el abandono institucional, que lleva a la zozobra y, ante la angustia y ansiedad, proliferando los rumores, la inestabilidad. La sociedad no es la única vulnerable. Quienes quieren hacer negocios se encuentran en la misma situación. No hay quien garantice sus inversiones. El Gobierno, al claudicar en varias ciudades, es irrelevante. Los criminales, aún no actúan como los señores de la guerra de Asia y África, y se vuelven interlocutores válidos de los inversionistas. Es el peor de los mundos para los inversionistas y para los mexicanos en general.
04 Diciembre 2019 04:08:00
Motocicletas asesinas
En la última semana, dos asesinatos han sido de alto impacto. Uno fue el de Abril Pérez Sagaón, que tiene cimbrada a la opinión pública desde que se cometió hace 10 días, y el otro fue el de Bryan del Pardo, que tuvo una fama efímera por su participación en un exitoso programa de TV Azteca, la madrugada del domingo pasado.

Los casos están totalmente desvinculados salvo por el método empleado en su ejecución: fueron realizados a bordo de una motocicleta, donde viajaban dos personas. La prominencia de ambos crímenes han relegado la manera como se hicieron, que sin ser un procedimiento nuevo, subraya la tendencia de cómo la delincuencia está empleando otras formas de ajustar cuentas de una manera rápida, sorpresiva y que les permita escapar.

Cualquier conductor en la Ciudad de México habrá notado un número creciente de motocicletas en la capital, que se desplazan de manera arbitraria por todos los carriles, en las vías de alta velocidad, o serpenteando por las calles.

No se trata ya de motociclistas de paquetería o comida rápida, sino de aquellos que por razones económicas y de tiempo, han optado por ese tipo de transporte. Entre 2013 y 2017, el Inegi reportó un incremento de 90% en el número de motocicletas en el país, pasando de un millón 900 mil a 3 millones 500 mil unidades. No hay un reglamento especial para motocicletas cuando menos en la capital, y la normatividad, que tiene que ver con la movilidad, es de 2015.

Los asesinatos de Pérez Sagaón y del Prado son los últimos registrados con este método en la capital. Reportes extraoficiales señalan un incremento en el número de asesinatos dolosos con este método que, en la Ciudad de México, asocian con un mayor número de centroamericanos y asiáticos. Sin embargo, no se puede concluir que el método es importado.

Hace un año, por ejemplo, fue asesinado en Coyoacán Jesús García Vallejo, el abogado del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, que purga una sentencia por delitos relacionados con el crimen organizado. En Coyoacán, la misma alcaldía donde mataron a Perez Sagaón y a Del Prado. Pero tampoco puede establecer, con la información disponible, que eso revele un patrón.

El fenómeno es nacional. Un análisis comparativo realizado por Índice Glac el año pasado, estableció que el uso de motocicletas en la logística delictiva incrementa los delitos contra la integridad física y el patrimonio de las personas, y observó la existencia de una correlación entre el crimen y el robo de motocicletas.

En el ranking que correlaciona los homicidios dolosos y el robo de motocicletas hasta octubre de este año, las entidades donde el fenómeno es más grave son Baja California, donde la correlación es 0.95, seguida de Puebla y Tabasco (0.87), Veracruz y la Ciudad de México (0.82). En el caso de la capital federal, la tasa acumulada de motocicletas robadas en la Ciudad de México hasta julio fue de 16.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de homicidios dolosos fue de 10.3.

El crimen en motocicleta no es un fenómeno nuevo. En 1984, dos sicarios pagados por Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín, asesinaron desde una motocicleta al ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, en Bogotá.

La publicación Insight Crime reportó en agosto de 2015 que en los tres años previos mil 537 guatemaltecos habían sido asesinados por criminales motorizados, y otros 699 habían resultado heridos, que contribuyeron a un incremento de 50% de homicidios dolosos en esa nación. Ese mismo año en Ecuador, el número de asesinatos por parte de “motiristas” era de nueve al día, con lo que sumaron en los primeros siete meses de 2015, el 15% del total de crímenes en el país.

