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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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26 Enero 2021 04:04:00
Asignatura pendiente
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Antes de la alternancia en el Poder Ejecutivo federal también existía corrupción en los estados, pero el Presidente la regulaba. Los gobernadores ajenos a su círculo sabían a qué atenerse si rompían las reglas. Quienes cayeron en desgracia no fue por delinquir, sino por escarmiento o venganza política. Luis Echeverría reformó la Constitución de Sonora para permitirle a Carlos Armando Biebrich ser elegido a los 34 años; a los 36 lo defenestró. Ese mismo año (1975), ordenó al Congreso federal desaparecer los poderes de Guerrero (la gubernatura la ocupaba Israel Nogueda Otero). Óscar Flores Tapia renunció al Gobierno de Coahuila en 1982 tras una campaña mediática orquestada desde Los Pinos, cuyo inquilino era José López Portillo.

La alternancia PRI-PAN terminó con la costumbre de nombrar gobernadores desde el centro. El uso tenía ventajas, pues los candidatos se formaban en el gabinete, adquirían experiencia en el Congreso, se relacionaban con los poderes fácticos y regresaban a su tierra fogueados, con historias de éxitos y fracasos. Las decisiones locales, sin embargo, en vez de democratizar a los estados y hacer efectiva la separación de poderes, generaron cacicazgos y mayor corrupción. Los órganos legislativo y judicial, así como de entes supuestamente autónomos, se sometieron aún más a los gobernadores. Revertir esa situación es una de las asignaturas pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Permitir a los gobernadores -jefes reales de sus respectivos partidos, antes lo era el Presidente- nombrar sucesor, empeoró las cosas. La relación con los cárteles de la droga, antes exclusiva de la Federación, se dispersó. Las autoridades estatales empezaron a negociar territorios y plazas con la delincuencia organizada, y la violencia se extendió por todo el país. La decisión del presidente Felipe Calderón de asignar tareas de seguridad al Ejército obedeció a la corrupción de las policías federales y locales. Quiso afrontar al narcotráfico y a los gobernadores pero, sin mayoría en los estados ni en el Congreso, el empeño fracasó y devino en baño de sangre. Perdió la partida por las malas.

Ya sin la espada presidencial sobre sus cabezas, los gobernadores dieron rienda suelta a su talante autoritario, antidemocrático y feudal. En Estado de México, Arturo Montiel heredó el cargo a su sobrino Enrique Peña Nieto, quien lo absolvió de los delitos de corrupción documentados por la oposición; en Nuevo León, Natividad González impuso a Rodrigo Medina para que no lo investigara; en Tamaulipas, Tomás Yarrington nombró a un cómplice: Eugenio Hernández; en Veracruz, Fidel Herrera se decantó por un corrupto de su talla: Javier Duarte. Pero ninguno llegó al extremo de nombrar a un hermano como ocurrió en Coahuila. Rubén Moreira sucedió a Humberto para cubrirle las espaldas por la megadeuda de 40 mil millones de pesos con bancos y proveedores y otros atropellos. Rubén también dejó un rastro de corrupción (encubrimiento, empresas fantasma, hospitales sin terminar).

La Cuarta Transformación ha encontrado resistencia en los estados, no solo por los recortes presupuestarios, sino también por el riesgo de cancelar privilegios y control político y económico. La Alianza Federalista es una de esas expresiones. El cambio de régimen propuesto por el presidente López Obrador estará incompleto si no reforma las estructuras de poder en las entidades, donde los gobernadores todavía son absolutos.
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