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Darío Celis
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26 Enero 2021 04:04:00
El Principito se queda sin balas
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Hoy es un día clave para Emilio Lozoya Austin. Si el juez de control del Reclusorio Norte imputa al exsenador panista Jorge Luis Lavalle los ilícitos que el exdirector de Pemex denunció, se abrirá la caja de Pandora.

El Gobierno de la 4T tendrá cancha libre para judicializar otros expedientes que involucran desde a Ricardo Anaya hasta Enrique Peña, pasando por cercanísimos colaboradores de este y varios exlegisladores.

Apunte a los ahora gobernadores blanquiazules Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente, implicados por Lozoya en el caso Odebrecht.

Al mismo cajón metió a Luis Videgaray, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño, David Penchyna, Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas.

La estrategia de la Fiscalía General de la República (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, es que el juez impute hoy a Lavalle el cargo de asociación delictuosa, con lo cual mete al redil al resto.

Son tres imputaciones las que la FGR espera del juez: cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, todo alrededor del caso Odebrecht que obra en las denuncias y expediente de Lozoya Austin.

“El Principito”, como le dicen, se acogió a un criterio de oportunidad presionado por su propio padre, Emilio Lozoya Thalmann, para negociar con la 4T su libertad, la de su madre, hermana y esposa.

Pero a Lozoya Austin le ha resultado muy cuesta arriba comprobar sus dichos, en buena medida porque sus dos principales testigos no se quisieron involucrar y se acogieron al principio de “no autoincriminación”.

Rodrigo Arteaga, su secretario particular, y Francisco Alascoaga, exjefe de departamento en Pemex, prefirieron callar antes de aceptar ratificar que entregaban a Rafael Caraveo maletas repletas de dinero.

Ya en México, y con el supuesto brazalete electrónico, Lozoya pudo salir de su arraigo domiciliario para encontrarse con ambos en una reunión que casi termina a golpes, porque no aceptaron seguirle el juego.

Fue entonces que Lozoya tuvo que presentar como testigo a Froylán Gracia, su amigo y principal operador, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, quien refrendó lo dicho por su jefe.

Sin embargo, el misil que Lozoya disparó se llama Rafael Caraveo. El exsecretario técnico de Lavalle en la Comisión de Administración del Senado, el que aparece en el video que “El Principito” entregó a los sabuesos de Gertz Manero como prueba y en el que se le ve recibiendo las maletas con el dinero que presuntamente Odebrecht pagó y se utilizó para comprar el voto de los legisladores a fin de aprobar la reforma energética de Peña Nieto. Caraveo se convirtió en el principal acusador y testigo en contra de Jorge Luis Lavalle y demás denunciados. Hay un hilo conductor que vincula a Caraveo con Lozoya. Se trata del abogado de este último, Miguel Ontiveros. El doctor en Derecho puso al abogado ni más ni menos que del propio Caraveo para trazar la ruta jurídica a fin de emboscar a Lavalle. Estamos hablando del joven penalista Luis David Coaña, especialista en litigio constitucional y derecho penal. Ontiveros es su mentor. Coaña trabajó como subdirector del Área de Atención a Víctimas del Delito de la Subprocuraduría de Derechos Humanos que presidía Ontiveros en la Procuraduría General de la República cuando la encabezaba Marisela Morales, en el Gobierno de Felipe Calderón. Para acogerse a algún tipo de inmunidad, Caraveo se allanó a Lozoya y a Ontiveros. El pasado 4 de septiembre Caraveo rindió su declaración con la asistencia de Coaña, curiosamente el mismo día que Lozoya amplió su propia declaración.

Por eso le digo que el quid va a estar en que el juez le impute hoy a Lavalle la asociación delictuosa. Si no lo hace y solo le acreditan el cohecho y lavado de dinero Lozoya estará en problemas porque sus testigos no le alcanzaron para que judicializaran al resto de los denunciados, que son los que Gertz Manero prometió a Andrés Manuel López Obrador traer a cuentas por corrupción. El fiscal y el exdirector de Pemex habrán quedado en ridículo y Lozoya perdería el criterio de oportunidad, y con ello la libertad porque es un delincuente confeso. Este expediente no está exento de fuego amigo al interior de la propia 4T. Hay grupos que quieren ver fracasar en este circo de tres pistas al Fiscal General de la República. Pero esa ya es otra historia.

LA RAZÓN POR la cual la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa tan baja a los siete bancos y 11 traders a los que encontró responsables de erigirse en cártel para manipular tasas de interés en la compra venta de valores gubernamentales, fue que la sanción se fijó con base en la anterior Ley de Competencia, que era más laxa que la actual. Hágame el favor. Otro dato que tampoco checa es el periodo investigado, de 2010 a 2013, en el que se encontraron 142 prácticas irregulares. Y es que la instancia que preside Alejandra Palacios se supone que revisó chats, correos electrónicos y llamadas desde el 2006. De hecho los años en que operadores y bancos se despacharon con la cuchara grande fueron entre 2007 y 2011. Y encima de la ridícula sanción, 3.6 millones de pesos para el BBVA y 623 mil pesos para Santander, los bancos que dirigen Eduardo Osuna y Héctor Grisi ya dejaron ver que se irán a pelear con la Cofece a tribunales. Solo falta un “usted disculpe”.

PUES CON LA novedad de que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de nombrar como presidente de la Comisión Reguladora de Energía de aquel país a Richard Glick. Se trata de un exvicepresidente de Iberdrola, el gigante español al que la 4T le regatea nuevas inversiones y proyectos eólicos para seguir beneficiando a la CFE, que dirige Manuel Bartlett. Glick era el jefe de asuntos gubernamentales de Energía PMM, la división precisamente de energías renovables del principal generador privado de México y que preside a nivel mundial José Ignacio Sánchez Galán. No pierda de vista el papel de este funcionario frente a México.

GRANJAS CARROLL DE México, que dirige Víctor Ochoa, acaba de recibir el certificado ISO14001:2015 de la American Trust Register como reconocimiento a los procesos de cuidado ambiental con estándares internacionales en su planta procesadora de carne de cerdo ubicada en Puebla, considerada la más sustentable de México y América Latina. Tiene una capacidad instalada de 600 cerdos por hora con la que atiende a México, Estados Unidos, Canadá y Japón. El certificado avala plantas tratadoras de aguas residuales, de agua potable, mantenimiento del conjunto de instalaciones de producción y servicios.
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