El uso de sicarios motirizados es común en América Latina. En Centroamérica ha sido una táctica desarrollada por las pandillas, como los maras salvadoreños, que han comenzado a instalarse en la zona de Tepito. No hay un consenso sobre cómo enfrentar ese método, y se han probado varios sin que hayan perdurado.

Cuando se popularizó el sicariato motorizado en Colombia, las autoridades en Medellín prohibieron que viajaran hombres en ese tipo de transporte, y después de varios años, un tribunal revocó la medida. Hace 10 años, el entonces presidente guatemalteco, Álvaro Colom, prohibió que viajaran dos personas en motocicleta –uno maneja y el otro dispara–, pero su sucesor Otto Pérez Molina revocó la restricción.

El fenómeno del sicariato motorizado ya se instaló en México, y muy pocos han reparado en los riesgos que entraña. Uno de los escasos es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que ha tenido conversaciones a nivel federal sobre la posibilidad de prohibir todas las motocicletas en su estado.

Si esa fuera una solución eficaz, seguramente ya lo habría hecho. Lo mismo se podría decir de Tabasco. Si el total de homicidios dolosos es llevado a cabo casi en su integridad por asesinos en motocicletas, si se prohibiera ese tipo de vehículo se acabaría con el homicidio doloso. Sin embargo, no hay soluciones lineales, y mucho menos cuando la opción por las motocicletas están relacionadas con factores económicos.

De cualquier forma, las autoridades tienen que comenzar a analizar las tendencias de homicidios dolosos desde motocicletas y atajar ese tipo de crimen antes de que los desborde. Cómo se puede hacer, es algo que se tiene que estudiar desde diversos ángulos.

La contracara es qué sucederá entre la población, si proliferan este tipo de asesinatos. En la calle, en el tráfico, en los congestionamientos, se sentirán como un pato sentado en espera que le disparen. El pánico ante esa posibilidad será mayúsculo y generará tensiones sociales adicionales. No hay que esperar a que eso suceda.
03 Diciembre 2019 04:07:00
La gran pesadilla
Hoy, la polarización todavía está en el terreno del discurso. Eso sí, brutalmente violenta y ruin, empapada de primitivismo en las redes sociales. Aquí no hay buenos y malos. Todos de los que participan en esa dinámica destructiva, son miserables. Y no parece que cambiará. ¿Para dónde vamos? Imagine la mañana siguiente a las elecciones presidenciales de 2024, en este clima de linchamiento e irracionalidad. Quien gane enfrentará a un bloque de personas llenas de odio, cultivada por la guerra de clases que la retórica oficial construyó. Un alto número de ellas, según las tendencias electorales, estará no solo contra el proyecto contrario, sino quizás, fuera de las redes, se opondrá en las calles a la mano, a la victoria enemiga. Este es un escenario realista, dadas las condiciones en que vivimos. Si hoy creemos que la polarización nos arrolla, la pesadilla que viene, si no hacemos algo, ni siquiera la imaginamos.

Los síntomas fueron detectados en la última encuesta de aprobación presidencial de El Financiero. Alejandro Moreno, jefe del departamento de demoscopia, explicó el viernes cómo la brecha ideológica, llevada al primer plano por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está ensanchando. Hace un año, 84% de los encuestados se declaraba de izquierda, y 79% de derecha. Para finales de noviembre, la diferencia era de 18 puntos porcentuales, que si se midiera en votos, serían aproximadamente 9 millones de personas las que se radicalizaron.

“La aprobación de AMLO permanece alta y estable, por lo menos en la superficie”, escribió Moreno. “Debajo de las aguas plácidas del 68% de apoyo, las encuestas revelan corrientes que se mueven hacia lados contrarios, de una manera, hay que decirlo, polarizante”. El mayor efecto diferenciador se encuentra por grado de escolaridad, donde López Obrador perdió principalmente el apoyo de los universitarios, aunque elevó el respaldo entre aquellos de educación básica, donde se ubican varios de los grupos beneficiarios de los programas sociales. Regionalmente, el país también se partió: la brecha es de 18 puntos. En el sur, al que tanto voltea López Obrador, el apoyo se mantiene leal, pero en el Centro-Occidente, mayoritariamente zonas urbanas y de clases medias, es donde menos respaldo tiene.

Las tendencias son preocupantes, porque no hay nadie con representatividad que esté alertando sobre los peligros que se están construyendo en la sociedad. La polarización daña la democracia y beneficia a quienes tienen el poder, que pueden administrarla y utilizarla para su beneficio. López Obrador ha sacado provecho de su táctica polarizadora para ir desmantelando al Estado, levantado sobre bases democráticas, e ir construyendo su Estado, aprovechando los avances de la democracia para anularla. 

La polarización, evocando la obra del politólogo italiano Giovanni Sartori, genera muchas veces fuerzas centrífugas que borran al centro. Los extremos dominan sin puentes que los conecten, por lo que se aíslan en su etnocentrismo. Los estudios de Sartori, que dieron nacimiento a su obra, se enmarcaban en un sistema de partidos, que ha ido perdiendo fuerza y relevancia en los últimos años. Pero no es la única forma de polarización, como en México lo experimentamos diariamente. El planteamiento presidencial, repetido miméticamente por sus cercanos y por las estructuras de altoparlantes que tienen esparcidos en la opinión pública, plantea la división irreconciliable entre lo tradicional y lo moderno, lo nacionalista frente a lo globalizado, lo religioso ante lo secular, traducido a las masas como cruzadas contra la corrupción, la reivindicación de los pobres, y el final de los privilegios de un modelo neoliberal.

En algunos países, la polarización rebasó el ámbito político y se incrustó en lo social, donde, como por ejemplo Caracas, muy citada en diversos estudios, hay barrios completos segregados en esa capital donde la identidad política divide a la población. En México ya se ve esa división por identidad y sentido de pertenencia. El oriente y el poniente de la zona metropolitana de la Ciudad de México es un ejemplo; el sur versus el resto del país. En México, a diferencia de Venezuela, donde la apatía de unos benefició a la beligerancia ideológica de los otros, la oposición a López Obrador ha crecido, no mermado, y ha elevado el tono de su discurso, equiparándose a la sonoridad con la que les responden.

Como demostró la encuesta de El Financiero, lejos de detenerse estos dos trenes, avanzan a toda velocidad rumbo a la colisión. No hay nadie con representatividad, hay que insistir, que esté pensando en el día siguiente y no en el mañana inmediato. Las respuestas, cuando se hacen las preguntas, son infantiles: yo no empecé, fue la otra parte. El encono marca el momento, pero no tiene que definir el futuro. Si permanecemos insensible y lejanos al fenómeno que alimenta el odio, pagaremos todos por culpa de todos que no frenamos a los pocos que lo estimulan.

Hay tiempo, ciertamente poco al ver los comportamientos mexicanos, para hacer algo. La reconciliación no debe ser un acto de fe ni un discurso fácil, sino un ejercicio de construcción real. No hay en estos momentos actores que puedan construir los puentes necesarios, rotos mucho antes de que llegara López Obrador a la Presidencia. Se necesita un mecanismo, quizás integrado como un consejo que tenga interlocución con las dos partes, para sentarlas y que se empiecen a tener confianza -generando certidumbre política, no acto de fe-, dialoguen y construyan las condiciones para un reencuentro nacional. No se trata de un modelo de negociación transicional, sino uno que evite que la transición democrática se termine de descarrilar, y tengamos la impronta de un autoritario, que alimentaron todas las partes.
29 Noviembre 2019 04:08:00
El humor social con López Obrador
El humor social de los mexicanos se ha venido agriando con los años. Desde que se comenzó a medir en los 90, los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que vivieron magnicidios, levantamientos armados y una profunda crisis económica, experimentaron molestia con los gobernados, pero nunca llegaron a estar en niveles negativos. Vicente Fox fue una bomba, y al tomar posesión 8 de cada 10 mexicanos lo apoyaban. Decepcionó rápidamente, pero no se colapsó. Felipe Calderón se mantuvo en la franja positiva hasta que lo arrastró la crisis financiera global de 2008-2009, que por primera vez llevó a un Presidente a niveles negativos. Enrique Peña Nieto asumió el poder con la molestia acumulada, y su mejor momento en el humor social, fue el peor que tuvo Calderón. 

Andrés Manuel López Obrador recogió y su victoria electoral fue un día de campo. Obtuvo un histórico  53% del voto, aunque insuficiente para lograr uno político e ideológico a su favor. Hubo muchos votos de castigo, documentados por las encuestas, que le abultaron de sufragios las urnas. No pareció tan importante sacar al PRI de la Presidencia, como expulsar a una generación de priistas que por omisión o comisión, se convirtieron en símbolo de la mediocridad, la ineficiencia y la corrupción. 

Las uvas de la ira contra Peña Nieto fueron aumentadas con algo en donde su Gobierno no tenía nada que ver, los sismos del 19 de septiembre de 2017, donde de acuerdo con la herramienta del Inegi que mide el sentimiento de las conversaciones en Twitter, había sido “el día más triste” en la vida de los mexicanos. El índice de 1.51 puntos que había registrado, parecía imbatible, hasta el 18 de octubre pasado, cuando el sentimiento en esa red social cayó hasta 1.21 puntos. 

En la víspera había sucedido el culiacanazo, cuando ante el desastre de la operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y extraditarlo a Estados Unidos, el Presidente autorizó que lo liberaran porque de otra forma, analizó, habría habido pérdida de vidas inocentes. La derrota del Estado mexicano ante el Cártel de Sinaloa, que se movilizó para evitarlo, partió al país y, de acuerdo con expertos en opinión pública, rompió el blindaje que cubría a López Obrador.

El Presidente ha identificado ese día como uno de los cinco más difíciles que le ha tocado enfrentar en su Gobierno. Las cosas parecían no haber vuelto a ser como antes. Sin embargo, no era así. El humor social de los mexicanos con relación a López Obrador había venido mostrando una caída -o enardecimiento- desde que tomó posesión hace casi un año. De acuerdo con un amplio reportaje publicado en la edición impresa de Eje Central, “desde que el tabasqueño se alzó con el triunfo se han impuesto tres nuevos récords en el desánimo de los internautas”.

“El primero, según la plataforma del Inegi”, encontraron los reporteros de Eje Central, “tuvo lugar el 29 de octubre de 2018, al día siguiente de que se anunciaran los resultados de la consulta en la que ganó el proyecto de Santa Lucía y se canceló la construcción del aeropuerto en Texcoco”. En esa ocasión, aún como presidente electo, López Obrador dio un manotazo sobre la mesa y estableció, como antes y después lo frasearía, que los empresarios no volverían a gobernar. Sería él, como jefe del Ejecutivo, quien mandara. El golpe de timón fue claro para todos, pero tuvo consecuencias que se sienten hoy en día. Según Jorge Buendía, director la empresa de opinión pública Buendía, Laredo y Asociados, que realiza estudios demoscópicos para inversionistas mexicanos y extranjeros, aquella decisión provocó la pérdida de confianza del sector privado, cuya falta de inversión causó que el crecimiento económico para este año sea nulo.

La decisión fue celebrada por muchos, pero el sentimiento de los mexicanos contradecía la percepción que construyó López Obrador. Aunque ese día hubo 60% de comentarios positivos contra 40% de negativos, con un índice de 1.49 puntos”, reveló el reportaje de Eje Central. “Ese día, el humor social bajó dos décimas de punto”. Nadie registró en su momento la forma como el país, visto a través de las redes sociales, se dividió. El registro del Inegi lo colocó por debajo del humor social de Peña Nieto tras los sismos, cuando venía en caída libre su gobierno, envuelto en acusaciones de corrupción, incompetencia y creciente violencia, lo que habla de la relevancia de las decisiones y acciones que tomó López Obrador antes incluso de llegar al poder.

“López Obrador no llevaba ni dos meses despachando como Presidente cuando ocurrió otra tragedia que pegó en el ánimo de los usuarios de las redes sociales”, reportó Eje Central. “El 19 de enero, al día siguiente del estallido de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó más de 100 personas muertas, el estado de ánimo cayó a 1.45 puntos, resultado de un 59% de comentarios positivos contra 41% negativos”. El culiacanazo fue la tercera caída histórica en el índice del Inegi, que empezó a mostrar el ánimo en las redes sociales el 1 de enero de 2016, tras registrar 55% de comentarios positivos contra 45% negativos.

Este sentimiento no se registra en la encuesta de El Financiero y otras realizadas por las casas especializadas, donde el promedio de aprobación de López Obrador es de 68%. Sin embargo, algo serio están diciendo. Las tres caídas son altamente significativas y deberá estudiar qué es lo que está haciendo mal para corregir. De otra forma, como perfila el primer año de su gobierno, se va a llevar una sorpresa. La peor, que termine con un coraje tan grande como el que acumuló Peña Nieto y frustre su proyecto de nación.
28 Noviembre 2019 04:07:00
El petate del muerto
Una vez más, el presidente Donald Trump puso de cabeza al Gobierno mexicano. Una declaración a un comentarista ultraconservador, su amigo Bill O’Reilly, donde afirmó que designaría como “terroristas” a los cárteles de la droga, metió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en un torbellino. Fue un golpe por debajo de la línea de flotación de un Gobierno con el cual dice López Obrador mantiene una extraordinaria relación, que es autoinfringido. Hace más de un año está esa discusión en Estados Unidos –que ignoraron hasta ahora– y que está en línea con la crítica permanente de Trump, que lo que está haciendo el Gobierno para controlar la violencia de los cárteles, no sirve para nada.

La declaración de Trump es reciclada. El 12 de marzo, Trump concedió una entrevista a los editores de Breitbart News, en medio de la crisis de migración con México, donde reveló que su Gobierno estaba pensando “seriamente” en designar a los cárteles mexicanos como “terroristas”. En la entrevista con O’Reilly, inmersa en el contexto del juicio político al que quieren someterlo en el Capitolio en vísperas de iniciar la campaña presidencial, Trump dijo que llevaba tres meses analizando esa reclasificación. No obstante, diplomáticos consultados en Washington dijeron que ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado estaban enterados de lo que planteó el Presidente. Es decir, como muchas cosas que hace, fue una posición no analizada, revisada o planificada.

Sin embargo, por espontánea que sea la declaración, el Gobierno mexicano no puede minimizarla. Si su reacción inicial fue confusa –como el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores el martes– o principista –como la de López Obrador y Ebrard– tiene que ubicarse en las circunstancias que vive Trump para atajar sus amenazas. Como en el caso de la imposición de nuevos aranceles en mayo, pese a que en aquella ocasión la respuesta mexicana fue de pánico al acceder a sus pretensiones sin revisar lo que habían hechos gobiernos anteriores ante situaciones similares, se tiene que visibilizar el problema, elevando los costos políticos que una decisión de esa naturaleza conllevaría.

La Cancillería mexicana sabe los antecedentes y las conclusiones sobre esta propuesta, discutida desde el año pasado en Washington, donde después de analizar una vez más –el Gobierno de Barack Obama se lo propuso a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– la reclasificación de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que al considerarlos el Departamento de Justicia como dos de las principales amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos cumplen con la tipología, fue desechada. Esto le sirve para sus argumentaciones privadas con la diplomacia estadunidense, pero públicamente tiene que desarrollar una estrategia pública.

Si Trump tiene el respaldo político o diplomático para hacer la reclasificación –se requiere el dictamen del Departamento de Estado, del de Justicia y del Tesoro– en este momento, es irrelevante. El proceso, después del primer análisis jurídico y financiero que se tiene que hacer, demora únicamente siete días, y aún si no lo tuviera, el Gobierno de Estados Unidos tiene enormes recursos políticos para llevar a cabo los objetivos que busca.

En 1990, mercenarios contratados por la DEA, secuestraron al doctor Humberto Álvarez Machain de su consultorio en Guadalajara, y se lo entregaron a la DEA en El Paso, para que lo juzgaran como cómplice en el asesinato de su agente, Enrique Camarena Salazar en 1995. El Gobierno mexicano, confrontado con Estados Unidos, ni se enteró. Tres años después, la Suprema Corte de Justicia de esa nación, dictaminó que las leyes de su país tenían extraterritorialidad. El Acta Patriota de 2001, tras los atentados terroristas en 2001, otorgó facultades excepcionales al Ejecutivo de EU, como nunca las habían tenido, incluso en tiempos de guerra.

La definición clásica de terrorismo es el uso de violencia e intimidación, principalmente contra civiles, con fines políticos. La definición que tiene el Departamento de Estado es más general: es toda organización que amenaza a los ciudadanos de Estados Unidos o atenta contra la seguridad nacional de ese país. Bajo esta definición, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, serían terroristas. Además, el cártel de Sinaloa –cuando el CJNG aún no se escindía de él– tenía relación con las FARC, la narcoguerrilla colombiana que fue designada como “terrorista”. Las dos organizaciones criminales tienen características asociadas con el terrorismo, como el control total de ciertas zonas del país –que lleva a un estado fallido– utilizan tácticas terroristas y tienen redes clandestinas utilizadas también por terroristas.

Por ello, en el contexto político actual en el que se encuentra Trump, se tiene que actuar rápidamente. El Gobierno debe tratar el petate del muerto de Trump como una amenaza real, para lograr que sea eso, un lance que no lo llevará a ningún lado. Política y diplomáticamente, debe proceder con celeridad en los campos público y privado para evitar, por un lado, que se contamine la difícil discusión para la ratificación del acuerdo comercial norteamericano, y por el otro, para acotar a un presidente que está herido, por el juicio político.

No hay nada más peligroso a una persona que lucha por su sobrevivencia, que aquella que, además, actúa con aparente irracionalidad y sin importarle el daño colateral que puede hacer a cualquiera, con tal de alcanzar sus metas. Trump quiere reelegirse presidente, y el tema del narcotráfico le ha sido electoralmente útil. En este tema, México ha sido su piñata, y si no se le frena, lo será durante todo el próximo año, afectando imagen, inversiones, la economía y la estabilidad. Eso no se puede permitir. Tampoco, la pusilanimidad que han tenido hasta ahora.

27 Noviembre 2019 04:07:00
Lo que costó no pagar
Desde hace casi 60 años, la vida de la familia Alemán se mide públicamente en dígitos. Forma parte de una leyenda construida sobre realidades desde que Miguel Alemán Valdés asumió la Presidencia en 1946. Alemán Valdés, un cachorro de la Revolución y el primer mandatario sofisticado, cultivado y técnicamente entrenado para dirigir, transformó a México y lo industrializó, pero siempre obteniendo una pequeña parte de todo para ir amasando su fortuna.

Impulsó la minería y se quedó con parte del negocio; abrió las transmisiones de televisión y se quedó con un paquete de acciones de Telesistema Mexicano, hoy Televisa; impulsó el turismo y se quedó con propiedades en Acapulco, que él construyó, y donde desde los primeros días en Los Pinos empezó a comprar terrenos que hoy valen millones de dólares. El turismo y el negocio de los bienes raíces fue lo suyo durante y después de la Presidencia.

Compró a precio de remate lo que hoy es Ciudad Satélite, urbanizó terrenos en Cuernavaca, en una parte del Bosque de Chapultepec y ganó millones al fraccionar Polanco.

En un amplio reportaje en The New York Times publicado en 1978 por su legendario corresponsal Alan Riding, sobre la reducida pero opulenta aristocracia mexicana, escribió: “Aunque algunas personas han sido vastamente exitosas a través de la Iniciativa Privada, el camino más rápido a la riqueza en este siglo ha sido la política. Algunos de los generales victoriosos de la Revolución fueron capaces de fundar imperios empresariales en los 20 y aún sobreviven, pero la mayor parte de las fortunas políticas se hicieron desde el Gobierno de Miguel Alemán Valdés, que fue Presidente de 1946 a 1952, y quien es uno de los mexicanos más ricos”.

Ryan Alexander, en una tesis doctoral en la Universidad de Arizona en 2011, intitulada Los Hijos Afortunados de la Revolución Mexicana: Miguel Alemán y su Generación, 1920-1952, lo describe en un pasaje de su trabajo: “Ya fuera como anfitrión de presidentes de Estados Unidos en su propiedad en Acapulco, cenando con la realeza británica, navegando en su yate con Frank Sinatra o permitiéndose los más elegantes alojamientos en París o Venecia con su amante y séquito. El expresidente, como impulsor del turismo, como un socialité elegante, prominente empresario y eventualmente un viejo estadista, permaneció como una importante figura política por décadas, y construyó su leyenda en importantes maneras”.

Durante décadas, el apellido Alemán fue sinónimo de riqueza, pero nunca como ahora, sus fortunas habían quedado expuestas desde las historias del patriarca de la familia, como ahora, cuando su nieto, Miguel Alemán Magnani, empezó una guerra con Televisa para ganar espacios políticos –no hay otra explicación lógica– y eventualmente evitar penalidades económicas millonarias tras el incumplimiento del contrato de compraventa de Radiópolis y de la pena convencional adherente a él.

El embargo que le dictó un juzgado civil de la Ciudad de México, al igual que a su empresa, Corporativo Coral, abre una gran puerta en la documentación legal para conocer lo que él, no el resto de su familia, posee. El embargo, que incluyó su casa en Bosques de las Lomas, también abarcó, como se conoce, la empresa que es propietaria de Interjet –donde su hermana es socia importante– y su centro de mantenimiento en el aeropuerto de Toluca, y una cadena de propiedades en todo el país.

Si Alemán Magnani no tiene líquido, su fortaleza económica está en las propiedades inmobiliarias.

De acuerdo con los documentos, es dueño de propiedades cuya superficie rebasan los 16 millones de metros cuadrados. Entre los urbanos se encuentra Antara Polanco, uno de los centros comerciales con mayor plusvalía en toda América Latina y Satélite Apolo, una plaza comercial contigua a Plaza Satélite. En Acapulco es propietario de Comercial Guitarrón, que tiene centros comerciales y restaurantes, así como de dos plazas, Marbella y La Vista. En la Paz, Baja California Sur, cuenta con dos bodegas y en Cozumel, Quintana Roo, con un terreno también listo para ser comercializado, de más de 80 mil metros cuadrados.

Sin haber sido aún comercializados o fraccionados, Alemán Magnani mostró en los juzgados la propiedad de dos inmobiliarias en Acapulco que tienen 170 mil metros cuadrados, totalmente urbanizados, que se encuentran en la punta de esa zona, entre Puerto Marqués y la playa de Revolcadero. En la misma zona, pero sin servicios ni accesos, cuenta con dos terrenos de 150 mil metros cuadrados, en la zona de Puerto Marqués. Nada, sin embargo, como los casi 15 millones de metros cuadrados que tiene en Bahía Balandro, Baja California Sur, una belleza en el canal de San Lorenzo, al norte de La Paz, que es una zona natural protegida, por lo que el empresario está inmerso en un proceso relacionado con invasiones y traslapes de límites territoriales.

Ni el embargo, ni las propiedades mostradas en juzgados, incluyen las propiedades que tiene Alemán Magnani, o su familia, en el extranjero, como sus casas en Nueva York, Los Ángeles, Breckenridge –un poblado en la zona de Vail y Aspen en Colorado, pero más exclusivo y hermoso que esos famosos destinos turísticos– y París. En los documentos no se detalla el valor total de las propiedades que sí forman parte del caso, que quizás sólo conozcan con amplitud sus financieros y la familia.

Desnudar las finanzas de los Alemán es volver a ubicar en el imaginario colectivo la historia negra de lo que fue su abuelo, resultado directo de haberse embarcado en una aventura empresarial en donde, parece hoy claro, no tenía el dinero para concretarla ni para cancelarla.


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